El Parlament aprueba por amplia mayoría la ley sobre el uso de las lenguas oficiales en la escuela

Los partidos independentistas, el PSC y En Comú Podem sacan adelante la norma que define al castellano como idioma “curricular”, mientras la bancada de la derecha anuncia que la recurrirá al Constitucional

Una imagen del hemiciclo en el Parlament el pasado mes de mayo.
Una imagen del hemiciclo en el Parlament el pasado mes de mayo.

El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles por amplia mayoría la nueva ley de uso de lenguas oficiales en la escuela, que mantiene al catalán como única lengua vehicular, pero otorga al castellano, por primera vez, el rango de lengua “curricular”. Ese nuevo estatus comporta que pueda usarse más allá de la propia asignatura de Lengua Castellana, y modular su uso en función de la realidad sociolingüística de cada centro educativo. La norma ha sido aprobada por 102 votos a favor ―Junts, ERC, PSC y En Comú Podem―, 29 en contra ―Vox, CUP, Ciudadanos y PP― y una abstención de un diputado de Junts. Tres diputados no han votado. Los parlamentarios de la CUP han levantado carteles al final de la votación en los que se leía: “Defendemos la lengua”.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha querido dar solemnidad al momento y ha subido al atril para subrayar el consenso alcanzado, que reafirma, ha dicho, el catalán como eje vertebrador del modelo lingüístico. “Es un acuerdo para sumar. Es un modelo que preserva la cohesión social”, ha aseverado, añadiendo que es el Parlament el responsable de legislar sobre esta materia. Aragonès enviaba así un mensaje al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha ordenado a la Generalitat reorganizar el modelo para que al menos un 25% de las horas lectivas (y, al menos, una asignatura troncal) se impartan en castellano. Esa misma sentencia ―y otras anteriores del Supremo y el Constitucional― obliga a que el castellano sea “lengua vehicular” en la escuela. Salvador Illa, líder del PSC, ha reivindicado también el consenso: “Defender el catalán no es atacar el castellano, lengua materna de muchos catalanes”.

La nueva norma descansa en una amplia mayoría de 102 diputados sobre 135, pero ha tensionado tanto a la mayoría independentista como a los grupos constitucionalistas. La CUP se ha desmarcado de la ley porque sostiene que acaba con la inmersión y abre la puerta al bilingüismo, mientras Vox, Ciudadanos y el PP han acusado a los socialistas de aliarse con el nacionalismo. La derecha ya ha anunciado su intención de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, aduciendo que incumple la sentencia del TSJC y arrincona al castellano. Los cuatro grupos firmantes replican que el Consejo de Garantías Estatutarias, el principal órgano consultivo del Parlament, ha concluido en su dictamen que la ley se ajusta tanto a la Constitución como al Estatut.

El contenido de la ley se pactó tras una complicada negociación ―entre ERC, Junts y En Comú Podem, por un lado, y el PSC, por otro― que ha quedado plasmada en el debate de este miércoles. Soberanistas y socialistas han puesto el acento en el consenso y la lupa en las diferencias que mantienen. Esther Niubó, del PSC, ha subrayado que el catalán sigue siendo el centro de gravedad del sistema ―término usado por el Tribunal Constitucional― pero que, a la vez, da al castellano un nuevo reconocimiento. “Recoge la realidad de lo que pasa en las escuelas”, ha dicho, antes de añadir: “No corresponde a esta norma fijar porcentajes y sí garantizar que los estudiantes finalicen la secundaria dominando las dos lenguas”.

“Es un acuerdo para sumar. Es un modelo que preserva la cohesión social”, afirma el president Pere Aragonès

La lectura del PSC contrasta con la de Junts, ERC y En Comú Podem, que han reivindicado que la inmersión lingüística (el modelo en el que el catalán es la única lengua vehicular) continúa. Jéssica González, de los comunes, ha deseado una larga vida a ese modelo, que consagra, en su opinión, la igualdad de oportunidades. La republicana Mónica Palacín ha subrayado que la ley preserva la equidad. Francesc Ten, de Junts, aunque se ha abstenido, ha defendido el apoyo de su grupo a la ley porque respeta, ha dicho, unas líneas rojas infranqueables: que el catalán siga siendo la lengua vehicular y la lengua de acogida para los niños recién llegados, y que los centros educativos estén protegidos de una posible causa penal por desobediencia. Tens ha justificado su abstención como un gesto simbólico pactado con su grupo en apoyo a Salvador Ribot, un activista que ha realizado 13 días de huelga de hambre en defensa del catalán.

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Carles Riera, de la CUP, ha preguntado a ERC y a Junts dónde ha quedado su voluntad de ir a la “confrontación” con el Estado cuando están acatando, a su juicio, el espíritu de la sentencia del TSJC abriendo la puerta al bilingüismo. “Ustedes saben que curricular y vehicular son sinónimos”, ha remarcado. “Todas las encuestas y estudios son unánimes: hay un retroceso del uso social y escolar del catalán”.

“Ahora ustedes le hacen un flaco favor al catalán, imponiéndolo”, dice el líder de Cs, Carlos Carrizosa

Ciudadanos ha enarbolado un discurso muy duro en las formas. “Franco le hizo un flaco favor al castellano, imponiéndolo y machacando al catalán. Y ahora ustedes le hacen un flaco favor al catalán, imponiéndolo y tratando de erradicar el castellano de las instituciones”, ha señalado Carlos Carrizosa, presidente del grupo parlamentario. Ha defendido que en Cataluña se han encadenado “décadas de abusos y de represión lingüística despiadada” y ha acusado a entidades como Òmnium y Plataforma per la Llengua de actuar como “una Stasi de la lengua”. Carrizosa ha acusado específicamente al PSC y En Comú Podem de pactar “con el nacionalismo hispanófobo” con el único propósito de que “Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa”.

Alejandro Fernández, del PP, ha sostenido que la proposición de ley perpetúa la “obsesión enfermiza por convertir en intocable y sagrada una inmersión que es una anomalía en todos los lugares del mundo donde confluyen dos lenguas cooficiales” y que redunda en que el castellano “sea tratado como una lengua extranjera”. El dirigente popular cree, además, que esa “politización del catalán” está siendo “desastrosa para el propio catalán”, porque este “se identifica con un proyecto político concreto y se hace antipático para una parte de la población”. El colectivo de usuarios habituales de catalán perdió 280.000 hablantes entre 2003 y 2018, según un informe de la secretaría de política lingüística de la Generalitat.

La plataforma Pública i en català rechaza la norma y pide un proyecto lingüístico marco

C. S. B.

Mientras en el interior del hemiciclo se aprobaba la nueva ley de uso de las lenguas oficiales en la escuela, la plataforma Pública i en català (en la que está Ustec, el sindicato mayoritario en la educación) protestaba a las puertas del Parlament contra su contenido, por considerar que abre la puerta a que en las aulas se imponga una “segregación por lengua”. La asociación sostiene que la norma supondrá un retroceso para la normalización del catalán “respecto al marco legal vigente”.

“Pedimos que el Departamento de Educación haga un proyecto lingüístico marco para todos los centros”, ha dicho uno de los portavoces de la plataforma, Joan Ribet (Ustec). Afirman que esa es la única manera de blindar la preponderancia del catalán y califican de ”peligro” para la inmersión que cada centro pueda hacer su proyecto de lenguas de acuerdo a su contexto sociolingüístico. Esa es precisamente la línea que defiende el Govern con la batería legal que ha lanzado para intentar responder a la sentencia que ordena impartir al menos el 25% de horas lectivas en castellano.

Ribet también ha insistido en la necesidad de que se destinen los recursos necesarios para “desplegar la vehicularidad del catalán de manera adecuada” y que se cree un comité jurídico que haga frente a posibles acciones judiciales contra los directores de centros y equipos docentes por no aplicar el porcentaje de castellano que pide la justicia.

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