Nueva acusación contra la actuación de la Diputación de Ourense en San Pedro de Rocas

Los dueños del terreno en el que se enclava el monasterio culpan al organismo provincial de “un delito de expolio en grado de tentativa” sobre bienes calificados BIC

Vista del monasterio de San Pedro de Rocas, en cuyo entorno la Diputación de Ourense ha iniciados obras de ensanche de la carretera que obligan a talar arboles catalogados. Óscar Corral
Vista del monasterio de San Pedro de Rocas, en cuyo entorno la Diputación de Ourense ha iniciados obras de ensanche de la carretera que obligan a talar arboles catalogados. Óscar CorralÓscar corral (EL PAÍS)

Las obras de ensanche de la carretera de acceso al monasterio rupestre de San Pedro de Rocas (Esgos) que realiza la Diputación de Ourense con el objetivo de que puedan acceder autocares hasta el milenario cenobio suponen, además de la tala masiva de árboles catalogados, un “grave riesgo de desaparición de bienes culturales, históricos y arqueológicos” del BIC (Bien de Interés Cultural). Así consta en la ampliación que ha hecho de la denuncia inicial, registrada el pasado septiembre ante la Guardia Civil, el representante de la familia propietaria de los terrenos, Juan Carlos Moreiras. En ella puntualiza que las obras “afectan de forma irreversible” a los bienes protegidos en el BIC provocando “un delito de expolio en grado de tentativa” en el entorno de uno de los templos más antiguos que se conocen en la península Ibérica. El monasterio, excavado en roca natural y sobre el que las últimas investigaciones sitúan en el año 10.000 antes de Cristo sus orígenes sacros paganos, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1923, Bien de Interés Cultural Monumento en 1999 y BIC Paisaje Cultural con 100 hectáreas en 2018, inscrito a su vez en el BIC Ribeira Sacra.

Esta nueva parte de la denuncia sobre el posible expolio se basa en el informe pericial registrado también el mes pasado en la Xunta por los arqueólogos Jorge López Quiroga y Natalia Figueiras Pimentel. En el mismo alertaban de que la ampliación de la calzada supone un peligro de desaparición de “elementos y estructuras, unas visibles actualmente y otras ocultas bajo el manto vegetal y la actual carretera, de carácter arqueológico”. Asimismo, ponían de relieve que las obras incumplen “diversos artículos de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia”, pese a que la propia Consellería de Cultura las ha avalado.

Los expertos hace hincapié en que cada elemento “pertenece a estructuras originales del monasterio benedictino de San Pedro de Rocas, de diferentes tipologías y periodos históricos de gran valor histórico-arqueológico”.

No obstante, Patrimonio Cultural de la Xunta tilda de alarmistas a los arqueólogos y reproduce una respuesta de Ia delegación española de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, asociado a la UNESCO) relativa no a las obras de ensanche de la carretera sino a una actuación anterior de limpieza del entorno contratada por la propia dirección de Patrimonio.

El organismo no gubernamental emitió entonces un un informe avalando la actuación de la Xunta e indicando que no se había producido “ningún tipo de daño”. Afirmaba que la alerta de los dos profesores universitarios “es exagerada en su descripción y percepción” y les recomendaba “precaución y moderación. Asesorarse antes de hacer saltar la alarma”.

En lo que respecta a las obras de la carretera que realiza la Diputación, fueron autorizadas por por la jefa territorial en Ourense de Patrimonio Cultural que destacaba que se comprendía la necesidad de corregir y mejorar el trazado de la vía aunque la actuación “no puede suponer la pérdida de los valores culturales de los elementos patrimoniales afectados”.

Los dueños de la parcela sobre la que la institución provincial decretó la expropiación forzosa interpusieron en noviembre del año pasado un contencioso administrativo que frenaba momentáneamente la eliminación de parte de la masa arbórea del bosque en terreno protegido por el que se accede al templo milenario.

No obstante, entre el 31 de agosto y el pasado 12 de septiembre de este año, la Diputación accedió a una finca privada d para iniciar el proyecto de expropiación, según consta en la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil , que ahora ha sido ampliada, contra la institución provincial por los dueños del terreno.




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