Los 1.117 profesores de refuerzo se irán a la calle el día 22 pese a lo que se votó en la Asamblea

La Comunidad de Madrid esquiva el dictamen de la Cámara regional porque considera que se votó una cosa diferente en la PNL

Concentración en la Puerta del Sol el 10 de diciembre a favor de la inversión en refuerzos para la educación.
Concentración en la Puerta del Sol el 10 de diciembre a favor de la inversión en refuerzos para la educación.David G. Folgueiras

La clave está en el “todo”. En qué significa ese “todo”. Porque para unos “todo” significa el cómputo global de algo y, para otros, solo una parte. De esa manera, la Comunidad de Madrid ha justificado que los 1.117 profesores de refuerzo contratados por la pandemia vayan a terminar su contrato el 22 de diciembre pese a que el PP, Cs y Vox se abstuvieron la semana pasada en la Asamblea de Madrid y gracias a eso saliera adelante una Proposición No de Ley (PNL) que pedía que se mantuviera a “todos” los profesores contratados hasta final de curso. Y a ese “todos” se ha agarrado el Gobierno regional para argumentar que en “todos” no entran esos cuantos y que, por tanto, aunque saliera adelante la propuesta, esos cuantos se van a la calle. Nadie entiende nada. O sí, porque la oposición sabía que algo argumentarían para no cumplir con lo que había dictaminado la Asamblea. La razón que esperaban: una PNL no es de obligado cumplimiento. Y es verdad. Pero debe ser, opinan, que no está bien visto que cuando el partido del Gobierno se abstiene en una votación, luego no cumpla con lo votado. “Eso es asumir que vas a cumplir con lo que salga por mayoría”, dice Tito Morano, de Unidas Podemos. Error.

Por partes. El jueves pasado se debatió en la Asamblea de Madrid la PNL que pedía exactamente esto: “La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a mantener a todo el personal contratado por la Consejería de Educación al menos durante todo el curso académico 2020/21”. Era una manera de blindar a unos y a otros. De no hacer distinciones entre los profesores a los que se les ha asignado un grupo de desdoble para bajar las ratios y los de refuerzo, que en su mayoría tienen la misión de ayudar a los menores que van con retraso en lengua y matemáticas por culpa de la pandemia. Una vez llegaron a la Cámara regional, el debate versó, en su totalidad, sobre estos últimos, que son los que estaban en cuestión. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos —que había presentado la PNL— votaron a favor. La derecha se abstuvo. Así que la propuesta salió adelante. La sorpresa tampoco fue mayúscula para los docentes que se concentraban a esas horas en las puertas de la Asamblea porque previamente se habían reunido con Vox y con Ciudadanos, y se habían quedado contentos.

“Nosotros no queremos hacer política con esto y la verdad es que nos sentimos arropados y entendidos. Nos dijeron que nos iban a apoyar. Pedimos una reunión con todos los partidos, sin distinción, y los únicos que no nos atendieron fueron los del PP”, cuenta Sindy Bermúdez, una profesora de refuerzo del colegio Gloria Fuertes, en Usera, y una de las representantes del grupo de docentes que han hecho piña para reclamar “justicia para los menores más vulnerables”.

Cuando se conoció el resultado, la celebración saltó de móvil en móvil. Directores, compañeros, representantes sindicales… había una razón para darse la enhorabuena porque los docentes llevaban semanas pendientes de un hilo: algunos de ellos habían recibido un correo de la Consejería de Educación en el que se les recordaba que su contrato terminaba el 22 de diciembre. En otros casos, el mensaje había llegado directamente a los directores de sus centros. Fue entonces cuando empezaron las concentraciones en la Puerta del Sol —como la de ayer— a las que se unieron, también, los representantes de los padres a través de la Federación Francisco Giner de los Ríos, preocupados por que les quiten un refuerzo que consideran vital.

Es el caso de Ruth Reyes, madre de Nicolás, un niño que este curso ha empezado 1º de Primaria en el colegio Miguel de Cervantes, en Getafe, donde hay matriculados unos 800 menores. En la época del confinamiento debería haber aprendido a leer y escribir en minúsculas, pero ni ella ni su marido pudieron dedicarle el tiempo necesario. “Él trabaja en un puesto considerado servicio esencial y salía de casa y yo soy administrativa y teletrabajaba todo el día. Aunque quisiera, no podía enseñar a mi hijo lo que normalmente hace su profesora y en esas edades la enseñanza online no funciona”. Este curso, por tanto, Nicolás, “y muchos de sus compañeros”, van más retrasados y ahora es cuando empezaban a tener sentido las clases de refuerzo porque, esa es otra, los 1.117 docentes han estado llegando a los centros a cuentagotas. El 9 de noviembre, de hecho, se completó el cupo, lo que significa que algunos van a ejercer su trabajo un mes y medio.

La Comunidad de Madrid, sin embargo, no solo reinterpreta la palabra “todos”, sino también los datos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió en agosto la contratación de 10.610 docentes, de los que 7.398 estaban destinados a la educación pública. El resto, a la concertada. Ahora, sin embargo, la Administración saca pecho con otras cifras: “se han hecho más de 20.000 contrataciones”, todo un récord, apuntan fuentes de la Consejería de Educación. “Eso es una sinvergonzonería, me parece de un cinismo atroz”, contesta Morano, de Unidas Podemos. “Son negacionistas de la realidad”, añade Marta Barnedo, del PSOE. “Es escurrir el bulto”, apostilla María Pastor, de Más Madrid.

Lo cierto es que en ese cupo de contrataciones, la administración regional cuenta con todas las sustituciones que se han tenido que hacer durante estos meses, bien de un día, de 14 o de varios meses, y se le olvida restar esa cifra cuando el docente titular vuelve a su puesto, algo necesario para comparar con exactitud cuántos docentes de más hay trabajando este curso con respecto al pasado. Además, otra trampa numérica: en el cupo total también incluyen las 600 contrataciones que en 2018 la Administración se comprometió a sumar a la plantilla con los sindicatos y que no habían realizado hasta ahora.

Lo que pretenden, asumen los representantes de la oposición y de los sindicatos, es que el tanto por cierto de los despedidos sea menor si ponen un cómputo total mayor de contrataciones. Dicho de otra manera. No es lo mismo decir que se cesan a 1.117 de 20.000 que a 1.117 de 7.398. Un 5,6% o un 15%. La diferencia es llamativa. Y tramposa.

De una manera u otra, el 22 de diciembre los docentes de refuerzo se van a la calle, pese a lo que se dictaminó en la Asamblea.

Tres docentes para 46 niños con necesidades especiales

Las consecuencias inmediatas de los ceses no se han hecho esperar. La Consejería de Educación informó al colegio público Virgen del Cerro de Puente de Vallecas de que sus dos docentes se les acababa el contrato a final de mes, con lo que fuerza el cierre del aula para alumnado con patologías respiratorias crónicas severas. Esto deja a 46 alumnos con necesidades educativas especiales atendidos por solo tres profesionales de Pedagogía Terapéutica, por debajo del ratio establecido por ley. La decisión obliga a disolver el grupo especial de convivencia estable creado en el centro para la atención de hasta ocho acnees (alumnado con necesidades educativas especiales) con patologías respiratorias crónicas severas, en la cual se limitan al máximo los contactos para minimizar el riesgo de contagio.

 

 

Isabel Galvín, representante de CC OO, no encuentra justificación posible a esta decisión. “El señor Ossorio ha ido cambiando el discurso y las explicaciones. Lo cierto es que no hay justificación económica posible porque va a seguir llegando financiación adicional a Madrid del Gobierno de España y además Madrid tiene capacidad económica para adelantar el coste de esta medida. No se justifica educativamente porque la necesidad de este programa de refuerzo se mantiene e incluso ha aumentado con respecto al inicio de curso”, argumenta. Galvín, además, avisa que la administración contaba con el apoyo y el consenso de las fuerzas políticas para presionar al Gobierno central, pero sobre todo recuerda que “hay un mandato democrático de la Asamblea”.

 

 

Carmen Morillas, presidenta de la Fapa Francisco Giner de los Ríos añade otro hándicap. “Estamos en diciembre, y aún no han llegado todos los docentes que se necesitan a las aulas. Tenemos alumnado que no conoce a sus maestros, un hecho absolutamente inadmisible”, recalca, a la vez que recuerda que la administración regional rechazó dos millones de euros del plan Proa Plus, un dinero que llega del Estado para alumnos vulnerables.

 

 

“Esto se debe a que llevan una agenda marcada por la oposición política al Gobierno de España y por la privatización. Esta decisión es el abandono de la educación compensatoria para correr a atender otras prioridades, porque sí hubo 14 millones para dar un contrato sin transparencia a El Corte Inglés y a Planeta para externalizar materiales curriculares ¿Cómo no va a haber los 7 millones necesarios para mantener este profesorado hasta final de curso?”.

 

 

Lo cierto es que el gobierno regional ya no esgrime el argumento del dinero. El Ministerio ya ha avanzado que seguirán llegando fondos. ¿El motivo? “Estaba en sus contratos y los interesados ya lo sabían”.

 

Sobre la firma

Berta Ferrero

Especializada en temas sociales en la sección de Madrid, hace especial hincapié en Educación o Medio Ambiente. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera CEU (Valencia) y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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