Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

4.000 millones de dólares y un suicidio

Un gesto de Cristiano Ronaldo hace perder una fortuna a Coca-Cola, pero una democracia no puede <CJ4>dotarse de herramientas contra la situación de un ciudadano que acabó con su vida al ser desahuciado

Manifestación en solidaridad con Segundo Fuentes, el hombre de 58 años que se suicidó en el barrio de Sants antes de ser desahuciado.
Manifestación en solidaridad con Segundo Fuentes, el hombre de 58 años que se suicidó en el barrio de Sants antes de ser desahuciado.

El gesto de Cristiano Ronaldo de apartar dos botellas de Coca-Cola durante una rueda de prensa de la Eurocopa pudo ser la causa de que la compañía perdiera en su particular lunes negro en Wall Street la friolera de 4.000 millones de dólares. Un simple movimiento —cambiar los refrescos por un botellín de agua sin etiqueta— evidenció la fragilidad de esos mercados, aunque algunos les confieran tanta infalibilidad como Pío IX al papado después de promulgar su Pastor Aeternus . No deja de ser paradójico que la acción de un influencer sea capaz de revertir una tendencia, mientras las maltrechas instituciones de las sociedades democráticas se muestran inoperantes a la hora de tomar medidas para prevenir las amenazas a la colectividad.

Es una clara expresión de la modernidad líquida en que vivimos. Según Zygmunt Bauman, nuestras sociedades son más libres que nunca, pero más impotentes que en ningún otro momento de la historia para cambiar las cosas. Justamente el mismo día en que Cristiano Ronaldo hacía ese juego de manos en desdoro de la multinacional, Segundo F., de 58 años, se arrojaba por la ventana de su tercer piso en el barcelonés barrio de Sants. La periodista Rebeca Carranco avanzó la noticia en este diario. Segundo vivía solo, llevaba tres años sin trabajo y gracias a Cáritas envió su currículum para pedir empleo en ocho ocasiones, entre febrero y noviembre del año pasado, con resultado negativo. A pesar de la incontestable evidencia, la documentación aportada, según la magistrada Nieves Osuna, “no acreditaba la pérdida sustancial de ingresos”. Su abogada persiguió los informes que precisaba la justicia. Segundo era un hombre anímicamente hundido que no contestaba muchas veces al teléfono. A buen seguro se sentía, tras su prolongada situación de paro, derrotado por la vida. Ni siquiera respondió a la petición de autorizar el trámite para que sus datos personales llegaran a los servicios sociales. No acudió al amparo municipal hasta que Cáritas lo presionó. El Ayuntamiento de Barcelona envió sus informes de vulnerabilidad al juzgado en abril. Pero fue en vano. Es difícil salir a flote cuando durante años han ido cargándote los bolsillos de plomo. En esa vaporosa y voluble modernidad líquida en que vivimos son más importantes los gestos que las razones.

Su historia es pues la de una víctima más del paro, la precariedad y la lucha por la supervivencia en una sociedad en la que llorar por los síntomas es más importantes que acabar con la enfermedad. El ciudadano que se quitó la vida el pasado lunes se suma a la lista de quienes en los últimos años decidieron suicidarse ante la inminencia de ser desahuciado. Jordi, en Cornellà; José Miguel, en Granada; Inocencia, en Castellón; José Antonio, de Baracaldo, o Juan, de L’Hospitalet, son algunos de ellos.

El ascenso de las fórmulas simplistas —singularmente de la derecha populista y la extrema derecha— encuentra terreno abonado en la dejación que hacen las sociedades a la hora de tomar el timón y enderezar el rumbo. La izquierda también naufraga en el intento y de forma chapucera, como demuestra el recurso del Gobierno central contra la ley catalana del alquiler ante el Tribunal Constitucional por “invasión de competencias”. El Ejecutivo lo anunció el mismo lunes 14, un día cargado de tintes negros en el que se cumplían exactamente tres años desde que Jordi se arrojara desde un décimo piso del bloque siete de la calle Camèlies de Cornellà de Llobregat ante su inminente desahucio por impago del alquiler.

Los suicidios son un síntoma. El problema es la enfermedad: la precariedad y la falta de perspectivas con la que muchas personas afrontan el día a día. Sin medidas estructurales, los ayuntamientos —la primera instancia de asistencia al ciudadano— se ven obligados a poner parches. Deberían ser los gobiernos los que desarrollaran políticas de vivienda, tomaran medidas para combatir el paro y lucharan por evitar el crecimiento y consolidación del precariado. De momento, tanto el Gobierno central como el de la Generalitat gesticulan con escasa repercusión en la vida real de la ciudadanía. El terreno es pues propicio a las fórmulas mágicas de una extrema derecha —cuarta fuerza política en Cataluña y tercera en España— que utiliza el abono de la demagogia como fórmula de crecimiento. Ese es el resultado cuando lo sólido deja paso a líquidos de baja densidad.

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