Aragonès asume que la negociación para un referéndum no avanzará antes de 2024

El ‘president’ pone el foco en aprobar acuerdos que desjudicialicen la vida política catalana antes de fin de año

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, visita una guardería en el primer día del nuevo curso escolar.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, visita una guardería en el primer día del nuevo curso escolar.Kike Rincón (Europa Press)

La prioridad de la mesa de diálogo sobre el conflicto político en Cataluña, en lo que queda del año, será aprobar acuerdos sobre la desjudicialización, ante la perspectiva de una posible ralentización en las negociaciones que muy probablemente provoque el periodo electoral. Estas son las previsiones que ha hecho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, este miércoles en una entrevista a TV-3. Esto, en la práctica, implica quitarle protagonismo a los intentos de lograr el referéndum, aunque el republicano insiste en que todo debería ir de la mano. Ahora ve fundamental “centrarse” en la situación de los altos cargos catalanes pendientes de ser juzgados por la organización del referéndum.

“En el Estado se ha entrado en una dinámica preelectoral y cuando hay elecciones al Gobierno español le cuesta mucho más entrar en un proceso de negociación”, ha asegurado Aragonès en el programa Els Matins. Se trata de un mensaje que ya apuntó la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, en una entrevista a Europa Press, el pasado fin de semana. Allí dijo: “Estamos casi descartando el año 2023 [para llegar a acuerdos] porque es un año claramente electoral”. Las elecciones generales están previstas para otoño de 2023, con la incógnita de si el próximo gobierno seguirá optando por la Mesa de diálogo con la Generalitat. El Partido Popular ya ha dejado claro que no será así si llega al poder.

Aunque Aragonès ha asegurado que seguirá insistiendo en la necesidad de pactar el referéndum más allá de quién esté en La Moncloa, ha dejado claro que las probabilidades de lograr avances a corto plazo son poco realistas. “Yo engañaría a la ciudadanía si digo que en tres meses tendremos reconocido un referéndum. Ahora, el objetivo está centrado en la desjudicialización y el fin de la represión”, ha dicho.

El president no considera que esa priorización implique dejar a un lado un objetivo por el otro. Cree que las mejoras en la situación judicial de algunos independentistas permite “avanzar en el equilibrio” entre las partes sentadas a la mesa y se gana confianza. No se puede avanzar, ha dicho, “si se sigue aplicando represión sistemática”.

El objetivo de la desjudicialización tiene nombres propios en su primera fase. “No tiene sentido que si los máximos responsables [los exconsejeros juzgados por el Tribunal Supremo] han sido indultados, los segundos, la gente que está encausada, entre después a prisión”, ha explicado Aragonès. Se refiere a unos 30 cargos y excargos del Govern, a la cúpula de la CCMA y a empresarios de compañías como Unipost, que ya han sido procesados por malversación, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. En la lista, por ejemplo, están el actual presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep María Jové, o el exsecretario de Difusión de la Generalitat Antoni Molons.

Aragonès ha dicho que se trata de una “exigencia clara”, que está sobre la mesa de diálogo y sobre la que está seguro que habrá acuerdos “antes del 31 de diciembre”. Esos acuerdos, ha explicado, irían orientados a hacer retoques legislativos (el Código Penal) y apuesta por que “el resultado se parezca al máximo a una amnistía”. El Gobierno en muchas ocasiones ha aceptado la necesidad de armonizar ciertos tipos penales como la sedición y la rebelión con las legislaciones de su entorno pero, argumentó, sin tener en cuenta la suma de la investidura, que no cuenta con las mayorías necesarias para hacerlo.

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El documento, firmado el pasado mes de julio entre la Generalitat y el Gobierno tras la Mesa de diálogo, establece la voluntad de las partes de llegar “de manera paulatina” a reformas legislativas o normativas “para superar la judicialización y sus efectos” y que, de haber un acuerdo, “se aprueben antes de finalizar el próximo periodo de sesiones” del Congreso.

Este camino ha sido criticado por Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo. Durante su discurso en la apertura del año judicial, en Madrid, el magistrado ha pedido este miércoles que se respete la separación de poderes. “Existe el riesgo de que, de materializarse [la desjudicialización], se produzca una huida de la ley”, ha dicho.

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Sobre la firma

Camilo S. Baquero

Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.

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