OPINIÓN
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Pobreza y cemento

El Gobierno y la Generalitat se ponen de acuerdo para ampliar El Prat pero no hay prisa por coordinar las prestaciones que deberían cubrir a 466.000 ciudadanos en situación de privación material severa

Jordi Puigneró Y Laura Vilagrà en una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat entre los gobiernos central y catalán.
Jordi Puigneró Y Laura Vilagrà en una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat entre los gobiernos central y catalán.Mariscal (EFE)

La vuelta de la política a las relaciones entre los gobiernos central y catalán permitía albergar razonables expectativas sobre cuáles iban a ser las prioridades en la negociación entre ambas partes. Tantos años de maximalismos a los dos lados de la mesa hacían pensar que ahora sí era el turno de las pequeñas cosas que facilitan la complicada vida del sector más castigado por la crisis económica, el desempleo y la pandemia. Hubiera sido una inyección para los entusiastas de la virtud teologal de la fe que una reunión entre Violant Cervera, consejera de Derechos Sociales, y el ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, José Luis Escrivá, hubiese coordinado y agilizado las dos prestaciones destinadas al segmento social más baqueteado: el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

Tenía su lógica hacer ese razonamiento de entente entre el Ejecutivo más progresista de la historia y el Gobierno independentista que más dice preocuparse —en el “mientras tanto”— por las personas, ya que la medida hubiese permitido mitigar la situación de ese 26,3% de la población catalana que está en riesgo de pobreza o exclusión social o, por lo menos, a esos 466.000 ciudadanos que se hallan en situación de privación material severa, según datos de la Generalitat correspondientes a 2020. Sin embargo, no fue así. En su lugar el vicepresidente Jordi Puigneró y la ministra de Fomento, Raquel Sánchez desencallaron en una reunión paralela a la de comisión mixta bilateral la ampliación del aeropuerto de El Prat. Hay que poner en hora las infraestructuras, piensan ambos ejecutivos, que no están dispuestos a despreciar la posibilidad de invertir 1.700 millones de euros. Queda por ver, claro, si la UE va a dar luz verde a un proyecto que amenaza más que seriamente una de las zonas protegidas por la red Natura 2.000. Tras años de noria procesista, muchos optimistas han dado la bienvenida a la política de las cosas, pero el combate contra la pobreza no ha sido competidor para el todopoderoso cemento.

Los pobres están ahí como parte del paisaje, pero no parecen preocupar a menos que hagan suficiente ruido

Las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) en una declaración previa a la esperada reunión del 2 de agosto exigían que se coordinara la actuación de ambos ejecutivos, se traspasara a la Generalitat la gestión del Ingreso Mínimo Vital y se creara una ventanilla única para combatir la precariedad. En Cataluña, la Renta Garantizada de Ciudadanía —un derecho subjetivo y no sujeto teóricamente a vaivenes presupuestarios— alcanza a algo más del 30% de la población en pobreza severa. El Ingreso Mínimo Vital, según datos del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no va mucho mejor pues alcanza a un 11% de los peticionarios de la prestación. Ambas administraciones ponen todo tipo de trabas burocráticas a la hora de conceder estas ayudas, mientras con la pandemia los hogares en situación de privación material severa han pasado del 5,7% al 6,2% en Cataluña, cifra que en el conjunto de España se eleva al 7%. Uno de los paradigmas del despropósito burocrático lo constituye el caso de Daniel Cedrún, a quien el Juzgado de lo Social número 28 reconoció el derecho a cobrar la totalidad de la IMV, pero hoy sigue percibiendo 261,53 euros mensuales. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) decidió llevar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la sentencia del pasado mes de mayo, en un celo por el dinero público tan encomiable como inexistente cuando se trata de recuperar el aporte ciudadano al rescate bancario.

Nunca es el momento adecuado —ni en crecimiento ni en crisis— para acometer reformas de calado

La comisión promotora que consiguió en Cataluña que la Renta Garantizada de Ciudadanía se convirtiera en ley lleva meses tratando de coordinar ambas prestaciones, armonizar las condiciones más favorables de concesión y que sea la Generalitat quien las gestione. El decreto ley permite ese traspaso, pero el Gobierno central parece dispuesto a mantenerlo como baza política negociadora, mientras la IMV sigue su trámite en ponencia para convertirse en ley en el Congreso de los Diputados. Y es que los pobres están ahí como parte del paisaje, pero no parecen preocupar mucho a menos que hagan suficiente ruido para que sea audible desde los despachos.

Sumidos en cálculos políticos electorales y entregados al coyunturalismo, celebramos el éxito de que se reduzca el desempleo y crezca un 4,1% el PIB catalán durante el segundo trimestre de este año, pero no damos importancia a que nueve de cada diez nuevos contratos sean temporales. Nunca es el momento adecuado —ni en crecimiento ni en crisis— para acometer reformas de calado. Montaigne dejó escrito hace más de 400 años que se nos enseña a vivir cuando ya ha transcurrido la vida y por ello es fácil que cien escolares hayan cogido la sífilis antes de llegar a la lección de Aristóteles sobre la templanza. Y no aprendemos.


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