77 ayuntamientos de Cataluña piden regular el precio del alquiler cinco años más

Badalona, gobernada por el PP y que recurrió la ley catalana, también la seguirá aplicando

Anuncios de pisos en una inmobiliaria de Barcelona.
Anuncios de pisos en una inmobiliaria de Barcelona.EL PAÍS

Este miércoles se cumple un año de la entrada en vigor en Cataluña de la ley que regula el alquiler y que, de facto, no permite subidas de precio. La ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas. Los impulsores y partidarios del texto (con el Sindicato de Inquilinos al frente) aseguran que ha permitido moderar el precio del alquiler. Sus detractores, el sector inmobiliario y los grandes portales, niegan que haya impactado en los precios y alertan de una reducción drástica de la oferta de pisos.

Unos y otros coinciden, con todo, en que el contexto de este primer año de aplicación, a partir de la segunda ola de la pandemia del coronavirus y con la crisis económica que ha desencadenado, dificulta discernir qué efectos pueden atribuirse a la norma y cuáles al contexto de crisis global.

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Pero hay un dato relevante, subraya la Secretaría de Vivienda de la Generalitat. De los 61 municipios donde se comenzó a aplicar la nueva regulación (los de más de 20.000 habitantes, cinco millones en total), 55 han solicitado o ya han aprobado la declaración de área de mercado tenso de la vivienda, lo que les permitirá regular los precios cinco años más. En este listado están Barcelona, Girona Tarragona y Lleida, y las principales ciudades del área metropolitana. Además, 22 municipios que no estaban en la lista han pedido poder frenar las subidas (Cardedeu, La Garriga o Sant Sadurní d’Anoia, por citar algunos). En total, 77 ciudades. Y la lista no está cerrada.

Entre las poblaciones que han prorrogado la regulación algunas están gobernadas por partidos que votaron en contra de la Ley en el Parlament, como el PSC (L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad catalana) o el PP (Badalona, la cuarta en población). En el caso de Badalona es todavía más chocante, porque el partido del alcalde, Xavier García Albiol, recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional. Fuentes del Gobierno de la ciudad argumentan: “Aunque globalmente no compartimos la medida, la idiosincrasia concreta de algunos barrios de la ciudad comporta que temporalmente no se vea con malos ojos”.

“La cifra de Ayuntamientos es significativa. Pese al posicionamiento de sus partidos, detectan que algo había que hacer a nivel de rentas del alquiler”, valora el Secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala. En el listado de los 22 que piden la declaración de mercado tenso, hay 17 que no tienen índice de precios de referencia, la herramienta en la que se basa la Ley, porque los nuevos contratos no pueden superar este indicador. Sala precisa que estas poblaciones no tienen suficiente muestra para obtener un índice, pero plantea “a medio plazo, acciones para construirlo”.

Sobre la evolución de los precios, el secretario de Vivienda apunta que “para analizarlos con rigor habría que saber cuánto puede atribuirse a la pandemia, lo que es indestriable”. Los datos oficiales de enero a junio de este año (los últimos disponibles) comparados con los de 2020 indican una caída de las rentas del 2,7% en el conjunto de Cataluña y del 7,1% en Barcelona. Unos precios que habían iniciado un descenso a finales de 2019, antes de la pandemia y de la nueva ley. Los porcentajes que sí se han disparado, lógico por el parón total pandémico, son los contratos firmados de enero a junio: un 49% en toda Cataluña y un 66% en Barcelona.

La concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, celebró en el pleno del miércoles donde se prorrogó la norma que el mercado haya sufrido distorsiones (ni mercado negro, ni parálisis, ni retirada de la oferta, dijo) y en cambio aseguró que “el descenso de la renta familiar debido a la pandemia ha sido diez veces superior a la caída de los alquileres”.

Desde el Sindicato de Inquilinos, su portavoz, Jaime Palomera, cree que “el mejor aval a la ley” son los municipios que han pedido prorrogar la regulación y los nuevos que lo han pedido. “La Ley, además, ha dado tranquilidad a la gente: ahora saben que cuando se acaba el contrato no le podrán subir el precio”, celebra.

Desde la PAH, Lucía Delgado, constata que “en las situaciones más extremas la ley no ha atenuado” el fenómeno de los desahucios, que han continuado. “La contención de rentas es positiva, pero los precios deben bajar más”, defiende.

En la Cámara de la Propiedad, Oscar Gorgues aporta dos ideas: que la Ley no ha influido en los precios, “porque han bajado más en Madrid, donde no están regulados, que en Barcelona”, y que la norma “ha provocado la retirada de oferta del mercado”. Joan Company, presidente del consejo catalán de colegios de Agentes de Propiedad Inmobiliaria (API) cree que la caída de precios “tiene que ver con que el alquiler está muy vinculado a la evolución económica y al gasto corriente que las familias pueden asumir”, por lo que vincula las cifras a la pandemia. Y en el colegio de Barcelona, su director de relaciones institucionales, Juan José Aguilera, añade que la norma “tiene buena voluntad para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad”, pero critica que la contención “frena la inversión de nacionales y extranjeros que quieren comprar inmuebles y ponerlos en alquiler: les genera incertidumbre e indefensión, y reduce sus márgenes”.

También el portal inmobiliario Idealista, hizo hace unos días balance de un año de la 11/2020. “Impacto casi nulo en las bajadas de precio, que se ha reducido de forma similar en los grandes mercados” y “dramático recorte de la oferta”, aseguraron.

Una normativa pendiente del Tribunal Constitucional

La ley catalana de contención de rentas del alquiler fue recurrida por el Partido Popular y también por el Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional. El ejecutivo español, con todo, no pidió la suspensión cautelar de su vigencia, por lo que sigue funcionando hasta que el tribunal se pronuncie.

El PP la recurrió solo tres meses después de que la aprobara el Parlament con los votos de Junts, ERC, los comunes y la CUP. “Presentamos el recurso de inconstitucionalidad contra esa ley porque es un ataque a la propiedad privada, a los futuros arrendatarios y a los inquilinos”, dijo Pablo Casado entonces.

El recurso del Gobierno fue presentado en junio. En su caso, alegó cuestiones competenciales para hacerlo, como ya señaló el Consejo de Garantías Estatutarias en Cataluña. Lo que no pidió el ejecutivo fue medidas cautelares para suspender su vigencia, aunque hubiera podido. Uno de los motivos fue que también el Gobierno tiene previsto regular de alguna forma el alquiler.

Mientras, en Cataluña hay abiertos 385 expedientes por incumplimientos de la ley. Un tercio los han cursado los Ayuntamientos, otro tercio la Agencia de la Vivienda de la Generalitat y el tercio restante el departamento de Consumo. Con todo, solo se han tramitado 11 sanciones. Entre otras cuestiones, las denuncias son por cuestiones como no indicar el precio del índice oficial o del contrato anterior en los anuncios.

Sobre la firma

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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