La Abogacía de la Generalitat unifica criterios para desatascar los proyectos fotovoltaicos pendientes en la Comunidad Valenciana

Hay 63 expedientes de promotores que todavía no tienen la declaración de impacto ambiental por el retraso de informes autonómicos

Planta fotovoltaica de la cooperativa eléctrica Enercoop, de Crevillent, en las inmediaciones del Realengo. En la imagen, miembros del equipo de mantenimiento en  pleno trabajo de inspección y control
Planta fotovoltaica de la cooperativa eléctrica Enercoop, de Crevillent, en las inmediaciones del Realengo. En la imagen, miembros del equipo de mantenimiento en pleno trabajo de inspección y controlJOAQUIN DE HARO RODRIGUEZ

La Comunidad Valenciana tiene que generar 10.000 megavatios de energías renovables en 2030, unos 6.000 a través de plantas fotovoltaicas, y el resto a través de la eólica. De momento, hay autorizados 1.700 megavatios por lo que el objetivo está lejos. La Generalitat quiere acelerar la tramitación de los proyectos, muchos pendientes en la Consejería de Política Territorial, que dirige la socialista Rebeca Torró, por los reparos de la Dirección General de Paisaje, en manos de Compromís, que exige estudios de paisaje que la Abogacía de la Generalitat no ve necesarios.

Las diferentes interpretaciones dentro de la Generalitat del decreto 14/2020, que regula los proyectos renovables, ha generado un tapón que dificulta a los promotores de las plantas superar con éxito el próximo 25 de enero el primer hito impuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, que exige una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada proyecto. El departamento que preside Teresa Ribera persigue con estos hitos ahuyentar a los inversores que llegan a las renovables con fines especulativos.

Hay tres consejerías implicadas en la tramitación de los proyectos de energías renovables, la de Economía, responsable última de la autorización, y las de Política Territorial y de Transición Ecológica, encargadas de aportar los informes necesarios. Y algunos de esos departamentos han interpretado el decreto de renovables de forma diferente y exige, por ejemplo, informes de paisaje, que tienen una tramitación compleja. Pero también se han planteado dudas en la aplicación del 3% de límite del territorio que puede ser ocupado por las instalaciones renovables en un municipio, según la ley que rige el urbanismo valenciano, la Lotup.

La consejera Rebeca Torró solicitó a la Abogacía de la Generalitat una aclaración para unificar criterios en torno al decreto. El informe se dio a conocer hace solo unos días y Torró espera que simplifique la aplicación del decreto. “Por ejemplo, pedir un estudio de paisaje a los promotores a la hora de poder informar favorablemente el proyecto: Abogacía aclara que el decreto no lo exige. Otra cuestión es la declaración de compatibilidad urbanística, que según la Abogacía, es competencia de los ayuntamientos, no de Paisaje. Y el tercer aspecto es la limitación del 3% que establece la Lotup y sobre el que impera el decreto de las renovables”, explica la consejera. ES decir, las instalaciones fotovoltaicas podrán ubicarse en suelo no urbanizable, incluso protegido, salvo que lo desaconseje expresamente un informe medioambiental.

En estos momentos, hay 90 proyectos que deben presentar su DIA el 25 de enero y 63 de ellos tienen pendiente la declaración de impacto por el atasco en la tramitación. No es seguro que todos salgan adelante pero en conjunto equivalen a 2.250 megavatios.

Si los promotores no cumplen con los hitos fijados por el Ministerio se arriesgan a perder el punto de conexión a la red y el aval depositado y la Generalitat teme enfrentarse a responsabilidades de tipo patrimonial si los inversores no cumplen los plazos por la ausencia de informes autonómicos. La línea roja para implantar las plantas lo marca la DIA.

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“Con este informe, no tengo ninguna duda de que la Dirección General de Paisaje aplicará el informe de la Abogacía de la Generalitat. No caben más interpretaciones. Esperemos que con esas aclaraciones podamos ir más rápido en la emisión de informes”, ha asegurado la consejera.

Torró ha nombrado a un segundo subdirector en ese departamento para agilizar la emisión de informes. “Esperamos que las tres consejerías continúen al máximo para que lleguemos a ese hito que ha marcado el Gobierno de España del 25 de enero y que los proyectos tengan la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y puedan pasar a una segunda fase para su autorización por parte de Economía”, agrega la consejera.

La Comunidad Valenciana y España en general, están situadas en un lugar privilegiado por el sol y el viento. “Es el nuevo petróleo y no podemos dejar pasar ninguna oportunidad. Sobre todo en algo tan importante como es combatir el cambio climático”, ha subrayado Torró. “Puedo entender que hayan opiniones diversas y también interpretaciones, por eso pedí este informe para aclararlo y se ha de aplicar tal y como es”, ha concluido.

Sobre la firma

Cristina Vázquez

Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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