Cajeros para la España vacía: el Parlament de Cataluña urge al Congreso a asegurar la retirada de dinero en efectivo en los pueblos

Beneficios récord para la banca no frenan el ritmo de desmantelamiento de máquinas, 1.400 al año, y la merma del acceso ciudadano a los servicios financieros básicos

Un cliente de banca saca dinero de un cajero automático.
Un cliente de banca saca dinero de un cajero automático.reuters

El Parlament aprobó este miércoles una proposición de ley para que se garantice el servicio básico de banca en los pueblos que están “en riesgo de exclusión financiera”. La norma que lo regula es de competencia estatal y el gesto de la Cámara catalana trata de forzar al Congreso de los Diputados para que mueva ficha en la restitución de la red de cajeros que ha quedado muy esquilmada en los últimos años. En 2015 había más de 4.900 sucursales en Cataluña, ahora apenas quedan 2.300. No es un caso aislado. Según la estadística del Banco de España, a cierre del tercer trimestre de 2021 existían 48.081 cajeros en España, lo que supone 1.400 menos que a finales de 2020. En 2008 estaban en servicio 61.714 máquinas

De los 947 municipios catalanes, en 502 no es posible encontrar una sucursal bancaria ni un cajero automático donde poder sacar dinero. Se trata de un “problema social”, afirmó el consejero de Economía, Jaume Giró. La propuesta de ley del Parlament para ponerle remedio fue presentada por ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem, y a última hora contó con el apoyo del PSC, de Ciudadanos y del PP, con lo que quedó aprobada por amplia mayoría: 119 votos a favor y solo 10, de Vox, en contra.

La voluntad reguladora de la cámara catalana se suma a la tramitación que ya está en marcha en el Senado, con el mismo objetivo. En febrero, el Govern anunció que había prisa por resolver la exclusión financiera. Presentó un plan para que, de entrada, los bancos voluntariamente puedan instalar cajeros en los municipios afectados. Donde no haya voluntarios, debería ser la administración la que pusiera los cajeros, aunque la financiación procedería de un fondo alimentado por los bancos.

En 2008 la ratio era de un trabajador de banca por cada 167 habitantes, y ahora ese mismo empleado tiene que apañarse para dar servicio a más de 300 personas. Eulàlia Reguant, de la CUP, puso de relieve en el pleno que el proceso de encogimiento de recursos ha avanzado en paralelo a un incremento de los beneficios de las entidades bancarias, “se repartieron 19.900 millones de euros de beneficios el año pasado”, criticó la diputada de la CUP.

Joan Carles Gallego, de En Comú Podem, destacó que el proceso de “concentración financiera” que se ha vivido en España ha penalizado a las plantillas: se han restado 115.000 puestos de trabajo.

En Cataluña, según Junts, la escasez de servicios bancarios perjudica a 250.000 habitantes, básicamente de pueblos pequeños y zonas rurales. El PSC apunta que el asunto es de mayor calado, porque es extrapolable a los barrios de las ciudades. Lluís Salvadó, de Esquerra, rescató datos del Banco Central Europeo para poner de relieve que “más del 50% de los pagos se siguen haciendo en efectivo”. “Esta proposición de ley es necesaria”, apuntó el diputado de ERC.

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