El Parlament votará sobre la autodeterminación pese a las advertencias del Constitucional

La Cámara catalana someterá a votación un texto en el que se acusa al Gobierno de reprimir ilegalmente al independentismo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (derecha), y el vicepresidente, Jordi Puigneró, ayer en el parlamento de Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (derecha), y el vicepresidente, Jordi Puigneró, ayer en el parlamento de Cataluña.David Zorrakino (Europa Press)

El pleno del Parlamento de Cataluña tiene previsto votar este jueves dos resoluciones que instan a la Generalitat a buscar la celebración de un referéndum de independencia. La Mesa del Parlament aceptó este miércoles a trámite una propuesta de la CUP que reclama a la Generalitat que se comprometa a convocar una consulta de autodeterminación durante la presente legislatura, es decir, como muy tarde en 2025. La propuesta de los anticapitalistas difícilmente prosperará porque los partidos del Ejecutivo catalán, Esquerra Republicana (ERC) y Junts, son contrarios. Estos a su vez, proponen otra resolución alternativa que reclama un referéndum acordado con el Estado y en la que no establecen fechas.

La mera tramitación de la resolución de la CUP puede tener implicaciones legales. La Mesa del Parlamento ha pasado en los últimos años por varios calvarios judiciales derivados de aceptar la tramitación de resoluciones inconstitucionales. El expresidente de la Cámara Roger Torrent está siendo investigado por aceptar a trámite en 2019 una resolución de reprobación de Felipe VI y otra de apoyo a la autodeterminación. El texto propuesto por la CUP indica lo siguiente: “El Parlamento de Cataluña se compromete a llevar a cabo un referéndum de autodeterminación antes de que finalice la XIV legislatura y, por lo tanto, insta al Gobierno de la Generalitat a iniciar inmediatamente los debates y trabajos necesarios para garantizar su realización”. Aunque esta resolución difícilmente prosperará por la oposición del resto de grupos, el haber tramitado este redactado podría comportar un nuevo frente legal porque el redactado puede entenderse como una llamada a la unilateralidad. Tanto Vox como Ciudadanos ya anunciaron que si llegaba al pleno del parlamento, lo llevarían a la justicia.

La CUP también presentó una resolución que exige retirar de los edificios de la Generalitat cualquier distinción a Juan Carlos I y pide al Congreso que investigue los presuntos delitos del rey emérito. Por una cuestión formal, esta resolución no fue aceptada a trámite, aunque los anticapitalistas pueden reformularla la mañana del jueves para volver a presentarla.

El nacionalismo catalán se enzarzó en una nueva discusión a cuenta del hipotético referéndum de independencia. La CUP quería presionar a la Generalitat para que se comprometiera a celebrar una consulta de autodeterminación en esta legislatura. ERC y Junts han reaccionado proponiendo una resolución conjunta en la que evitan ponerse plazos en la negociación con el Gobierno central, y se conjuran para “explorar complicidades y la posible intervención de organismos europeos e internacionales para alcanzar un referéndum acordado”.

ERC y Junts propondrán para ser votadas otras resoluciones conjuntas críticas con el Gobierno. Acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al poder judicial de reprimir al independentismo con actuaciones ilegales. Los dos partidos proponen aprobar un redactado que dice: “El Parlamento de Cataluña denuncia la falta de imparcialidad de los diferentes poderes del Estado, y muy singularmente del Ejecutivo, pero también de los órganos del Gobierno del Poder Judicial, al no respetar mínimamente la presunción de inocencia de los líderes y seguidores del movimiento independentista”.

Las propuestas parlamentarias de ERC y Junts coinciden en el tiempo con las negociaciones en mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno para encontrar una solución a las demandas del independentismo. Los partidos de la coalición de poder en Cataluña también pedirán al parlamento autonómico que suscriba una resolución a favor Carles Puigdemont después de su detención en Italia la semana pasada. La resolución de apoyo al expresidente de la Generalitat asegura que “Puigdemont y el resto de exiliados” sufren “la vulneración permanente de derechos civiles y políticos y de derechos fundamentales por parte del Estado español”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Sobre la firma

Cristian Segura

Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario Avui en Berlín y posteriormente en Pekín. Es autor de tres libros de no ficción y de dos novelas. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS