La Generalitat comunica ahora a las escuelas que abandonaron el 25% de castellano que deben volver a aplicarlo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la petición del Departamento de Educación de ignorar las sentencias amparándose en la nueva normativa

El consejero de Eduación, Josep Gonzàlez-Cambray, ante la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, el pasado mes de diciembre.
El consejero de Eduación, Josep Gonzàlez-Cambray, ante la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, el pasado mes de diciembre.MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS)

Las escuelas catalanas obligadas a implantar el 25% de castellano —27 centros— vuelven a aplicar la sentencia. El Departamento de Educación de la Generalitat les había ordenado antes del inicio del curso que ignoraran la resolución judicial —algo que solo acataron ocho de ellas—, ya que existía una nueva normativa que así lo permitía. Pero después de las diferentes interlocutorias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), negando a la Generalitat el levantamiento de la medida, Educación ha tenido que corregir y ha enviado otra comunicación a las escuelas afectadas asegurando que deben seguir aplicando el 25% de castellano.

“El TSJC comunica que no se tienen que revocar las medidas cautelares comunicadas, en contra de lo que había pedido el Departamento de Educación”, se limita a explicar la misiva a la que ha tenido acceso este diario, que también adjunta el auto concreto que afecta al centro. El departamento asegura que se limita a reenviar a las escuelas los autos judiciales y concreta que hasta ahora ha recibido 14, que afecta a 13 centros.

A principio de septiembre, el president Pere Aragonès y el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, sacaban pecho de que “ningún centro aplicaría el 25% de castellano” este curso. Hasta el momento, hay 27 escuelas e institutos (los centros en los que están los 48 alumnos cuyas familias solicitaron el 25%) afectados por una sentencia judicial —sea firme o mediante el dictado de medidas cautelares— que obliga a implantar este porcentaje de clases en lengua castellana, lo que se traduce en una materia adicional además de la propia asignatura de Lengua Castellana. Educación envió entonces una orden a las escuelas para que dejaran de impartirla, pero la mayoría, una veintena de centros educativos, prefirieron mantener las medidas judiciales porque consideraban que la orden de la Generalitat no les ofrecía seguridad jurídica y preferían esperar a que el propio juez les confirmara que podían dejar de aplicarlo, según admitieron varias direcciones a este diario.

En paralelo, Educación también notificó al TSJC que iba a dejar de aplicar el 25%, amparándose en las dos nuevas normativas aprobadas de urgencia: un decreto ley (30 mayo) y una ley parlamentaria (8 junio), regulando el uso de las lenguas cooficiales en la escuela y rechazando expresamente el establecimiento de porcentajes. Las nuevas normativas reconocen el “uso curricular” del castellano, pero no su condición “vehicular”. El TSJC envió al Constitucional ambas leyes porque ve en ellas visos de inconstitucionalidad. El Alto Tribunal todavía no se ha pronunciado.

El tribunal catalán, en cambio, sí se ha pronunciado ante la petición de Educación de dejar de aplicar el 25%. En las últimas semanas se ha producido un goteo de interlocutorias rechazándolo y argumentando que el cambio normativo impulsado por la Generalitat no es incompatible con el derecho de los alumnos a recibir una enseñanza en castellano “con una determinada intensidad de uso”.

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