El Tribunal Supremo confirma que el barrio valenciano de Russafa es zona acústicamente saturada

La sala de lo Contencioso ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Federación de Hostelería de Valencia

La terraza de un bar en el barrio de Russafa.
La terraza de un bar en el barrio de Russafa.Mònica Torres

La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del barrio valenciano de Russafa tras inadmitir el recurso de casación interpuesto por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, según la asociación de vecinos Russafa Descansa, que ha indicado que con esta resolución, el Ayuntamiento de Valencia deberá iniciar el procedimiento de declaración del barrio como zona saturada.

La asociación requerirá la ejecución de la sentencia, de 10 de julio de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tan pronto como los horarios y aforos de los grandes responsables de la ZAS de Russafa —discotecas, discopubs y demás locales con ambientación musical— no se encuentren limitados por la normativa covid-19.

Esta sentencia del tribunal valenciano ordenó al Ayuntamiento que dispusiera para Russafa las mediciones representativas previstas en el apartado 3 del anexo V del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de Planificación y gestión en materia de contaminación acústica, a fin de iniciar el expediente de declaración del barrio de Ruzafa como ZAS.

La sentencia ya declaró nula, por contraria a derecho, la resolución municipal de 2 de agosto de 2017, que no estimó procedente el inicio de un estudio sonométrico previo tendente a la declaración de ZAS en la zona de Russafa. Así, falló y dejó sin efecto la sentencia de 30 de octubre de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de València.

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Tras las resoluciones, Russafa Descansa reclamará una ZAS amplia en su delimitación y lo más restrictiva posible con mediciones representativas, que no podrán ser homologadas técnicamente a partir de sonómetros ubicados en Russafa por la concejalía de Calidad Acústica del Ayuntamiento de València en una pastelería, una tienda de puertas y armarios, un garaje o una tienda de lámparas alejados deliberadamente por este consistorio de las actividades legalmente calificadas como molestas por ruidos y vibraciones.

Esta asociación vecinal reclamará una ZAS amplia en su delimitación. La zona comprendida entre las calles Gibraltar y Filipinas, las avenidas de Peris y Valero y Reino de Valencia, y la gran vía Germanías, el considerado Plan Especial de Protección de Ruzafa.

Russafa Descana exigirá una ZAS lo más restrictiva posible para la recuperación de los niveles de calidad acústica establecidos en la normativa autonómica y local. Esta asociación reclamará, entre otras medidas efectivas y de alcance, la limitación y reducción del régimen de horarios --especialmente de la minoría hostelera más responsable de la ZAS, discotecas, discopubs y demás locales con ambientación musical--, el establecimiento de límites de emisión sonora más restrictivos que los generales, los preceptivos informes favorables en auditorías acústica, la inspección y control de los limitadores de decibelios de los locales con ambientación musical, la revisión de todas las licencias, las distancias máximas entre establecimientos públicos, incluidas las densidades que limitaron la apertura de nuevos locales hosteleros.

Desde la entidad han informado que “lamentablemente” bastantes de los vecinos que han colaborado en este largo proceso judicial renunciaron hace años contra su voluntad a vivir en este barrio por la saturación acústica y el desamparo municipal en la ciudad de Valencia. En todo este proceso iniciado a mediados de 2017, Russafa Descansa ha tenido que sufragar recursos administrativos y judiciales, demandas y periciales por sus propios medios.

Ahora, el Tribunal Supremo impone costas procesales a la recurrente --Federación Empresarial de Hostelería de Valencia--. Russafa Descansa cobrará 1.500 euros por costas procesales y el Ayuntamiento de València cobrará 500 euros al presentarse como parte personada y recurrida.

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