Frente de alcaldes catalanes para desalojar ‘okupas’ en solo 48 horas

El PSC apoya la medida y choca con sus socios de Barcelona en Comú, que denuncian que se mete en el mismo saco las ocupaciones de mafias y las que se hacen por necesidad

Operación policial en un narcopiso ocupado en Barcelona, en una imagen de archivo.
Operación policial en un narcopiso ocupado en Barcelona, en una imagen de archivo.JOAN SÀNCHEZ

Los alcaldes de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano de Barcelona –una entidad formada por los Ayuntamientos de Sabadell (PSC), Mataró (PSC), Martorell (PDeCAT), Rubí (PSC), Vilafranca del Penedès (PDeCAT), Terrassa (Tot per Terrassa), Granollers (PSC), Vilanova i la Geltrú (ERC) y Mollet del Vallès (PSC)- se han reunido este jueves con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados (salvo Vox) para presionar y conseguir apoyos para que se pueda desalojar a ocupas en solo 48 horas. Estos nueve municipios acogen una población cercana al millón de personas y advierten que en solo esas ciudades hay 4.400 viviendas ocupadas.

Miles de casos que, según los ediles, generan problemas de convivencia y, en algunas ocasiones, se utilizan los inmuebles para llevar a cabo actos delictivos. Es el caso de los narcopisos o las plantaciones de marihuana. EL PAÍS ha podido saber que a la petición realizada por los alcaldes del Arco Metropolitano se les sumará, en breve, muchos más municipios de Barcelona. Lo harán, sobre todo, los gobernados por el PSC presentes en el cinturón metropolitano donde, precisamente, se producen el mayor número de ocupaciones.

Se da la paradoja de que la capital catalana, no está entre las ciudades que exigen este desahucio exprés. Aún así, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha manifestado –en calidad de presidente del PSC de Barcelona y no como miembro de la coalición del gobierno municipal- su intención de presionar para modificar la ley y que sean las propias comunidades de vecinos las que puedan denunciar la ocupación y si los ocupas no presentan un documento que acredite titularidad o alquiler se proceda al desalojo como máximo en 72 horas (un día más que lo que pide el Arco Parlamentario).

Por su parte, Barcelona en Comú –que capitanea la concejalía de vivienda y cuya líder, Ada Colau, fue activista y ocupa- no se suma a la petición y acusa a los socialistas de meter “en el mismo saco” las ocupaciones delictivas de aquellas que son por necesidad.

Según los datos del Ministerio del Interior, hasta el pasado mes de abril, Cataluña había acumulado más del 40% de las ocupaciones producidas en España. En lo que va de año, en los nueve municipios del Arco Metropolitano se superan 4.400 pisos ocupados. Localidades como Mataró denuncian que cada día hay dos ocupaciones ilegales en la ciudad.

La alcaldesa de Sabadell y presidenta de la asociación del Arco Metropolitano, Marta Farrés (PSC), ha ido este jueves junto con el vicepresidente de la entidad y alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa (PDeCAT) y del alcalde de Mataró, David Bote, hasta el Congreso de los Diputados. “Están a punto de debatir una enmienda al proyecto de ley de eficiencia organizativa de la administración de justicia. Hemos venido a hablar con los diferentes grupos para que den instrumentos al mundo local para que podamos actuar en las ocupaciones conflictivas. Unas ocupaciones que cada vez van a más. En nuestras ciudades nos encontramos cada vez más mafias organizadas que están generando problemas de convivencia”, lamenta Farrés. La alcaldesa de Sabadell asegura que solo en los nueve municipios de la entidad que preside, “y en su área de influencia”, viven más de 1.800.000 vecinos. “Solo pedimos las reformas legislativas necesarias para hacer desalojos exprés sin estar obligados a realizar todo el trámite jurídico actual con el que se necesitan entre tres y cinco años para un desalojo”, denuncia.

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Nueva división en el Ayuntamiento de Barcelona

La posición de la coalición de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, BComú y PSC, vuelve a ser divergente en el fenómeno de la ocupación. “Desde el PSC creemos que las comunidades de vecinos deben poder denunciar porque son ellas las que saben si se está ocupando o no una vivienda. Hemos pedidos reformas legales para que se puedan desalojar inmuebles en un máximo de 72 horas siempre y cuando sean de pequeños tenedores y no haya vulnerabilidad en los ocupas. Si hay vulnerabilidad deberán encargarse de ellos los servicios sociales. Además, queremos que se introduzca en la ley que para acreditar que vives en un lugar solo sirva el contrato de alquiler o el título de propiedad y no cualquier justificante”, anuncia Jaume Collboni haciendo referencia en que hasta ahora se acreditaba con cualquier tipo de documento (la mayoría solía hacerlo con recibos de comida para llevar donde aparece en el papel tanto la fecha como el lugar donde ha sido entregada). “Las ocupaciones se están cebando con los barrios humildes y es allí donde generan problemas. Nuestra intención es modificar las leyes como hicimos con los multireincidentes de hurtos que ahora a la que son detenidos cuatro veces se enfrentan a penas de cárcel, destaca el líder socialista.

Lucía Martín (BComú), concejal de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, considera que con las medidas planteadas se pone “en el mismo saco las ocupaciones con finalidad delictiva y las que son por necesidad”. La edil asegura que en la capital catalana, según los Mossos, se han reducido las ocupaciones un 7% en los últimos tres años. “Esta tendencia a la baja es por el gran esfuerzo que estamos desplegando en políticas de vivienda”. Martín denuncia: “Es una lástima que el PSOE lleve una proposición donde se pone el mismo nivel las ocupaciones delictivas (narcopisos o plantaciones) con las de familias sin recursos que ocupan por necesidad”. La concejal denuncia la “lentitud” de los juzgados para realizar desahucios en las ocupaciones delictivas. Pese a ello no acaba de pronunciarse sobre la medida impulsada por Arco Metropolitano que pide más herramientas para acabar con el fenómeno.

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