Vox deja en el aire la continuidad de José Antonio Sánchez como administrador de Telemadrid

El directivo, que se dice “orgulloso” del ERE de 2013, puede perder el cargo el próximo jueves

José Antonio Sánchez, este viernes en la Asamblea de Madrid.
José Antonio Sánchez, este viernes en la Asamblea de Madrid.

“Muy orgulloso” de haber impulsado el ERE aplicado en 2013 sobre más de 800 trabajadores de Telemadrid, porque “salvó la empresa” y “salvó 500 puestos de trabajo”. Dispuesto a programar fútbol y toros. Y asumiendo tanto que su futuro es “incierto” como que “el accionista manda”, aunque sea el Gobierno regional. Así se ha presentado este viernes en la Asamblea de Madrid José Antonio Sánchez, al que Isabel Díaz Ayuso nombró en julio como administrador provisional de la compañía tras declararse votante del PP y confesar que aparece en los papeles de Bárcenas. Una comparecencia marcada por las dudas sobre su futuro. “No tengo ni idea de si seguirá o no”, le ha dicho el diputado José Luis Rodríguez Bartolomé, de Vox, que le reclama un recorte de gastos a cambio de votar el jueves a favor de su ratificación.

El PP aprovechó su triunfo electoral del 4-M para cambiar la ley de Telemadrid, deshacerse de su director general, enfrentado con Díaz Ayuso, y crear la figura del administrador provisional. La nueva regulación, aprobada gracias a Vox, ha creado un posible vacío de poder tan evidente como para que el Gobierno haya impulsado ahora una figura directiva que no existe en la norma: la de un suplente que pueda hacerse cargo de la compañía si no hay administrador provisional (como ocurrirá el jueves si Sánchez no es ratificado) o director general (en este momento no lo hay, y nombrarlo requiere de un difícil pacto multipartido).

“Hemos manifestado ya que no nos gustaba esta reforma, pero es lo que hay”, ha dicho este viernes la presidenta del consejo de administración de Telemadrid, Celia Ferrero, que como Sánchez ha comparecido ante la comisión dedicada a la compañía en la Asamblea de Madrid.

El órgano que preside Ferrero, sin embargo, ya ha dejado una muestra clara de que las cosas han cambiado en Telemadrid. Como adelantó EL PAÍS, en julio, una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la televisión y la radio públicas dejó en nada dos acuerdos adoptados por el mismo órgano solo siete días antes: pedir medidas cautelares a la Justicia para impedir que Sánchez pudiera tomar decisiones antes de ser ratificado por la Asamblea y rebajar de 600.000 a 100.000 euros los gastos que puede acometer sin el visto bueno del cónclave.

Es la mejor muestra de cómo el PP ha logrado controlar de nuevo la compañía pública, que ya sufrió una crisis de audiencia y crédito bajo los mandatos de Esperanza Aguirre. Ahora, denuncian los trabajadores, se corre el riesgo de pasar de tele-Espe a tele-Ayuso.

“El carácter provisional de mi cargo conlleva que el plan de trabajo se base en dar estricto cumplimiento a la ley, la carta básica y el contrato programa”, ha dicho Sánchez, que frente a la petición de recortes de Vox ha defendido que no se puede ajustar el presupuesto para dar el mismo servicio que ahora. “Nada más”, ha subrayado. “Sería pretencioso, rayaría el ridículo, que un administrador provisional viniera a la Cámara con un proyecto a medio o largo plazo”, ha argumentado. Y ha reconocido: “Ignoro si seré ratificado en la provisionalidad o no. El plan de trabajo es de día a día (...) Actúo con precaución”.

Día a día, las cosas han cambiado en Telemadrid. Tras cuatro años de estabilidad proporcionada por la anterior ley, aprobada tras largas negociaciones de todos los grupos, la inestabilidad se ha instalado en la compañía. Nadie sabe quién dirigirá Telemadrid el próximo viernes. Tampoco cuánto tiempo tardarán en ponerse de acuerdo los partidos para nombrar un nuevo director general, designación que requiere de un pacto entre derecha e izquierda. Y mientras tanto todos los nombramientos de la nueva etapa de Sánchez son provisionales.

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Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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