Una juez investiga al equipo de gobierno de Móstoles al completo por posible malversación y prevaricación

La dirección del PSOE-M pide explicaciones a los ediles y no descarta abrirles un expediente

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, a su llegada al Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles para declarar como investigada el 18 de noviembre.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, a su llegada al Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles para declarar como investigada el 18 de noviembre.A. Pérez Meca / Europa Press

Todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid, 207.095 habitantes) será investigado por un juzgado de la localidad por haber condonado, supuestamente, una deuda de 2,45 millones a la empresa ITV Móstoles SL. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1, María Pinto Andrés, amplía de este modo la investigación de la presunta trama, por la que hace 14 días fue a declarar la alcaldesa, la socialista Noelia Posse. La dirección del PSOE Madrid ha pedido a los ediles que les comunique su situación procesal ―en este caso, investigados― antes de tomar cualquier resolución sancionadora.

Los concejales de Más Madrid Susana García y Gabriel Ortega presentaron la querella contra el Ayuntamiento el pasado febrero, tras comprobar que el equipo de gobierno había perdonado el cobro de las tasas a la ITV por el uso del suelo público. El montante acumulado durante estos años alcanza los 2.455.725,39 euros. El juzgado la admitió a trámite en abril. Los querellantes entienden que se ha causado un daño patrimonial a las arcas municipales y que todo se hizo por “el mero capricho del equipo de gobierno y del tesorero”, según consta en la querella. “La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos veinte años”, añade el escrito judicial.

La querella sostiene además que la condonación de la deuda se realizó “eludiendo informes”. Para ello se utilizó la fórmula de incluir el punto de la ITV con carácter urgente y no tener en cuenta así las conclusiones en contra de “los altos funcionarios jurídico y económico (secretario e interventor) por el gravísimo perjuicio a las arcas públicas y la total falta de fundamento”. La ITV adeudaba desde 2013 unos 615.000 euros. Después, el equipo de gobierno redujo el canon a la mitad y le dio un periodo de demora de hasta 20 años sin aplicar siquiera intereses, según la querella. Había tres informes (dos del interventor municipal y uno del secretario) alertando de estas presuntas irregularidades.

El antiguo interventor municipal ya advirtió al Ayuntamiento de lo improcedente de la operación hasta el punto de ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que abrió una investigación sobre los presuntos “tratos de favor” de Posse a empresas privadas como ITV de Móstoles en lo que se ha considerado como una “amnistía fiscal”. Sobre esta empresa en particular, el propio interventor ya denunció que entre 2013 y 2018 acumuló una deuda con el Consistorio que se eleva a 1.026.232,51 euros. El interventor fue cesado en su puesto poco después. La ITV se encuentra en el Parque Tecnológico de Móstoles, en la calle de Federico Cantero Villamil número 5, cerca de la autovía de Extremadura (A-5).

La jueza ha citado a declarar el próximo 16 de febrero al primer teniente de alcalde, David Muñoz; a la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; al edil de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín, y la concejal de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz. El 28 de febrero han sido llamados la concejala de Igualdad, Dolores Triviño, la anterior responsable de este área ya jubilada, Beatriz Benavides y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, de Podemos.

El precedente de Rita Barberá

El portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, ha señalado en declaraciones a EL PAÍS que el Ayuntamiento de Móstoles está “ante una situación sin precedentes”, al haber sido imputada toda la junta de gobierno. “El único precedente que existe de algo parecido ocurrió con Rita Barberá en Valencia. Vimos serios indicios de delito e intentamos solucionarlo por vía interna antes de acudir a los tribunales, pero no nos hicieron caso”, ha criticado Ortega. Este ha recordado que el caso también está siendo estudiado por el Tribunal de Cuentas para valorar el alcance contable y el menoscabo a las cuentas municipales. “No entendemos que se ponga en duda la independencia judicial cuyo único cometido es velar por el cumplimiento de la legalidad. Esta amnistía fiscal la podían haber resuelto de manera política mucho tiempo atrás”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz de la junta de gobierno y también investigado, Alejandro Martín, ha defendido en una comparecencia ante la prensa que la querella de Más Madrid es “una denuncia política por parte de un partido que ya contribuyó a perder el Ayuntamiento de Madrid y cuyos tránsfugas mantienen a la derecha del PP y Vox en el poder”. “Las acusaciones son totalmente falsas. Confiamos en la labor de la justicia y dejaremos actuar a los jueces. Todo el expediente fue aprobado conforme a la ley y según las indicaciones que nos daban. Se hizo para preservar el empleo de la ciudad”, ha añadido. “Quiero invitar al diputado de Más País Íñigo Errejón a que haga una reflexión y es por qué desde su partido de izquierdas están contribuyendo a desgastar el gobierno de la segunda más importante de la Comunidad de Madrid”, ha concluido.

La dirección del PSOE de Madrid ha dado 24 horas a los concejales investigados para comunicar su situación procesal y luego se les aplicará el código ético, informa Juan José Mateo. “Se les ha pedido que con carácter urgente den explicaciones. Y en base a eso se actuará”, han explicado fuentes socialistas.

El reglamento marca que se les abra un expediente que, por lo general, queda paralizado hasta que no hay resolución judicial. Ya ocurrió con la propia alcaldesa de Móstoles y la contratación a dedo de familiares y amigos. Se le incoó un expediente sancionador por la comisión de una supuesta grave, pero nueve meses después se archivó. La propia regidora utilizó un sistema para eludir la propia sanción, como fue el darse de baja temporal de la agrupación y dejar así de ser militante.

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Sobre la firma

F. Javier Barroso

Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

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