El juez del caso contra el hermano de Ximo Puig pide a Cataluña y Aragón información sobre subvenciones

Los requerimientos se fijan en tres líneas de ayudas públicas para buscar posibles duplicidades

Francis Puig, responsable de Comunicacións dels Ports.
Francis Puig, responsable de Comunicacións dels Ports.

El titular del juzgado de instrucción número 4 de Valencia ha reclamado a los Gobiernos de Cataluña y Aragón información sobre las subvenciones recibidas por las empresas del hermano de Ximo Puig, Francis Puig, imputado por un posible delito de fraude de subvenciones.

En su auto, el juez solicita, en el caso de la Generalitat de Cataluña, las subvenciones concedidas entre los años 2016 y 2018. En el de Aragón, pide que certifique las ayudas a las empresas de Puig que aparecen en su portal de transparencia y sus correspondientes expedientes. Además, requiere a Hacienda para que remita el listado de cuentas bancarias de las que son o han sido titulares las empresas de Francis Puig y sus socios así como la presentación del modelo 347 (referente a declaración de operaciones con terceros) entre los años 2015 y 2018.

La petición de documentación tiene su origen en la solicitud del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial que, en febrero, recibió el encargo del juzgado de que investigara la querella presentada por el PP por la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones entre 2015 y 2018. También la Fiscalía solicitó parte de las diligencias a las que ahora se da vía libre. Las líneas de subvención investigadas son las referentes al fomento del valenciano destinado a medios de comunicación, el programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificada, las subvenciones estructurales para la edición de medios informativos digitales de titularidad privada en catalán o en aranés y ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local.

Más información

Francis Puig fue imputado en octubre de 2019 tras la querella inicial presentada por el PP, que ha sido ampliada en cuatro ocasiones. En principio, fue llamado a declarar pero la citación se aplazó y, hasta este momento, no ha sido citado de nuevo. Mientras, la Guardia Civil ha llevado a cao pesquisas pero no ha entregado ningún informe aún en el juzgado. Tras su imputación, la firma Comunicació dels Ports, de la que Francesc Puig es director ejecutivo y consejero delegado, aseguró en un comunicado que la sociedad había aportado “toda la documentación preceptiva” y que había cumplido “con todos y cada uno de los requisitos”. Además, la firma condenó “el uso torticero por parte del Partido Popular de instancias judiciales, administrativas e incluso legislativas, con fines únicamente políticos, difamando a la sociedad y a su consejero delegado”, tal como señala el mismo comunicado.

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