Los operadores eólicos amenazan al Govern con demandas por 150 millones de pérdidas

La inseguridad jurídica por los devaneos normativos paraliza el despliegue de molinos y de huertos solares

Infraestructura eléctrica en el parque eólico de la sierra de El Tallat en Tarragona.
Infraestructura eléctrica en el parque eólico de la sierra de El Tallat en Tarragona.Josep Lluis sellart (EL PAÍS)

Las empresas eólicas acusan a la Generalitat de torpedear el despliegue de las energías alternativas en Cataluña. La patronal EolicCat ha escenificado este viernes en una rueda de prensa el sentimiento de incertidumbre que sufren los promotores de parques eólicos desde que, hace un mes, la Generalitat aprobara una modificación del decreto 16/2019, alegando que se pretendía “sentar las bases de un modelo energético propio distribuido, democrático y participado y con cohesión territorial”.

La revisión del decreto respondía a un clima de creciente animadversión hacia los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas, sobre todo en aquellas comarcas que sufren una fuerte concentración de esas instalaciones. Según EolicCat, bajo una redefinición del despliegue de renovables en Cataluña subyace una “inacción” de la administración catalana, que perjudica a los promotores que tenían proyectos en marcha.

Víctor Cusí, presidente de EolicCat, acusó directamente al Govern de provocar inseguridad jurídica: “Se han cambiado las reglas del juego, apenas dos años después del nuevo decreto, y tras diez años de paralización”. Cusí se refería a las expectativas que creó el decreto 16/2019, tras una década perdida para las alternativas en Cataluña. “El decreto atrajo inversores, pero los proyectos no se pueden desarrollar, han quedado parados”, lamentó Cusí. Eso ha conllevado “un perjuicio patrimonial a las empresas afectadas”, indica. EolicCat calcula que las pérdidas ascienden a 150 millones de euros y avanza que estudian demandar a la administración catalana por el daño que han causado los devaneos normativos.

Jaume Morron, gerente de EolicCat, lamentó que la situación actual es de “una dificultad enorme”, en referencia a que se está en tiempo de descuento para converger con los objetivos que plantea la ley catalana de transición energética y con los compromisos adquiridos por el Parlament. “A finales de 2030, Cataluña tiene que haber puesto en marcha 6000 megavatios (MW) fotovoltaicos y 4000 MW eólicos, para cumplir con la ley”, advirtió Morron. “Solo hay 419 MW en fase de exposición pública”, indicó. Sobre el papel, y atendiendo a lo comprometido por el Govern, en 2030, el 50% del consumo de electricidad debe provenir de origen renovable. La implantación de infraestructura eólica y fotovoltaica se presenta como la única alternativa posible para dejar de depender de las nucleares, una fuente que aporta más de la mitad de la electricidad de Cataluña, pero que tiene los días contados porque las plantas de Vandellós y Ascó alcanzan su fecha de caducidad entre 2030 y 2031.

La construcción de infraestructuras eólicas y fotovoltaicas ha chocado con la oposición de ayuntamientos, entidades vecinales, colectivos ecologistas y empresarios vinícolas y turísticos. Sobre todo en zonas donde ya hay una fuerte concentración de infraestructura energética, se considera una agresión para el territorio los grandes parques de molinos y las extensiones de placas solares. La CUP ha capitalizado ese clima de descontento y ha hecho campaña por la redefinición del planteamiento normativo. Las presiones forzaron el cambio normativo del Govern.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS