Juicio a los acusados del tiroteo en la pedida de una boda de etnia gitana que causó dos heridos en Porriño

Juan Paulo Gíménez, del clan de los Morones, afronta nueve años de prisión por irrumpir en la fiesta con una pistola para intimidar al grupo de los Zamoranos

La Guardia Civil detuvo a los dos acusados del tiroteo en Porriño en 2019.
La Guardia Civil detuvo a los dos acusados del tiroteo en Porriño en 2019.SXENICK (EFE)

Eran las dos de la madrugada del 19 de mayo de 2019. En el centro multiusos deportivo de O Porriño, cedido por el ayuntamiento, se celebraba una fiesta de pedida de mano de una joven de etnia gitana perteneciente a una familia del grupo conocido como los Zamoranos. De repente, irrumpió armado en el local Juan Paulo Giménez, hermano mayor del autoproclamando “rey de los gitanos Morones”, Sinaí Giménez.

Empuñando una pistola del calibre 9 mm, Juan Paulo se situó en el medio del local y realizó indiscriminadamente varios disparos al techo. Dos de estos proyectiles rebotaron en dos jóvenes, uno de ellos una chica que entonces era menor de edad, causándole heridas de gravedad en la cara por lo que tuvo que someterse de urgencia a una operación quirúrgica en el hospital Povisa de Vigo. También el chico resultó herido en el hombro izquierdo y precisó una cirugía y atención médica y rehabilitación prolongada.

Juan Paulo iba acompañado por Rafael G.F., también acusado, con el que huyó en un coche, dándose ambos a la fuga hasta que el segundo fue detenido a las pocas horas por la Guardia Civil. Ambos tienen antecedentes por delito de lesiones por lo que concurre el agravante de reincidencia. El primogénito de los Morones estuvo 17 meses huido hasta que fue localizado por la Policía Judicial.

El fiscal pide para ambos acusados una condena de 9 años de prisión, 3 años y medio por cada uno de los dos delitos de lesiones y otros dos años por tenencia de armas. Además, tendrán que indemnizar a las dos víctimas una cantidad cercana a los 70.000 euros por las heridas y secuelas producidas al ser alcanzados por los proyectiles. Queda todavía por determinar la cuantía de la reclamación que realizará el Sergas (Servicio Galego de Saúde) y el centro sanitario Povisa donde fueron atendidos los heridos.

Este graves hechos que pudieron acabar en una masacre se enmarcan en un capítulo más de un largo periodo de desavenencias entre los dos clanes de etnia gitana por el absoluto control que los Morones pretendían ejercer entre los vendedores ambulantes de los mercadillos. Esto dio lugar a varios episodios de enfrentamientos que acabaron en una denuncia y la apertura de una causa en Cangas por amenazas y extorsión por parte de los Zamoranos en la que han comparecido una docena de testigos protegidos de la Fiscalía contra Sinaí Giménez y su familia.

El juicio contra Juan Paulo Giménez y su cómplice arranca este viernes en el juzgado número 3 de Pontevedra con presencia policial, estrictas medidas de seguridad y limitaciones de público para evitar posibles incidentes entre ambos clanes El escrito del fiscal incide con claridad en que la intención de los acusados no era otras que “menoscabar la integridad física de las personas que se encontraban en la pedida de mano”. Para ello portaban una pistola que aunque no ha podido ser localizada en esta investigación, sí fue identificada por los casquillos en un informe balístico que la describe como similar a marcas conocidas como Browning, Walter o Beretta.


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