El Tribunal Constitucional pone la lupa sobre las leyes de lectura única de los gobiernos de Ayuso

La oposición en la Asamblea de Madrid denuncia el abuso de un procedimiento legislativo que no admite enmiendas

La presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en la sesión de control el pasado jueves.
La presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en la sesión de control el pasado jueves.Isabel Infantes (Europa Press)

El Tribunal Constitucional acumula en los últimos tiempos un creciente número de recursos de amparo que cuestionan actuaciones de los órganos de gobierno de diferentes parlamentos, entre los que destacan los referidos a la Asamblea de Madrid. A la impugnación que se resolvió este mes a favor de Más Madrid por su exclusión de la Mesa de la Cámara en la pasada legislatura, se suman otras que afectan a la Ley del Suelo y a la ley sobre Telemadrid. El común denominador a todos ellos es la denuncia de la oposición por una forma de proceder en la organización de la Asamblea y sus fórmulas de tramitación legislativa que recuerdan las prácticas del rodillo parlamentario.

Los casos de los mencionados textos legales han generado especial interés en el Constitucional, que los ha admitido a trámite precisamente por considerar que plantean un debate muy importante. Y no ya por el contenido de su articulado, sino, sobre todo, por el método de gestión parlamentaria de la iniciativa, que es el conocido como procedimiento de lectura única. Como sucediera antes con la reforma de la ley del Suelo, el Constitucional ha asumido esta semana el recurso de amparo parlamentario sobre la de Telemadrid, presentado por el grupo socialista, por entender que la impugnación toca una materia muy sensible sobre los derechos de los diputados a ejercer su labor, el llamado ius in officium.

Este recurso, en suma, puede llevar a que se estudie no sólo la concreta decisión de la Mesa que ha sido recurrida ―la de encauzar el proyecto por la vía de tramitación que permite su aprobación rápida—, sino también las normas del Reglamento de la Asamblea que abren la posibilidad de conducir el debate por dicho procedimiento de lectura única. Los recurrentes sostienen, en este sentido, que en el caso de la reforma de Telemadrid se está vulnerando su derecho de participación política, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución, y el derecho del ejercicio de la función parlamentaria de los diputados previsto en el artículo 23.2. Y ello “por cuanto la decisión de la Mesa de la Asamblea sobre la tramitación de la proposición de Ley 1/2021 de Modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión de Madrid, por el procedimiento de lectura única priva a los recurrentes en amparo de su derecho de enmienda en el procedimiento legislativo”.

No se descarta, por tanto, que este recurso pueda llevar al Constitucional a plantearse una cuestión de inconstitucionalidad. Se conocen con esta denominación las iniciativas que puede tomar el tribunal si en el curso del proceso de resolución de un determinado asunto se topa con una norma dudosamente ajustada a la Constitución. Cuando este hallazgo le ocurre a un órgano judicial ordinario, debe paralizar su actuación y solicitar al tribunal de garantías que le aclare si el precepto presuntamente patológico debe ser expulsado del ordenamiento jurídico, para que deje de contaminarlo.

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Sin embargo, cuando es el Constitucional el que se encuentra en una situación de este tipo, se habla de autocuestión de inconstitucionalidad, porque el interrogante se lo ponen los propios magistrados. En tales casos, antes de resolver sobre la aplicación a un caso concreto de un precepto o conjunto de normas, el tribunal se impone examinar si el problema está más bien en su contenido, porque habilite indebidamente para actuar de un modo que implica vulnerar la Constitución. En expresión coloquial de un constitucionalista, “a veces el problema no es el huevo, sino la sartén”.

En el caso de la Ley del Suelo, por ejemplo, se aprobó el procedimiento de lectura única en virtud del artículo 167 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que faculta a la Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de Portavoces, para optar por dicha vía “cuando la naturaleza de un proyecto o proposición de ley lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita”. Pero el recurso lo que plantea precisamente es que no procede aplicar este precepto porque la ley de suelo es materia compleja y, por tanto, no existen “razones que motiven la ausencia de enmiendas por urgencia, necesidad o simplicidad del proyecto”.

Desde el PP, en cambio, se argumenta que el PSOE nunca ha cuestionado el Reglamento, que contempla el procedimiento de lectura única desde su primera redacción. Y también explica que esta vía podría aplicarse en las Cortes a iniciativas de gran calado, como sería la reforma parcial de la Constitución. En las alegaciones que hizo la Mesa de la Asamblea cuando se recurrió la Ley del Suelo se subrayaba que “por tanto, la mera circunstancia de tratarse de una materia urbanística, per se compleja a juicio de los recurrentes, ni que tenga repercusión en distintos ámbitos, obsta a la posibilidad de seguir el procedimiento de lectura única”.

Salvando todas las distancias, que son evidentes, en medios del Constitucional la reiteración en acudir a esta vía de gestión exprés de los procedimientos legislativos citados ha provocado el recuerdo de otros asuntos delicados vividos en el tribunal, como fue el de la anulación de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana. Obviamente, el asunto es muy distinto, pero sí hay similitudes en cuanto a la vía de tramitación elegida y a las denuncias que provocó. En el caso del Parlamento de Cataluña, el PP, Cs y PSC presentaron recurso, y el Constitucional les concedió amparo. También en ese caso se cuestionó que dicho procedimiento vulneraba los derechos de participación y representación política de miembros de un Parlamento autonómico.

En el caso de la Asamblea de Madrid, la preocupación de la oposición se debe a que considera que se está consolidando una tendencia a convertir la vía legislativa de la lectura única en una pauta de conducta, no en la excepción. Durante las dos legislaturas del mandato de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad, éste ha sido el procedimiento para la tramitación de diversas leyes, entre ellas la Ley de Eliminación de Impuestos Propios, la de Modificación del IRPF Tramo Autonómico, la de creación de la Universidad Internacional de la Empresa y la de creación de la Universidad UDIT. La preocupación que existe en la oposición es que esta práctica se siga extendiendo, con la consiguiente merma de capacidad de intervenciones y presentación de enmiendas, una forma de devaluar la función parlamentaria y el derecho de participación política no sólo de los diputados, sino también de los propios ciudadanos a través de sus representantes.

Una ley más en la diana

J. J. MATEO

Aunque queda menos de un año para que acabe la legislatura, es probable que los tres asuntos relacionados con la Asamblea de Madrid sobre los que se ha tenido que pronunciar el Tribunal Constitucional desde 2019, cuando Isabel Díaz Ayuso llegó por primera vez al poder, no sean los últimos. Así, la oposición ya anunció este jueves que llevará al tribunal de garantías la ley ómnibus, con la que el Gobierno del PP pretender lograr una cuarentena de cambios legales en una sola votación.

“Esta ley es una apisonadora contra los mecanismos de protección pública de la región”, criticó Alejandra Jacinto, la portavoz de Podemos, durante la sesión de control. “No se hagan demasiadas ilusiones”, advirtió. “No van a avanzar mucho con la ley monopoly, por muy trucados que tengan los dados. Ya le anuncio que la próxima casilla de la ley será el Tribunal Constitucional”. 

Además, el PP ha impulsado la segunda reforma de la ley de Telemadrid en ocho meses por el mismo procedimiento que ya ha llevado al Constitucional a interesarse por la primera, tras un recurso del PSOE: la lectura única. Una elección que abre de nuevo la posibilidad del recurso por parte de la oposición en el caso de que el cambio legal sea aprobado, para lo que la formación conservadora necesita el apoyo de Vox. 

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