La libertad de elección de centros educativos de Madrid, a juicio: ¿existe cuando se reducen las plazas?

CC OO presenta un recurso ante el TSJM contra la Administración por recortar unidades y clases en la educación pública

Inicio del curso escolar en el colegio San Sebastián de El Boalo en 2020.
Inicio del curso escolar en el colegio San Sebastián de El Boalo en 2020.

Una persona puede querer un traje rojo cuando entra en una tienda pero salir con uno de color verde porque solo ha tenido la opción de elegir entre azules y verdes. Más tarde, la tienda explicará que no tiene ni tendrá más trajes rojos porque durante ese tiempo el 90% de su clientela se ha llevado trajes azules o verdes, lo que prueba que los rojos ya no tienen éxito. Con este sencillo ejemplo, el sindicato CC OO ha denunciado a la Comunidad de Madrid pero en lugar de trajes rojos habla de plazas disponibles en la educación pública. Uno no puede elegir una plaza que no existe porque previamente la Administración la ha retirado del mercado. ¿Existe libertad de elección ante lo que no existe? El debate está sobre la mesa. Y próximamente en los tribunales.

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El sindicato ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Administración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) precisamente con el argumento estrella que enarbola el PP para defender la libertad de elección de las familias que piden y eligen centros concertados. Solo que ahora la teoría se le vuelve en contra. Tras una queja escrita remitida por el sindicato a cada Director de Área Territorial (hay cinco) reclamando más plazas públicas, la directora de área territorial de la capital, Coral Báez, ha respondido con otro escrito y con una frase que ha sorprendido especialmente a los servicios jurídicos de CC OO: “la libertad de elección no es un derecho absoluto”. La dirigente esgrime que el cumplimiento de un derecho de transcendencia constitucional dependerá siempre de que existan plazas en un centro determinado.

El debate teórico sobre ese derecho apunta a los números como arma arrojadiza. Como los centros educativos no pueden estirarse como un chicle tienen, por tanto, limitaciones de espacio. Y sobre esa premisa gira todo el conflicto. Si un barrio con 7.000 menores elige en masa un único colegio de 400 plazas, la lógica hace prever que la gran mayoría tendrá que buscarse otra opción. Ahora bien, ¿se quedan aulas vacías sin cubrir para derivar al alumnado a otro tipo de enseñanzas? El sindicato defiende que la Comunidad de Madrid ha cerrado unidades que ya existían sin justificación y la Administración, a través de Báez, defiende todo lo contrario y asegura que se mueve según la oferta y la demanda.

Los directores de los centros consultaron el sistema informático de gestión Raíces el pasado marzo para comprobar con qué unidades contarían el próximo curso. Esa consulta era necesaria para abrir el proceso de admisión y ofertar más o menos plazas. Y en ese momento, el sindicato recabó la información, a través de la misma plataforma que gestiona la propia administración. Los resultados después fueron los siguientes: 4.743 alumnos de la capital no consiguieron su primera opción de plaza. La Comunidad lo niega y rebaja los números a 1.916.

“En concreto han obtenido plaza en primera opción un 96,19% de solicitantes en Educación Infantil de tres años, y un 94,23% de los solicitantes de Primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los centros pertenecientes a la DAT Capital”, escribe la directora Báez. Todo un éxito.

CC OO insiste en que sus datos están cotejados con los listados definitivos de admitidos y no admitidos del 3 de junio. Pero más allá de qué datos son los correctos, María Eugenia Alcántara Miralles, inspectora de educación y secretaria Política Social e Igualdad del sindicato, vuelve a poner sobre la mesa el ejemplo del traje rojo y argumenta que si una familia va a un instituto a preguntar si hay plaza y no la hay, directamente no la pide, por lo que los tantos por ciento de la Consejería de Educación están pervertidos desde el inicio.

“La Administración en enero o febrero decide qué unidades va a cerrar el año siguiente y reorganizan la oferta educativa. De esa manera en abril los directores saben con qué plazas cuentan. Algunos centros no pueden ampliar sus aulas, es verdad, pero otros sí. Hay que hacer un estudio centro a centro, pero no se hace”, explica Alcántara.

Los números del año que viene

La alegría de los números (o la pena) también va por barrios. Para el curso que viene, la zona norte de la región se encontrará con 365 aulas menos (de las que 352 son unidades creadas por la covid); en la capital habrá una supresión de 1.333 (1.280 de las del covid); en el oeste de la región 362,5 menos (349 del covid); en el sur 1768.2 menos (1.655 creadas por el covid); y en el este 831.5 (792 por el covid). Esa reducción de unidades implica que el sistema educativo contará con 5.270 profesores menos, según el estudio del sindicato.

De esa manera, la oferta se limita y la demanda se concentra entre lo que hay disponible. “Es evidente que el gobierno de Díaz Ayuso no es amigo de la libertad, sino del monopolio. Para muchísimas familias, en la Comunidad de Madrid de Ayuso no hay elección posible”, dice Isabel Galvín, portavoz de Educación en CC OO.

Báez, por el contrario, asegura que la demanda de plazas debe considerarse de forma globalizada entre todos los centros educativos manifestados en la solicitud de plaza y atribuye a la administración educativa la competencia de velar por que exista una oferta adecuada para satisfacer la demanda manifiesta “con la intención última de otorgar la primera opción solicitada y no con la obligación de otorgar plaza a la primera opción”. Sin embargo, esto no es lo que dicen las propias normas de la Comunidad de Madrid, que se refieren a la demanda centro a centro, según Alcántara.

La directora del área territorial de la capital argumenta también que el derecho a la elección de centro docente que se reconoce legalmente a los padres, si bien es un derecho de alcance constitucional implícito en el derecho a la educación, no debe ser entendido como un derecho absoluto de aplicación automática. “Resulta constitucionalmente válido que los poderes públicos, en su deber de programación general de la enseñanza, garanticen la calidad de la misma, estableciendo una ratio alumno/unidad, sin que ello signifique en modo alguno la vulneración del derecho a la elección de centro”, desgrana.

El tribunal tendrá que decidir entonces qué es el huevo y qué la gallina en este caso. Si más del 90% de los solicitantes han conseguido realmente su primera opción, como dice el Gobierno regional, o si las familias han sido dirigidas por la Administración, como argumenta el sindicato. Alcántara remata: “Es difícil que la gente proteste por lo que no ve. Es como si después de entrar en la tienda todos nos pusiéramos en la puerta porque queremos trajes rojos. Al final te llevas el verde, que es lo más fácil”.

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Sobre la firma

Berta Ferrero

Especializada en temas sociales en la sección de Madrid, hace especial hincapié en Educación o Medio Ambiente. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera CEU (Valencia) y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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