El juez mantiene vivas seis líneas de investigación del ‘caso Púnica’

La Audiencia Nacional prorroga parte de las pesquisas, pero da por finalizado más de medio sumario

Francisco Granados sale de la cárcel de Estremera, en junio de 2017.
Francisco Granados sale de la cárcel de Estremera, en junio de 2017.Victor Sainz

El caso Púnica se adentra en una nueva fase siete años después de que la Audiencia Nacional iniciara estas pesquisas, que versan sobre una trama de corrupción urdida en torno a la figura de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, ex secretario general del PP regional y uno de los más estrechos colaboradores de la antigua presidenta autonómica Esperanza Aguirre. El magistrado Manuel García-Castellón acordó esta misma semana prorrogar cinco de las líneas de investigación abiertas en la causa, que se suman a una sexta recientemente creada en mayo tras las últimas revelaciones de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, sobre una supuesta nueva vía de financiación irregular de los populares madrileños.

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El juez mantiene así viva una parte muy importante de este sumario —donde la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado recabar más pruebas—, incluida la línea de investigación sobre la caja b del PP de Madrid, la de mayor trascendencia política y donde se encuentran imputados dos expresidentes autonómicos (Esperanza Aguirre e Ignacio González); el extesorero regional de la formación, Beltrán Gutiérrez, y un buen número de ex altos cargos del partido conservador, como los exconsejeros Granados, Salvador Victoria, José Güemes, Gador Ongil, Manuel Lamela o Borja Sarasola.

Sin embargo, García-Castellón también considera ya finalizada la instrucción de más de la mitad de la causa. De hecho, el pasado jueves, a la vez que daba luz verde a continuar con las pesquisas de esas seis piezas, emitió varios autos para cerrar cuatro de las 13 de líneas de investigación, que se añadían así a otras tres que ya se habían dado por finiquitadas anteriormente. Una de ellas ha sido juzgada: la llamada Pieza Separada número 1, que acabó con la condena de dos años de cárcel para Granados por beneficiarse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre el propio caso Púnica.

Valdemoro. El juez ha ampliado seis meses más la investigación de la Pieza 4, donde cerca las “actuaciones urbanísticas fraudulentas” perpetradas en Valdemoro desde la llegada de Granados a la alcaldía en 1999. Según el ministerio público, la trama encontró aquí una enorme “facilidad” para “revisar” el plan de ordenación urbana, “redactándolo” en favor de la red corrupta, lo que permitió cometer un número de “ilícitos” muy elevado que requiere un detallado “estudio y análisis de los expedientes de cada actuación”.

La Fiscalía pidió más tiempo, además, tras toparse con un freno: “El Ayuntamiento de Valdemoro no ha entregado toda la documentación que ha ido requiriendo el instructor”, como los “expedientes completos de las actuaciones urbanísticas indiciariamente ilícitas”. Unos papeles que, una vez recibidos y analizados, pueden conducir a que se solicite la práctica de más pruebas, según argumentó el juez a la hora de dar luz verde a la prórroga de esta parte de las pesquisas.

Comunidad. El paso de Granados por el Gobierno regional (Pieza 8) también se investigará seis meses más. En esta línea, centrada en las irregularidades en la construcción de infraestructuras, el juez considera que aún faltan por concluir los trabajos periciales de los técnicos del Ministerio de Fomento sobre la adjudicación de unas obras del Metro Ligero por parte de Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), una antigua empresa pública del Ejecutivo autónomo. También se esperan más informes de Hacienda y otro sobre “la adjudicación e incidencias en la ejecución del contrato para la construcción del centro cultural de Bustarviejo”.

Caja b. Aguirre lleva más de un año pidiendo que se dé carpetazo a esta parte del sumario, pero tendrá que esperar. El juez ha ampliado tres meses más la instrucción de la Pieza 9, centrada en la presunta caja b del PP de Madrid y financiación irregular del partido regional en al menos tres campañas electorales. La Fiscalía no solo quiere unir a estas pesquisas distinta documentación procedente del caso Lezo, otra causa de corrupción que tiene como epicentro a Ignacio González, sino también que se interrogue a otro antiguo alto cargo de la Comunidad. Además, quedan por resolver los recursos presentados contra la decisión del juez de desgajar de esta pieza todo lo relativo a las revelaciones de Guillermo Ortega, que García-Castellón ha concentrado en la Pieza 13 para investigar por separado, pero que Anticorrupción considera que debe volver a incluirse dentro de la 9.

Colegios. La Pieza 11 también se prorroga otro medio año. Esta fija la diana en Alfedel, SL, una empresa encabezada por Alfonso Ferrón que intermediaba entre la Comunidad y cooperativas de profesores para facilitar la construcción de colegios concertados en suelo público. Según los investigadores, sus responsables pagaban mordidas a la trama —entre ellos, a Granados— para que le facilitara superar los trámites de la Administración. La Fiscalía considera que, entre otras iniciativas, aún quedan por escudriñar varias cuentas bancarias de las sociedades de Ferrón e interrogar a algunos de sus exempleados.

Blanqueo de capitales. García-Castellón concede otros seis meses para la Pieza 12, que pone la diana en el delito de blanqueo de capitales y en la recuperación de los activos que la trama escondió. Entre otras medidas pendientes, el ministerio público ha pedido interrogar a varios testaferros y colaboradores que ayudaron supuestamente a Granados y al constructor Ramiro Cid a esconder parte de su patrimonio ilícito. Además, los investigadores están a la espera de que Costa Rica le envíe información sobre la presunta sociedad instrumental que Cid creó allí para recibir fondos transferidos desde Mónica y posteriormente enviados a Isla Mauricio.

Puerta de Toledo. El pasado 12 de mayo, el juez decidió crear la Pieza 13 como desgajo de la 9 después de que Guillermo Ortega enviase al juzgado una batería de facturas que, según contó, evidenciaban que se “sobrefacturó” más de un millón de euros a través de la empresa Mercado Puerta de Toledo, que dependía del Gobierno regional, para desviar esos fondos a la caja b del partido y pagar así gastos de las compañas electorales. Según el exalcalde de Majadahonda, en prisión por el caso Gürtel, fue la propia Aguirre quien lo colocó al frente de esa compañía pública y le llegó a felicitar por su labor ilícita.

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Siete de las 13 piezas separadas, cerradas

El primer y único juicio. Siete años después de comenzar la investigación del caso Púnica, solo una de las 13 líneas de investigación ha sido juzgada: la Pieza 1, sobre el chivatazo que un guardia civil dio a Francisco Granados sobre las pesquisas. Tras una primera sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional en 2017, el Tribunal Supremo confirmó en 2019 la pena de dos años de cárcel para el exconsejero de Aguirre.

 

Derivadas fuera de Madrid. La Audiencia Nacional ya envió hace meses a juicio las Piezas 2 y 3, centradas en las presuntas adjudicaciones irregulares detectadas en León y Murcia, respectivamente. Las vistas orales sobre ambos hechos aún no se han celebrado.

 

Los nuevos cierres. El pasado jueves, el juez instructor Manuel García-Castellón dio por concluidas otras cuatro líneas de investigación. La 5, que cerca las tramas de corrupción urdidas a través de contrataciones menores en los Ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle; la 6 y la 7, que se centran respectivamente en las empresas Cofely y Waiter Music, y la 10, sobre los trabajos de reputación en línea de las compañías de Alejandro de Pedro. Sobre la 5, 6 y 10, el magistrado aún no ha dictado el auto donde decide si procesa a los implicados o, por el contrario, archiva las acusaciones. Sin embargo, el juez sí lo emitió en el caso de la Pieza 7, donde propuso enviar al banquillo a Francisco Granados; al exsenador David Erguido, que fue también ex diputado regional, ex asesor técnico del gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre y ex teniente de alcalde de Algete; a siete antiguos alcaldes del PP en la Comunidad (José Carlos Boza y José Miguel Moreno, de Valdemoro; Esteban Parro y Daniel Ortiz, de Móstoles; María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos; Inmaculada Juárez, de Algete, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio), y a otras seis personas. El juez tenía pensado procesar al empresario José Luis Huerta, pero falleció en 2020.

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