El decreto del catalán saldrá adelante en el Parlament con el apoyo de los comunes y el rechazo del PSC

Los socialistas alegan que el texto no es “coherente” ni está en “consonancia” con proposición de ley pactada con los soberanistas

Una imagen del hemiciclo con Pere Aragonès y Josep Gonzàlez-Cambray, en primer plano.
Una imagen del hemiciclo con Pere Aragonès y Josep Gonzàlez-Cambray, en primer plano.

El Parlament podrá convalidar el decreto ley sobre el catalán que no contempla impartir el 25% de las horas lectivas de castellano ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con el voto de Esquerra y Junts y de En Comú Podem. La dirección de los comunes ha anunciado esta mañana su voto favorable y su sorpresa por la oposición al texto de los socialistas. La mayoría en el Parlament está fijada en 68 diputados y Esquerra (33) y Junts (32) necesita imperiosamente el respaldo de un tercer grupo para lograr la convalidación. Con la CUP rechazando frontalmente el instrumento, al considerar que acaba con la inmersión, los comunes, al igual que ha ocurrido con los presupuestos, vuelven a ser los aliados del Govern.

Jéssica Albiach, presidenta de En Comú Podem, ha justificado su voto a favor apuntando, por un lado, que no dejarán a la “intemperie jurídica” a las direcciones de los colegios al asumir el Departamento de Educación la responsabilidad sobre los proyectos lingüísticos y, por otro, porque el objetivo es garantizar la plena competencia de los alumnos en las dos lenguas aplicando un modelo basado en criterios pedagógicos y que contemple la realidad socio lingüística del entorno. “Y el resto es una anomalía”, ha recalcado. “Legislamos nosotros y no los jueces”.

El plazo para aplicar el auto del TSJC ha concluido hoy con la batería legal orquestada por el Govern incompleta: por un lado, la proposición de ley pactada por ERC, Junts, PSC y los comunes, está ahora el el Consejo de Garantías Estatutarias que tiene hasta el día 7 para dar validez a su articulado. Y, por otro, el decreto ley, aunque ya está en vigor, aún no está convalidado. El delicado consenso sobre el catalán ha reflejado esta mañana las tensiones entre comunes y socialistas. Albiach ha afirmado que el decreto emana de la proposición de ley y ha esgrimido que es un sinsentido la postura de los socialistas. “No tiene sentido apoyar la ley y no el decreto”, ha dicho la diputada reprochando a los socialistas los equilibrios que tuvieron que hacer para apoyar la ley. “Es una excusa para responder a su electorado”, ha zanjado.

Los socialistas tienen una visión opuesta. Alicia Romero, portavoz del PSC, ha afirmado que el decreto no es “coherente” ni va en “consonancia” con la proposición de ley al citar que no recoge, al castellano como lengua de “aprendizaje” ni tampoco incluye la aplicación de los “parámetros numéricos”. “Ya anunciamos que si iban por esa vía no lo votaríamos”, ha recordado Romero que ha señalado que, por un lado, las sentencias, gusten o no, tienen que cumplirse y que el decreto no resuelve cómo aplicar el auto en los colegios. La ley actualizaba el compromiso del castellano y catalán en las aulas”, ha señalado la portavoz socialista”

Vox y PP han anunciado que impugnarán el decreto ante el Tribunal Constitucional

La petición de informe al Consejo de Garantías Estatutarias la suscribió el PP, Ciudadanos y Vox. Este último grupo admitió claramente que lo reclamó para entorpecer el proceso y hoy mismo ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar el decreto-ley. También lo hará el PP. Toda la bancada de la derecha ha arremetido contra el decreto y han acusado a los socialistas de ser cómplices del Govern. Ciudadanos planea elevar el decreto al Consejo pero su plan difícilmente prosperará porque se necesitan dos grupos y el PP no está considerado como tal al tener solo cuatro diputados. “El decreto es una tomadura de pelo”, ha afirmado Nacho Martín-Blanco, portavoz de Ciudadanos, que ha anunciado una denuncia en la Fiscalía contra el Govern por desobediencia. Lorena Roldán, del PP, cree que el Govern ha prevaricado y que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo nada para que se cumple la sentencia.

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