Madrid, el paraíso de la educación privada: en la capital son minoría los alumnos de la pública

Solo un 40% de los estudiantes de la ciudad acuden a centros públicos, por el 55% de media de la Comunidad, el 67% del conjunto de España y el 81% de Europa

Un grupo de niños en el patio del colegio Blanca de Castilla de Madrid, el pasado febrero.Foto: ISABEL INFANTES (EUROPA PRESS)

“Este lunes, por fin, han puesto el cartel de que van a empezar las obras”. Andrés Fernández relata la espera de varias generaciones de alumnos que se quedaron sin poder estudiar en un instituto público en su barrio. Ocurre en Aravaca, una de las zonas más ricas de Madrid. Durante más de 30 años, las familias han visto crecer a sus hijos sin un centro público de secundaria al que llevarlos. Lo cuenta el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del instituto Ana Frank, el centro que va a empezar a levantarse ahora. “Se empezó esa lucha hace décadas, pero aún no está ni construido”, lamenta Fernández sobre el instituto, que desde 2019 tiene directora, profesores y alumnos... 65, que por ahora tienen que estudiar en otro lugar. Su relato es un ejemplo de las dificultades que tienen algunos padres en la Comunidad de Madrid para que sus hijos tengan plaza en la pública, mientras se dan cada vez más facilidades para ir a la enseñanza privada. Aquí desgrava fiscalmente comprar uniformes. Aprender idiomas. O pagar la guardería privada. Hay centros privados concertados construidos en suelo público. Y el último capítulo ha sido la polémica sobre las ayudas con dinero público para familias con ingresos de más de 100.000 euros para ir a centros privados. Como resultado, solo un 40% de los estudiantes de la capital van a centros públicos, por el 55% de toda la región, el 67% de España, y el 81% en la Unión Europea.

Madrid es la región española con más estudiantes en centros privados puros (15,8%) y tiene un 29,6% en concertados. Sumando las dos (45,4%) solo es superado por el País Vasco (48%). ¿Ha sido así siempre? No. Desde el curso 1994-1995, último con un Gobierno socialista, el de Joaquín Leguina, en la Comunidad de Madrid, ha caído en 5 puntos el volumen de estudiantes de la pública en la región. En el mismo periodo, solo la Región de Murcia queda por delante en esa evolución a favor de la privada (8 puntos). De hecho, Madrid ha perdido el triple de estudiantes en la pública que la media nacional (1,6 puntos).

Todas esas estadísticas, producto de 27 años consecutivos de gobiernos conservadores en la región, muestran un modelo que, según defendió en público Luis Peral, consejero de Educación autonómico entre 2003 y 2007, y han validado otros cargos del PP en privado, ayuda a que el PP gane elecciones.

“En las elecciones municipales de 2007, en los 24 municipios de la Comunidad de Madrid donde se celebraron concursos de suelo público para construir nuevos centros concertados, el PP incrementó sus votos en un 5,94%”, argumentó Peral en un debate de la Asamblea autonómica, que protagonizó como diputado hace algo más de un lustro. “Es decir, un 50% más que el incremento del 4,04% que se produjo en el conjunto de los municipios de la Comunidad”, añadió, apoyándose en un informe que había elaborado al respecto. Y concluyó: “Apoyar el derecho de elección de los padres (…) es algo requerido por el sentido común político de un partido que quiere gobernar”.

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Esta tesis tuvo pronto su puesta en práctica. Todo empezó con una frase pronunciada en 2011: “Vamos a hacer una auténtica revolución del sistema educativo”. En plena campaña para su reelección como presidenta autonómica (2003-2012), Esperanza Aguirre prometía instaurar una zona única educativa en la Comunidad de Madrid. Desde entonces da igual dónde vivan los alumnos, que en teoría pueden ir al centro público que quieran, a un concertado, o al privado que puedan costearse en cualquier lugar de la región. Más de 10 años después, el Gobierno autonómico presume de que el 93% de las familias llevan a sus hijos al centro que quieren, el de su primera elección. Sin embargo, en Madrid también hay padres que denuncian que quieren que sus hijos estudien en la pública, y no pueden.

“Al principio te dicen que tu hijo puede estudiar donde quiera, y parece muy bonito, pero es mentira”, lamenta Alessandra, de 48 años, que se pasó seis intentando matricular a su hijo en la escuela pública. Lo ha conseguido ahora, cuando Izan está a punto de empezar el instituto, y porque ha aceptado matricularlo en un centro cerca de La Cañada Real, al que “nadie quiere ir”. Su problema ha sido haber llevado a su hijo a un centro concertado de Vallecas (al sur de Madrid) durante la etapa de Infantil, lo que le penalizó cuando quiso cambiar a la pública en Primaria y Secundaria. “Me explicaban que como había llevado a mi hijo a un centro concertado, los que ya estaban en la pública tenían prioridad”, recuerda ahora Alessandra, que vive en Rivas, un municipio al sureste de Madrid en el que tiene el colegio José Hierro a cinco minutos a pie de casa. “No tiene sentido. Si lo quieres llevar cerca de casa, te puntúa en contra el haberlo llevado antes a un centro de Madrid”, se queja. “Y si ha sido concertado ya ni te cuento. Es una trampa. Entras ahí y ya no puedes salir”.

En el curso 2019-2020 no había suficientes plazas para que los 40.000 alumnos de entre 12 y 18 años de 9 de los 21 distritos de la capital siguieran estudiando en la pública y en sus zonas: muchos debían elegir entre ir a otro distrito, a uno de los 33 centros concertados cercanos (por 16 públicos), o a algún privado puro. En el curso 2021-2022, 17.976 jóvenes de toda la región se quedaron sin plaza en los estudios de formación profesional presencial de grado superior de su elección, y 6.938 en los de grado medio: o a la calle, o a un privado. Finalmente, de cara al curso 2022-2023, más de 8.000 niños se han quedado sin plaza en las escuelas infantiles públicas de Madrid capital, donde solo ha habido sitio para 4.312 solicitantes: la mayoría tendrá que elegir entre dejar a los niños en casa o pagar una guardería privada.

“Esto nos sitúa ante un sistema educativo injusto e ineficiente. Y, sobre todo, ante el riesgo de una sociedad fracturada y desigual”, opina Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta, en un artículo recogido este pasado junio en un informe de Unicef (La agenda 2030 en clave de infancia en la Comunidad de Madrid). “Si hay un indicador especialmente preocupante en la educación madrileña es el que tiene que ver con la segregación escolar por nivel socioeconómico”, precisa, señalando como origen del problema la importante presencia en la red educativa regional de centros privados puros y privados concertados.

“La Comunidad de Madrid defiende la libertad de elección educativa de las familias y garantizamos que en cada etapa obligatoria se escolariza a todos los alumnos de las familias que así lo deseen en un centro educativo sufragado con fondos públicos”, contrapone un portavoz de la Consejería de Educación. Los últimos presupuestos regionales dedican a esta materia 5.730.037.907 euros, de los cuales 1.164.550.095 euros van a los conciertos educativos para financiar las enseñanzas impartidas en centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos, y tres de cada cuatro euros a la pública, según datos gubernamentales.

Por ese camino se ha llegado a que en la ciudad de Madrid solo el 40% de los alumnos acudan a un centro público, por el 59% de la ciudad de Murcia en el curso 2019-2020; el 55% de Vitoria en el curso 2020-2021; el 54,7% de Zaragoza en el curso 2020-2021; el 46% de Barcelona en el curso 2021-2022, o el 42% de San Sebastián en el 2020-2021.

Frontera norte-sur en la capital

Aunque el dato capitalino se ha mantenido inalterable desde el curso 2002-2003, los detalles han cambiado radicalmente. Así, la brecha entre la educación privada y la pública ha ido mimetizando las fronteras de renta y esperanza de vida que dividen en dos la capital, rota entre el norte y el sur. Como consecuencia, hay también una frontera educativa en la ciudad. Del centro al sur, más estudiantes de la pública, y menos oferta de privados puros y concertados. Y del centro al norte, más alumnos de la privada y más oferta de estos centros. Esa distribución sigue en muchas ocasiones una lógica poco intuitiva: es en las zonas nuevas de Madrid, aquellas de más reciente construcción, donde suelen faltar más centros públicos. Una bicoca para la iniciativa privada, porque donde hay demanda, surge la oferta. La oferta privada.

¿Hay ciudades con menos alumnos en la pública que la capital de España? Sí. Por ejemplo, Bilbao, con un 39% en el curso 2020-2021. Pero incluso el País Vasco, que es el paraíso de la educación concertada, está por detrás de la región de Madrid en cuanto a alumnos que acuden a la privada pura. Nadie tiene más que la Comunidad que preside Ayuso: el 16%.

Beatriz, de 37 años, es profesora de Secundaria y sabe lo difícil que es encontrar plaza en una escuela pública, se puso a buscar con tiempo para el curso que viene para su bebé, que ahora tiene cinco meses. De las escuelas infantiles municipales, tanto de gestión indirecta como directa, nada. Fracaso total. También lo intentó en las que pertenecen a la Comunidad de Madrid. Y no solo en su distrito (Centro). Buscó en los de Latina, Arganzuela, Chamberí y Carabanchel. Cero. “La Comunidad dice que construyen en función de lo que las familias pedimos, pero no es cierto. Lo único que te encuentras disponible es concertada”, protesta. Al final, de rebote, consiguió plaza en el colegio San Alfonso, concertado y católico. “Es lo que hay. Yo soy atea y me lo tengo que comer, y eso que contra este cole no tengo nada, todo lo contrario, lo tengo contra el modelo”, insiste.

Peral, exconsejero de Educación regional, ha estudiado los efectos políticos de esa apuesta educativa. Y hay dos datos incontrovertibles. El PP ha ganado todas las elecciones autonómicas de Madrid entre 1991 y 2021, con una excepción, las de 2019 (pese a lo que se mantuvo en el poder). En la capital, lo mismo: el PP se ha impuesto en todos los comicios entre 1991 y 2019, cuando los perdió por primera vez en el siglo XXI. Ahora, ante la cita con las urnas de mayo de 2023, ya tiene un nuevo argumento: becas para etapas educativas no obligatorias a las que podrán optar familias con un hijo que ingresen más de 100.000 euros.

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