Isa Serra recurre ante el Supremo la condena de 19 meses de prisión por protestar contra un desahucio

La diputada de Unidas Podemos afirma que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid está basada en acusaciones falsas y sin pruebas

La portavoz de Podemos Isa Serra.
La portavoz de Podemos Isa Serra.Eduardo Parra (Europa Press)

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la condenó a un año y siete meses de cárcel por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, a raíz del intento de frenar un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés en 2014. La defensa de la diputada pide su absolución al entender que la condena es “injusta” por “carecer de pruebas” sobre las acusaciones.

“Como he insistido siempre, es una sentencia injusta basada en acusaciones falsas y sin pruebas. Confío en que el Supremo me absuelva”, ha apuntado la diputada en su cuenta de Twitter.

Fuentes del partido aseguran que “la condena se basa exclusivamente en el testimonio de tres agentes de policía, pero con tres particularidades”. La primera, explican, es que a Serra “no se le identificó el día de los hechos”. La segunda es que fue reconocida 20 días después, pero solo tras mostrar una fotografía de la diputada a los agentes: “La Brigada Provincial de Información enseñó a los policías una serie de fotografías de personas entre las que introdujeron la del DNI de Isa y, sorprendentemente, varios agentes de policía dijeron que era una de las que llevó a cabo los hechos”. La tercera, añaden, es “que ningún agente fue capaz de identificar qué objetos supuestamente les habría arrojado, ni tampoco en qué momento o desde qué lugar lo habría hecho”.

Por ello, su defensa ha solicitado al Supremo “no solo que rectifique la sentencia y dicte una nueva”, sino que “reevalúe y vuelva a examinar la prueba”, ya que insiste en que el TSJM la condenó de forma “arbitraria” al basarse solo “en el testimonio de agentes de policía que la identificaron días después mediante un procedimiento irregular”.

En el recurso, la defensa de Serra asegura que el TSJM no tuvo en cuenta que “todos los vídeos y fotografías de aquel día la muestran en actitud pacífica”, por lo que consideran que “se ha vulnerado su presunción de inocencia”, al sustentarse “exclusivamente” en “vagas e imprecisas” declaraciones de agentes de la Policía Municipal. “Aquella manifestación fue ampliamente cubierta por medios. En el juicio se aportaron 115 vídeos y 100 fotos de ese día y en todos se ve a Isa en una esquinita y con cara de susto más que otra cosa”, explica un portavoz de la formación. “En 2014 ya había móviles, si de verdad hubiera arrojado objetos alguien lo tendría grabado, pero nunca se aportó ningún vídeo”, añade.

Los abogados alegan que “pese a que los agentes sostuvieron que Serra era una de las líderes de la manifestación, ella nunca ha formado parte de la plataforma que convocaba esa manifestación, y ninguna imagen o vídeo la sitúa en la concentración hasta varias horas después de que comenzara”. “La jurisprudencia ha establecido que la mera presencia o integración en un grupo no basta para castigar a una persona por las acciones de terceros”, añade el recurso.

Cárcel e inhabilitación

Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2014, pero el proceso judicial comenzó en 2018, cuando Isa Serra renunció a su aforamiento como diputada autonómica para ser juzgada. La renuncia no fue atendida y el caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En julio de 2019 fue nuevamente llamada a declarar.

El juicio se celebró el 12 y 13 de febrero de 2020, y en abril, el TSJM condenó a Serra por un delito de atentado y uno de lesiones, además de por una falta de lesiones y un delito de daños, a un año y siete meses de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, lo que supone la privación del derecho a ser elegida cargo público. La sentencia también incluye dos multas que suman una cuota diaria de 20 euros durante cuatro meses. De igual forma, la ordenó a indemnizar con un total de 5.250 euros a dos agentes de Policía.

Serra siempre defendió su inocencia y negó todas las acusaciones. En el juicio, la diputada regional afirmó que solo podía entender las acusaciones “en el sentido político” al estar en contra de los duros insultos que la Policía le atribuye.


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