Una matrona afronta pena de cárcel por acceder al historial clínico de su marido para lograr la custodia de sus hijos

La Fiscalía acusa a la mujer de revelación de secretos y pide para ella cuatro años de prisión y seis de inhabilitación absoluta

Un agente de la Guardia Civil encargado de investigar delitos a través de Internet, en una imagen de archivo.
Un agente de la Guardia Civil encargado de investigar delitos a través de Internet, en una imagen de archivo.Servicio Ilustrado (Automático) (Europa Press)

Una matrona del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en Lugo se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión por presuntamente acceder al historial médico de su marido y utilizar esta información confidencial contra él en la demanda de divorcio que ella había presentado meses antes. La separación del matrimonio se resolvió de forma favorable para la mujer en abril de 2018 al obtener la custodia de los hijos menores de la pareja que ella había reclamado en el procedimiento.

Por esta maniobra procesal que denuncia la Fiscalía, la mujer será juzgada por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público. La vista se celebrará este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia de Lugo y el fiscal pide al tribunal que, además de la pena de cárcel, la acusada sea inhabilitada de forma absoluta durante seis años y se le imponga una multa de 4.300 euros.

La pareja se casó en julio de 2010 y en febrero de 2018 la mujer presentó demanda de divorcio para obtener la custodia de los hijos. El fiscal relata en su escrito de acusación que la acusada incurrió en un grave delito al revelar que el padre de sus hijos “se encontraba en tratamiento psiquiátrico con antidepresivos” para inclinar el caso a su favor. “Una información”, incide el ministerio público, “de la que hizo uso la acusada a fin de que le fuera atribuida la custodia de los hijos del matrimonio que finalmente obtuvo”, recoge en su informe de acusación.

Tras la sentencia de divorcio que se resolvió un juzgado de Lugo y que se inclinó abiertamente a favor de las reclamaciones de la acusada, el exmarido interpuso una demanda contra su expareja como perjudicado, que dio lugar a este procedimiento. Las pruebas que esgrime la acusación pública señalan que la acusada consultó el historial de su entonces marido hasta en ocho ocasiones, entre diciembre de 2016 y enero de 2018.

La última entrada que supuestamente realizó la acusada para consultar la historia clínica de su marido consta en el sistema informático a las 13:06 horas del día 29 de enero de 2018, diez días antes de celebrarse el juicio de divorcio. La secuencia de accesos que expone la Fiscalía como prueba documental detalla que las consultas se remontan a dos años antes.

El ministerio público subraya que la acusada actuó “valiéndose de su condición de matrona en un centro de salud de Lugo”, una circunstancia agravante de culpabilidad en el proceso penal. Además de afrontar la pena de privación de libertad y la inhabilitación, tanto como funcionaria como para el ejercicio de su especialidad como matrona, las pruebas contra la acusada ponen también en juego la validez de las alegaciones que esta aportó contra su entonces pareja en el proceso de divorcio, por lo que el caso podría dar un doble giro.

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