Torrent esgrime la inviolabilidad parlamentaria para frenar su juicio por desobediencia

El tribunal mantiene la celebración del juicio contra el criterio de la Fiscalía y de las defensas de los cuatro acusados

Empieza el juicio a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que presidió Roger Torrent.
Empieza el juicio a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que presidió Roger Torrent.Albert Garcia

El expresidente del Parlament Roger Torrent y los otros tres miembros de la Mesa juzgados por desobediencia han invocado este miércoles la “inviolabilidad parlamentaria” para evitar que siga adelante el juicio contra ellos. Los cuatro acusados creen que está en juego el respeto a la separación de poderes y han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspenda la vista en la primera jornada del juicio en el que afrontan penas de inhabilitación.

Los magistrados decidirán este jueves, pero la primera batalla por la suspensión ya la habían perdido a primera hora de la mañana. La Fiscalía y las defensas habían solicitado aplazar la vista oral para dar tiempo a que se resuelva la petición, formulada por la fiscal, de revocar la recusación del magistrado Carlos Ramos. El juez iba a ser unos de los componentes del tribunal, pero fue apartado del caso el pasado agosto por sospechas de parcialidad. El mes anterior había sido recusado, por las mismas razones, el magistrado Jesús María Barrientos, presidente del TSJC.

El presidente del tribunal, Carlos Mir, ha rechazado la petición y ha ordenado que el juicio siga adelante: ”Tenemos la obligación de celebrar el juicio. No se puede poner ningún recurso contra esa decisión”. El magistrado ha razonado que, “con el tiempo que hace que se sabe que el juicio se debía celebrar”, entre el 5 y el 7 de octubre, la sala tiene “la obligación” de llevarlo a cabo, porque, ha añadido “no tiene sentido dilatar y que no se acabe nunca”.

La petición sobre la inviolabilidad será resuelta este jueves. El abogado de Torrent, Andreu Van den Eynde, ha advertido de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no “tolerará” que este suceso se trate como un delito si el juicio continúa. Y ha acusado a la Fiscalía de pretender “la desaparición” de la prerrogativa que protege a los diputados y que, en su opinión, es básica para garantizar la separación de poderes. La Fiscalía ha avanzado que rechaza ese argumento. Ha recordado que a los acusados no se les juzga “por emitir su voto ni opinar en materia política”, sino por permitir la tramitación y posterior aprobación de resoluciones “contrarias a la legalidad constitucional”.

El “bulo” de la desjudicialización

El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio sugiere que las defensas han demostrado “una intención clara de que este juicio no arranque”. También ha señalado que es un “bulo” que este procedimiento judicial forme parte de la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat. “Eso que se está llamando la desjudicialización de la política catalana y en la que se pretende el archivo de todos los procedimientos penales pendientes contra políticos catalanes”, ha concretado el fiscal.

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Los cuatro acusados -Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa y Torrent- llegaron media hora antes de arrancar la sesión, a las 9:30 horas, arropados por un centenar de personas frente al Palacio de Justicia de Barcelona. Entre los dirigentes que han mostrado su solidaridad con los miembros de la mesa del Parlament estaban miembros del Govern como la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, o la titular de Presidència, Laura Vilagrà. Representantes de los dos partidos que sustentan el Govern -sumido ahora en una grave crisis que amenaza con su ruptura- también han asistido, como Laura Borràs (Junts) o el exvicepresidente Oriol Junqueras (Esquerra). El diputado de la CUP Carles Riera y representantes de Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El Tribunal Constitucional advirtió en 2019 a los políticos independentistas, entonces miembros de la Mesa, que no podían tramitar dos resoluciones parlamentarias, una a favor de la autodeterminación y otra de reprobación de la monarquía, que la cámara acabó aprobando ante la publicación de la sentencia del procés. El ministerio público pide un año y ocho meses de inhabilitación a Torrent, Eusebi Campdepadrós (JxC) y Josep Costa (ERC), además de una multa de 30.000 euros. Para Adriana Delgado (ERC) solicita una pena menor ya que solo participó en una de las tramitaciones (16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa). Costa, Delgado y Campdepadrós, que ya no son diputados ni aforados como Torrent, han solicitado que su caso lo gestiona un juez ordinario y no el alto tribunal catalán.

Antes de entrar, Torrent ha declarado que defenderá ante el juez “la protección de los derechos fundamentales y del parlamentarismo” y que le ampara el derecho a la libertad de expresión, añadiendo que esta causa forma parte “de la persecución del movimiento independentista”. Poco después, el presidente catalán, Pere Aragonès, ha manifestado su apoyo desde el pleno del Parlament: “Están siendo juzgados por haber permitido un debate parlamentario”.

Josep Costa, que amenazaba con alterar el proceso penal si no acudía al juzgado, como hizo en septiembre de 2021, ha llegado con su toga de abogado para defenderse a sí mismo. Ya había anunciado en redes sociales que se proponía desmontar este juicio que califica como “un simulacro”. A lo largo de su defensa, de más de media hora, Costa ha denunciado que el tribunal no tiene jurisdicción porque, sostiene, ha sido elegido por el primer juez apartado del caso. Por ello, ha presentado un recurso al contencioso-administrativo. También ha señalado que Vox no está legitimado para presentarse como acusación particular en el proceso judicial.

Hace dos años, el TSJC condenó a 20 meses de inhabilitación a cuatro diputados de la Mesa por permitir la tramitación de las resoluciones que derivaron en el referéndum ilegal de 2017 y la DUI. La sentencia de ese juicio establecía que la inviolabilidad parlamentaria “no extiende su protección a actos intencionados de rechazo de las decisiones del Tribunal Constitucional”.

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