La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Esperanza Aguirre por reducir 135 camas en un hospital público

El ministerio fiscal, que también solicita que se investigue al exconsejero del PP Juan José Güemes, estima en 10 millones de euros las pérdidas para las arcas públicas por el recorte en el hospital Puerta de Hierro

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes y Esperanza Aguirre, en la inauguración de un hospital en Aranjuez.
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes y Esperanza Aguirre, en la inauguración de un hospital en Aranjuez.EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar a la expresidenta madrileña del PP Esperanza Aguirre y al exconsejero de Sanidad Juan José Güemes por reducir de forma ilegal 135 camas del hospital Puerta de Hierro de Madrid, lo que causó un daño de 10 millones de euros a las cuentas públicas. Fuentes fiscales han confirmado a EL PAÍS la presentación de este escrito, adelantado por Abc, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que investiga la supresión de camas a raíz de una querella de la propia Fiscalía Anticorrupción presentada a finales de 2020.

La Fiscalía se querelló contra la directora de Planificación y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, Elena de Mingo, por presuntas irregularidades en la construcción y explotación del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. En ese momento, eran consejero de Sanidad Juan José Güemes y presidenta regional Esperanza Aguirre, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada quiere investigar ahora por prevaricación y malversación.

Según la querella de Anticorrupción, hay indicios de que “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto” el contrato de concesión de obra para construir dicho hospital. Debido a esa gestión, “la administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados”, produciéndose un menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad de más de 10 millones.

La obra pública fue adjudicada por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease S.A. y SUFI, que constituyeron la sociedad Hospital Majadahonda S.A. El contrato se modificó en 2008 y las 135 habitaciones del citado hospital pasaron de ser dobles a individuales.

Para justificar este cambio se invocó una resolución de 5 de mayo de 2008 dictada a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no existió, asegura la Fiscalía, que subraya “la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo”. Pero, además, “se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos”.

El nuevo hospital Puerta de Hierro se inauguró en septiembre de 2008 con la presencia de los entonces Reyes, Juan Carlos I y doña Sofía. El nuevo centro, sin embargo, no tuvo capacidad suficiente para absorber a todos los pacientes del antiguo hospital. Los pacientes del distrito de Moncloa (unos 115.000) pasaron a tener como hospital de referencia la Fundación Jiménez Díaz, un centro privado en manos de la multinacional estadounidense Capio al que la Comunidad paga una cantidad anual por atender a la población que tiene asignada.

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