El Ayuntamiento de Barcelona dice ahora que revisará las expropiaciones de Gràcia

El concejal del distrito asegura durante una audiencia pública que no se ejecutarán los derribos de viviendas y empresas previstos en el nuevo plan urbanístico

Viviendas de la calle de Igualada de Barcelona que el plan urbanístico de Gràcia prevé expropiar.
Viviendas de la calle de Igualada de Barcelona que el plan urbanístico de Gràcia prevé expropiar.Carles Ribas

El Ayuntamiento de Barcelona revisará las expropiaciones previstas por el plan urbanístico que se está tramitando en el barrio de Gràcia con una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM). El plan prevé la expropiación y derribo de decenas de viviendas y negocios para construir zonas verdes y vivienda protegida. Pero ante el revuelo que el plan ha provocado entre los afectados, el Consistorio ha respondido con dos novedades: la revisión de las afectaciones del plan urbanístico, y el compromiso de que (sin entrar en fechas) las expropiaciones no se ejecutarán.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, aseguró este miércoles a este diario: “Revisaremos las expropiaciones con la idea de afectar lo mínimo indispensable para hacer compatible la necesidad de tener espacios verdes, con la de crecer en vivienda”. Sanz insistió en poner el acento en que el plan contempla muchas desafectaciones de viviendas, pero se abrió a revisar las que se mantienen y figuran en los planes de expropiación. La concejal fue menos explícita con las afectaciones que tienen las fincas con actividad económica, entre las que figuran talleres, garajes, despachos, una librería, laboratorios farmacéuticos, o un local con espacios para cursos.

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La no ejecución de las expropiaciones la anunció el concejal del distrito, Eloi Badia, en la audiencia pública de Gràcia del martes. La MPGM se llevó buena parte del protagonismo del encuentro en el que los vecinos preguntan a los políticos. Varios propietarios de vivienda o fincas donde hay actividades económicas y figuran en las fichas de las “actuaciones de expropiación” del plan, tomaron la palabra para preguntar.

El concejal y también la gerente, Pilar Miràs, repitieron varias veces que las expropiaciones no se ejecutarán. “Este Gobierno de Gràcia no tiene ninguna voluntad de ejecutar una serie de afectaciones”, aseguró Badia, que añadió: “Otra cosa es que en un momento determinado, por circunstancias de la vida se pudiera ejecutar se ejecutaría. Sino, no pasa nada”, matizó. Las expropiaciones del plan no están cuantificadas, pero teniendo en cuenta el mercado, no serían baratas.

”La MPGM en ningún momento inicia ningún proceso expropiatorio”, añadió Miràs que admitió: “Me dirán que hay un plan de etapas: sí, pero no quiere decir que se inicie”. El plan incluye fija dos “sexenios” para ejecutar las expropiaciones: los primeros seis años, y los siguientes. Algunos de los afectados ya tienen calificación de zona verde, pero otros no y la mera aprobación del plan les supone una recalificación a la baja.

La audiencia subió de tono cuando el concejal Badia respondió, a preguntas de la propietaria de una casa de la calle de Banyoles, que su situación no cambiaba. Otra afectada intervino para dejar claro que sí: “Para los que estábamos en transformación a zona verde, si se aprueba el plan la finca pasa a zona verde y es evidente que tiene impacto”. La misma propietaria alerta: “Sobre la afirmación de que no se harán expropiaciones: en la documentación se habla de expropiaciones y de calendarización de su ejecución, un primer y un segundo sexenio. Otra cosa es que se inicien, pero el plan las prevé”.

Otro propietario de dos casas que están alquiladas en la calle de Igualada se muestra indignado con las palabras de Badia: “Es una tomadura de pelo, es un tema político. Primero se engañó a la gente y ahora les dicen lo que quieren escuchar pero mantienen las manos abiertas para hacer lo que quieran”, considera.

Durante la audiencia pública, el concejal del Ayuntamiento insinuó que en algunas de las expropiaciones previstas en fincas afectadas pueden dar marcha atrás, y se refirió al edificio de la calle de Frígola, cuyos vecinos son los que más ruido han hecho, con recogida de firmas, pancartas y la creación de una plataforma. “Algunas personas en este periodo nos han pedido ser desafectadas y estamos analizando, en la Frígola puede tener sentido, como otras desafectaciones”, dijo Badia.

Fuentes jurídicas aseguran a este diario que para que los propietarios tengan la tranquilidad de que no se les expropiará, no basta con no ejecutarla (porque muchos lo están), sino que habría que desafectarles. Pero otras fuentes expertas en urbanismo y muy próximas a la redacción del plan aseguran que una MPGM como la de Gràcia debe contemplar expropiaciones para ganar espacios abiertos al tiempo que se permite construir nueva vivienda.

55 alegaciones a estudiar y las respuestas, en otoño

La MPMG de Gràcia, aprobada inicialmente en febrero, ha recibido 55 alegaciones. “Muchas”, según el concejal Eloi Badia. Pocas en comparación con otros planes, según la gerente del distrito. En cualquier caso, la respuesta va para largo. Otoño, indican fuentes de urbanismo, cuyos técnicos y el equipo redactor del plan (el despacho Jornet, Llop, Pastor) se reúne los miércoles para estudiar las alegaciones. Las hay de varias procedencias: propietarios afectados por el plan, de entidades, de partidos de la oposición en el Ayuntamiento, y también de patronales, como APCE (la de los promotores).

Badia respondió durante la audiencia pública que cómo quede definitivamente la MPGM dependerá del criterio de los técnicos, de la escucha a los vecinos y también de la negociación con la oposición, cuyos votos necesita el gobierno de la alcaldesa Ada Colau para aprobarlo definitivamente en el pleno.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, insiste una y otra vez en poner en valor que el plan desafecta muchas viviendas y reduce en 12.000 metros cuadrados la superficie de afectaciones viarias. “Las viviendas afectadas antes del plan eran 210 y se mantienen solo 42”, destaca. En la documentación del plan, basada en el catastro, aparecían 68, pero tras estudiar la situación real, resultan 42, explican en el área.

Sanz asegura que estudiarán las alegaciones, pero que “un territorio que solo tiene un 40% de espacio público y equipamientos requiere acupuntura para compensar”. “Estamos mirando cómo mejorarlo y afectar lo mínimo indispensable, vamos alineados con el distrito”, recalca.

Sobre la firma

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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