Cataluña obtiene un paquete de 900 millones de euros del Estado y asume responsabilidad sobre infraestructuras clave

Las negociaciones entre Esquerra y el Gobierno por los presupuestos propician el traspaso de dinero para abordar un plan de obras sobre movilidad

El acuerdo implica inversiones en las autopistas AP-7 y AP-2, que son foco de colapso frecuente desde la gratuidad de los peajes.
El acuerdo implica inversiones en las autopistas AP-7 y AP-2, que son foco de colapso frecuente desde la gratuidad de los peajes.

Una inyección de dinero para remozar las infraestructuras catalanas a cambio de que Esquerra allane el camino hacia la aprobación de los Presupuestos del Estado. En plenas maniobras para asegurarse apoyos para las cuentas de 2023, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha acordado transferir a Cataluña 900 millones de euros para obras “clave” en el ámbito ferroviario y de carreteras, algunas de las cuales acumulaban años sin resolver. La Generalitat presenta el acuerdo como un punto de inflexión para sanar un déficit crónico de inversión del Estado en la comunidad y pone de manifiesto que, esta vez, se trata de un logro fiable, ajeno a anuncios y compromisos que no pasaron de meras declaraciones de intenciones. “El establecimiento de este mecanismo para garantizar las inversiones del Estado en Cataluña es una gran conquista para corregir la desinversión histórica que sufren los catalanes”, aseguró este martes Joan Margall, diputado de ERC en el Congreso.

El acuerdo es un arma de doble filo para la Generalitat. Le da dinero y capacidad de gestión sobre la carpeta de infraestructuras pendientes, pero pone en jaque un argumentario muy manido para los sucesivos consejeros de Territorio, que han alegado repetidamente tener escaso margen de maniobra para mejorar el diseño de la movilidad en Cataluña. Tras el anuncio de este martes, un alto cargo del Ministerio de Transportes afirmaba que a la Administración catalana “le ha tocado un premio”. Desde el Departamento de Territorio se admite que “es mejor tener poder de decisión que no tenerlo”, pero se rebajan las expectativas, aludiendo a que quedan muchos flecos por concretar. “Se gana capacidad para dar prioridad a un proyecto por delante de otro, pero para ejecutar las obras hará falta contar con inversión del Estado y cerrar convenios en aquellas infraestructuras que son de titularidad estatal”, apuntan desde la consejería que comanda Juli Fernàndez.

En el primer semestre de este año, la ejecución de la inversión del Estado presupuestada para 2022 en Cataluña se quedó frenada en el 16%, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Y algunas de las obras que van en el paquete negociado por los republicanos y el Gobierno de Pedro Sánchez acumulan años de retraso. La patronal Foment del Treball ha denunciado repetidamente, por ejemplo, los reiterados retrasos de la conexión entre la AP-7 y la AP-2, que acumula una década irresoluta y para la cual se transferirían ahora 250 millones en un programa plurianual. Demoras parecidas sufre el Eje Pirenaico, cuyo estudio informativo fue aprobado en 2008 y su finalización sigue pendiente. Para acabar esta obra se reservarán 260 millones, cuantía que tampoco irá toda en las cuentas del próximo año.

La partida de 900 millones trata de remediar ese déficit inversor y le permite a la Generalitat mando directo para impulsar esas mejoras en materia de movilidad. No es una cifra menor para una Administración que este año preveía gastar en torno a 1.700 millones de euros en inversiones y que, desde que fuera consejero de Territorio Lluís Recoder, anda sin director de Proyectos por la falta de necesidad ante la falta de recursos para invertir.

La portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, calificó de “buena noticia” el mecanismo acordado entre el Gobierno y ERC para garantizar la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña. Se trata de un paso que “va en la buena línea” para revertir un “agravio histórico”, dijo Plaja.

Además de las obras ya mencionadas, las transferencias se utilizarán para pacificar la carretera N-II a su paso por el Maresme, con una aportación plurianual del Estado de 384 millones de euros. La Generalitat apunta que se trata de “una deuda pendiente” derivada de un acuerdo firmado con el Ministerio el año 2009. En materia ferroviaria, el traspaso de Rodalies sigue siendo una patata caliente para ambas administraciones. De momento, se ha firmado también un acuerdo para la ejecución de intercambiadores, básicamente en el Vallès, entre la red ferroviaria de titularidad estatal y Ferrocarrils de la Generalitat.

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Se contempla también 60 millones de euros para el Catalunya Media City, siete millones de euros para la investigación científica, o 43 millones de euros para actuaciones de transición energética en edificios de los Mossos d’Esquadra y la renovación de la flota de vehículos.

El acuerdo entre Esquerra y el Gobierno incluye la aportación estatal de 40 millones de euros a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona para financiar el transporte de viajeros.

También en el marco de las negociaciones para desbloquear los Presupuestos del Estado, el diputado del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, confirmó este martes el apoyo de los cuatro diputados de su partido a las cuentas tras haber acordado con PSOE y Podemos la gratuidad de todas las líneas de autobuses concesionadas por el Estado durante 2023 e introducir 86 enmiendas en ámbitos económicos, culturales, deportivos o sociales.

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