La multa de 5.500 euros a un ganadero por electrocutar a 25 sapos enciende a los campesinos del Pirineo

Payeses de la comarca del Ripollès protagonizan una protesta con tractores porque se sienten incomprendidos por las administraciones

Albert Vilalta, el ganadero de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) sancionado.
Albert Vilalta, el ganadero de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) sancionado.©Toni Ferragut (EL PAÍS)

Los ganaderos de la comarca del Ripollès, en el Pirineo de Girona, han protagonizado este jueves una tractorada ante la Agencia de Desarrollo local de Ripoll. La gota que ha colmado el vaso de su malestar ha sido la multa de 5.500 euros impuesta a un ganadero de Sant Joan de les Abadesses por electrocutar accidentalmente, con un sistema de hilado eléctrico para las vacas, a 25 sapos de una especie protegida. El colectivo se siente menospreciado, exige respeto, reivindica su papel de cuidado del territorio y pide “normativas que se adapten al medio rural y se apliquen con sentido común”.

La sanción, impuesta por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat a raíz de un atestado de los Agentes Rurales, es la suma de 3.000 euros por vulnerar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y 100 euros por sapo fallecido. Se puede recurrir.

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De “desproporcionada” y “arbitraria” ha tachado el sindicato Unió de Pagesos la multa, cuestionando al departamento por “decidir cómo y cuándo” deben trabajar los campesinos “desde despachos” lejos de la realidad del campo. En el malestar está también muy presente la compleja convivencia entre los campesinos y los visitantes que en verano invaden la comarca. “El incivismo es cada vez mayor, el desconocimiento de la sociedad respeto a los campesinos es abismal, así como la falta de respeto a la propiedad privada o pensar que la montaña es de todos”, han clamado en el manifiesto leído durante la protesta.

Los ganaderos están hartos de visitantes que aparcan en sus campos, ciclistas que cruzan sus propiedades (pese a señalizar caminos alternativos); de perros que se acercan tanto al ganado en fincas privadas y valladas como a caballos en alta montaña dentro del parque natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, donde es obligatorio llevar a los canes atados. Ha habido denuncias contra propietarios porque un animal ha abollado la chapa de un coche aparcado por turistas en un campo; o por ralladuras en la carrocería hechas por las vallas de retorno en caminos forestales. Ante cualquier accidente, quien debe responder es el ganadero, recuerdan. Y como ejemplo citan un ciclista que se rompió un hombro al chocar contra una valla u otro que al caer se partió un diente. En ambos casos los propietarios tuvieron que pagar.

Albert Vilalta es el ganadero multado. “¿Alguien piensa que puse las cintas eléctricas para matar sapos? Las puse [en un camino de acceso] para evitar que las vacas entren a la carretera general”, defiende indignado. “Parece que molestemos y así no podemos aguantar, el sector de la leche, las ovejas y la carne se hunde. A partir del jueves no podemos tirar purines porque vienen los turistas y huele mal; el ruido de los cencerros molesta. Pero en Barcelona frenan los coches ante los semáforos cada dos minutos y no pasa nada”.

Si Vilalta puso las cintas eléctricas a ras de suelo fue porque el vecino del cerco olvidaba cerrar la manita del vallado, cuenta. Y si las puso a ras de suelo, fue para evitar que algún ciclista se accidentara, relata. Los pasos canadienses cuestan no menos de 5.000 euros (entre el modelo homologado y el trabajo de hormigonado para enterrarlo) “y hay pocas ayudas”. Las vallas de retorno provocan quejas de los coches.

Todo empezó cuando en abril pasado el Centro de Educación Ambiental del Alt Ter descubrió la existencia de sapos muertos y avisó a los agentes rurales. El cuerpo avisó a Vilalta, que optó por pedir al vecino que desconectara la electricidad de noche (cuando los sapos se mueven más), pero es muy mayor y se olvidó, explica. El ganadero, que tiene 100 vacas, cuenta además que solo utiliza el campo durante dos meses, en primavera, antes de que los animales suban a los pastos de alta montaña. Un mes más tarde la entidad local pasó por el mismo lugar y volvió a avisar a los forestales, además de subir a Instagram una imagen de los sapos enganchados y muertos, lo que causó un gran revuelo y debate en la misma red. “Pintan bastos, los payeses también estamos en peligro de extinción, como las especies protegidas”, lamenta el ganadero Vilalta.

Desde Unió de Pagesos, la responsable de Medio Natural, Raquel Serrat, tacha de “excesiva” la multa. “No cuestionamos si jurídicamente es correcta, pero es desproporcionada y se ha hecho un abuso de poder”. “Estamos cansados de que se nos acuse de todo, estamos perseguidos, juzgados y criminalizados”, suspira y advierte de que el Ripollès “es una comarca turística, una fuente de ingresos temporal y basada en el ocio, pero quienes vivimos aquí todo el año, producimos alimentos y gestionamos el territorio somos nosotros”.

“No hacemos las cosas mal, si se valló el campo es porque a 150 metros está la carretera general, imagínate que una vaca provoca un accidente”, apunta. Y lamenta la “desconexión enorme de la ciudad con el campo”. “Igual también tenemos responsabilidad, pero la montaña no es un parque temático, no se respeta la propiedad privada y los visitantes entran a cualquier lado”.

Serrat también destaca el impacto de la organización de departamentos del nuevo Govern: antes había Agricultura por un lado y Medio Ambiente por el otro. Y ahora el departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural engloba las dos carteras: “La consejería afronta ahora la contradicción de defender a los campesinos y los ambientalistas”, dice, y pide “que se coordinen mejor, que decidan si están para defender a los ganaderos o a los sapos”.

Fuentes del cuerpo de agentes rurales (que depende de Interior) indican que el 15 de abril recibieron un aviso ciudadano e inspeccionaron la instalación del hilado eléctrico a ras de suelo en un camino de acceso. Que advirtieron al responsable de la instalación que debía modificarla y que sugirieron levantarla o poner un cierre abatible. En una segunda inspección el 31 de mayo se comprobó que no se había modificado y se denunció la muerte de los 25 sapos “de la especie bufo-bufo, protegida”. La denuncia se remitió a Acción Climática, que fue quien abrió el expediente.

Xavi Bachero, de la entidad de educación ambiental Alt Ter, explica que comunicaron el caso a las autoridades competentes “como ocurre en cualquier agresión al medio”. “El problema fue que un mes después pasamos por el mismo lugar y volvía a haber sapos muertos, muchos más que 25”, explica. “Es un tema de fauna, la mayoría de ganaderos actúan correctamente. La clave es cómo convive la actividad agraria y ganadera con el disfrute del medio natural, que todo el mundo tome conciencia”, resume sobre el conflicto.

Sobre la firma

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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