La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se enfrentan por el dispositivo de los botellones

Colau pide la reapertura del ocio nocturno cuando los indicadores sanitarios son los mismos que en junio permitieron que retomara la actividad

Botellón en la playa de Barcelona durante la tercera noche de su fiesta mayor, el pasado fin de semana.
Botellón en la playa de Barcelona durante la tercera noche de su fiesta mayor, el pasado fin de semana.Joan Sanchez (EL PAÍS)

Las tres noches de botellones multitudinarios en Barcelona (dos de ellas con detenidos, heridos y destrozos en comercios y vehículos quemados), han trascendido a los hechos y han provocado rifirrafes políticos cruzados entre partidos y un choque institucional entre la Generalitat (gobernada por ERC y Junts) y el Ayuntamiento (comunes y socialistas). Si durante los tres días de puente en la capital catalana las dos administraciones habían coincidido sobre la colaboración entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana, el clima de entendimiento ha saltado este lunes por los aires: ahora las dos administraciones apuntan que el dispositivo era responsabilidad de la otra. El pim-pam-pum ha saltado además desde el Ayuntamiento (donde todos los partidos han criticado la gestión de Colau y han forzado un pleno extraordinario); al Parlament, donde PSC y comunes piden la comparecencia del consejero de interior.

El Gobierno de Barcelona insiste, además, en exigir a la Generalitat que permita reabrir el ocio nocturno. Los indicadores sanitarios han mejorado hasta situarse al nivel de junio pasado, cuando se permitió reiniciar la actividad al sector. La ciudad asume que con discotecas abiertas seguirá habiendo botellones, pero entienden que mejoraría la situación.

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El sábado y tras una situación nunca vista en un botellón en la ciudad, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió un dispositivo reforzado y extraordinario a la Generalitat. El argumento fue que el botellón del viernes había supuesto un “salto de escala, desde el incivismo a la delincuencia y vandalismo”. Este lunes, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respondido a la alcaldesa que “el dispositivo fue diseñado por la Guardia Urbana”, ha negado que faltaran agentes de Mossos y ha manifestado: “Cada uno debe asumir sus responsabilidades”. “La muestra ha sido que no hemos entrado en polémicas y cuando se han requerido más efectivos de los Mossos allí han estado”, ha zanjado Aragonès durante una entrevista en TVE. El partido de Aragonès, ERC, el principal en la oposición en el consistorio, está siendo muy duro con la gestión de Colau de los incidentes del fin de semana. Un portavoz del departamento de Interior destaca que los Mossos estuvieron dispuestos a colaborar “en todo momento” y que el dispositivo se reforzó cuando fue necesario.

Por parte del Ayuntamiento, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha sido conciliador y ha defendido que hubo una correcta coordinación técnica en el diseño de los dispositivos: “Hay perfecta sintonía entre direcciones operativas”. Pero al conocer las palabras del president, ha respondido durante una entrevista en la cadena SER: “El Ayuntamiento ha asumido sus responsabilidades”. “El diseño es conjunto, pero la policía integral del país, con competencias en todos los ámbitos de la seguridad, es el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana tiene una función de proximidad, atención ciudadana, multireincidencia, pequeños delitos”. El actual responsable político de la Seguridad en el consistorio barcelonés fue entre 2015 y 2017 director general de la policía autonómica. La alcaldesa ha señalado también su voluntad de “no entrar en polémicas”, pero ha repetido la idea de Batlle: “Los dispositivos se diseñan de forma conjunta con colaboración plena, pero Mossos es la policía de Cataluña con las competencias específicas en seguridad”.

Próximos fines de semana

En vistas al próximo fin de semana, Colau ha asegurado que las dos policías “trabajan de forma conjunta, estarán pendientes de convocatorias en las redes y si se detectan planificarán dispositivos conjuntos”. En cualquier caso, ha pedido un enfoque del botellón más “profundo”, porque “no es exclusivo de Barcelona” y requiere “la mirada global de todas las administraciones y desde el ámbito escolar, la mirada de la salud o social”.

Albert Batlle también ha atribuido cierto papel a “un problema de falta de autoridad democrática” a políticos independentistas con cargos institucionales. “El día que el presidente de la Generalitat [en referencia a Quim Torra] se pone unas zapatillas y se va a cortar una carretera, o cuando casi queman una comisaría en Vic y la presidenta del Parlament [Laura Borràs] se va a Lleida a ver al señor Hasel [el rapero Pablo Hasel]. La ecuación no es exacta, pero esto no es gratis y das una miagen que tiene las derivadas que tiene”.

La polémica a propósito de las últimas madrugadas se ha trasladado también al Parlament: el Partit dels Socialistes y En Comú Podem han registrado sendas peticiones para que comparezca el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y de explicaciones sobre los graves altercados durante los últimos días. Salvador Illa, líder del PSC, dijo este domingo en Gavà que algunos nunca están al pie del cañón cuando se trata de asuntos de orden público, informa Àngels Piñol.

Los sindicatos de Mossos d’Esquadra han lamentado el uso político de las fuerzas de seguridad. “Ha habido coordinación en todo momento, los agentes de uno y otro cuerpo no hacemos nada mal, hacemos lo que podemos. Las críticas ya son cosa de la política”, señala Albert Palacios, del sindicato USPAC, que considera que el dispositivo en Barcelona por la Mercè era suficiente, pero avisa de que los agentes no tienen recursos para afrontar la misma situación en otras localidades.

Mientras, Colau y Batlle han pedido a la Generalitat que reabra el ocio nocturno. “El ocio nocturno en todas sus formas posibles debe abrir lo antes posible”, ha afirmado la alcaldesa, asumiendo que no acabará con el botellón. Batlle ha empleado además el argumento de que a la mejora en los indicadores sanitarios se suma el elevado porcentaje de población vacunada.

La situación epidemiológica en Cataluña ha ido mejorando hasta alcanzar los mismos niveles que llevaron al Govern a anunciar el 16 de junio la apertura de todo el ocio nocturno, en exteriores y en espacios interiores. La presión hospitalaria, uno de los principales motivos de preocupación de la Generalitat para evitar la saturación del sistema sanitario, también ha mejorado hasta alcanzar los niveles previos a la quinta ola. El Departamento de Salut contabiliza este lunes 486 ingresados por covid (por los 501 de junio) y 166 críticos en la UCI (por los 162 de hace tres meses), unas cifras que consolidan la mejora de las últimas semanas. El riesgo de rebrote (EPG), índice que mide el potencial de crecimiento de la epidemia, es este lunes de 56 puntos, un riesgo moderado que no se daba desde julio del año pasado.

La posibilidad de reabrir todo el ocio nocturno, sin embargo, no se anuncia sencilla por el interés del Departamento de Salut en activar el certificado de vacunación. Los responsables sanitarios pretenden introducir medidas que eviten los brotes que se dieron en verano, pero las patronales avisan que su implementación requiere unos procedimientos que necesitan “tiempo”. “Lo que no se han hecho en 15 meses, no puede hacerse ahora en 10 días”, lamenta Joaquim Boadas, presidente de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm). El presidente federativo asegura que “hace meses que pedimos una modificación del plan sectorial y la territorialización de las medidas en función de los indicadores”, pero denuncia que “no se ha hecho nada”.

Además de la mejora epidemiológica, la vacunación colectiva ha avanzado respecto a hace tres meses. Los menores de 35 años aún no podían vacunarse a mediados de junio, mientras que ahora aproximadamente dos tercios de las personas de entre 16 y 39 años ya tienen la pauta completa de vacunación.

Por otra parte, 12 de los 22 detenidos en Barcelona la noche del sábado han salido en libertad con cargos acusados de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y daños.

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