Un juez admite la querella de Òmnium para que se investigue el espionaje con Pegasus a sus cargos

La investigación se centrará en saber si se infectaron los móviles de los dirigentes de la entidad independentistas y quién lo hizo

El expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart (i), junto al nuevo presidente, Xavier Antich.
El expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart (i), junto al nuevo presidente, Xavier Antich.Alberto Estévez (EFE)

Un juez de Barcelona ha admitido parcialmente la querella de Òmnium Cultural por el supuesto caso de espionaje político a independentistas con el software Pegasus, pero únicamente para determinar si se infectaron los móviles de los dirigentes de esta entidad y, si es así, quién lo hizo.

Así lo ha acordado el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que desestima el grueso de la querella de Òmnium, ya que rechaza investigar a la empresa israelí NSO, fabricante de Pegasus, de acuerdo con el criterio expresado por la Fiscalía.

Para determinar si se conculcó el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, el juez acuerda investigar si los teléfonos móviles de los dirigentes de Òmnium fueron infectados con algún programa para la extracción de datos y, en caso afirmativo, identificar a los autores.

La entidad soberanista presentó una querella en los juzgados de Barcelona por el presunto espionaje con el programa Pegasus a los móviles del exvicepresidente de la entidad Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez, y de Txell Bonet, periodista y pareja del expresidente Jordi Cuixart, destapado a raíz de un informe del laboratorio Citizen Lab.

El juez requiere ahora a los querellados de Òmnium para que aporten sus teléfonos móviles objeto de este supuesto ataque para poder llevar a cabo un análisis técnico para constatar si se instalaron programas maliciosos que permiten el acceso remoto y secreto por parte de terceros.

En su auto, el juez precisa que la querella de Òmnium habla “sin “base alguna” de la intervención de agencias gubernamentales dependientes del Gobierno en este supuesto caso de espionaje y remarca que las investigaciones prospectivas están prohibidas, por lo que “únicamente” considera que se debe indagar si se infectaron los teléfonos para tratar de descubrir quién lo hizo.

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