Punto de observación
Columna
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Luchas legítimas e ilegítimas

Las ONG acusadas por Israel de ser “organizaciones terroristas” hacen un trabajo fundamental probando abusos

Carmela Caldart

La Comisión Europea anunció hace varias semanas que examinará muy de cerca la decisión de las autoridades de Israel de declarar como “organizaciones terroristas” a seis ONG que defienden los derechos humanos de los palestinos. Van pasando los días y se desconoce en qué ha acabado ese examen. La gravedad de la acusación ha sido denunciada ya en múltiples foros (EL PAÍS, 30-10-2021) y, sobre todo, en un editorial del principal periódico israelí, Haaretz, cuya independencia y valentía deberían ser ejemplo y motivo de orgullo para los periodistas de todo el mundo.

Haaretz puso el dedo en la llaga al analizar el riesgo que corre el propio Israel al tomar la decisión de calificar de terroristas a ONG reconocidas internacionalmente: “El significado literal es claro: Israel está socavando la distinción entre lucha legítima e ilegítima”. Si todas las formas de resistencia constituyen terror, ¿cómo se puede resistir a la ocupación sin ser terrorista? Amnistía Internacional y Human Rights Watch calificaron la acción como “un ataque contra el movimiento internacional de derechos humanos”.

Lo único que ha llegado a la opinión pública es un informe del servicio de espionaje israelí que tiene su apoyo exclusivo en las declaraciones de dos contables, despedidos en su día por apropiación indebida, según las cuales las ONG facilitan fondos al Frente Popular de Liberación de Palestina. Los abogados de las organizaciones afectadas afirman que no existen más elementos de prueba.

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Tampoco existen pruebas contundentes en el llamativo caso contra la española Juana Ruiz Sánchez, de 63 años, administrativa de una de esas ONG. Ruiz fue detenida por soldados israelíes el 13 de abril de este año y ha pasado siete meses en la cárcel. Finalmente, el pasado miércoles un fiscal militar le ofreció que aceptara una condena de 13 meses por colaboración con organización ilegal y tráfico de divisas en Cisjordania, lo que quizás permita excarcelarla. Con tal de salir de la prisión, sus abogados y amigos españoles le aconsejaron que aceptara. Juana ha pasado interrogatorios muy duros, fue trasladada en alguna ocasión con grilletes y solo pudo ver a su familia en dos ocasiones en todo este tiempo, pese a las gestiones del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el apoyo consular.

Lo que subyace en el fondo de toda esta estrategia es que, en 2012 y pese a las protestas de Tel Aviv, Naciones Unidas concedió el estatuto de Estado observador a Palestina, lo que permitió que en 2021 el Tribunal Penal Internacional (TPI) abriera una investigación formal por presuntos crímenes de guerra cometidos tanto por la organización árabe Hamas en Gaza como por las fuerzas militares israelíes en los territorios ocupados. Por primera vez, se daba luz verde a que se investigara internacionalmente la actuación del Ejército israelí, algo que reclamaban los palestinos desde hacía décadas. Las ONG acusadas realizan un trabajo fundamental recogiendo pruebas de esos abusos y los indicios de atropellos que militares israelíes han podido cometer en el pasado, y que pueden seguir cometiendo, son numerosos.

“Estas ONG”, escribía Raja Shehadeh, abogado y fundador de Al-Haq, el principal grupo que supervisa desde 1979 los derechos de los palestinos y una de las organizaciones afectadas, “han jugado a lo largo de los años un papel vital, tanto en proporcionar información sobre las violaciones israelíes como en utilizar medios legales para resistir tales transgresiones contra los habitantes de los territorios ocupados, quienes gozan de protección bajo el derecho internacional. Ahora serán neutralizadas”.

Solo el reconocimiento del derecho a existir en paz del Estado de Israel, que no puede ponerse en duda, y de los palestinos a disponer del suyo propio en los territorios que definió la ONU en su momento, puede llevar a los dos adversarios a sentarse en una mesa de negociación y acordar los términos de su coexistencia. Ese momento está aún lejos, pero el pueblo palestino necesita que se reconozcan su existencia y su dolor y que respeten inmediatamente los principios que le reconoce el derecho internacional. Quizás la investigación del Tribunal Penal Internacional lleve a más ciudadanos de Israel a unirse a aquellos de sus compatriotas que mantienen hoy, con formidable coraje, los fundamentos democráticos con que nació su país.

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