Ensayos de persuasión
Columna
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Impuestos: el asno de Buridán

¿Qué fue de la reforma fiscal? Nunca es el momento político adecuado para ella

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Comité de Expertos para la reforma tributaria, Jesús Ruiz-Huerta, en el Ministerio de Hacienda, e 3 de marzo pasado, en Madrid.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Comité de Expertos para la reforma tributaria, Jesús Ruiz-Huerta, en el Ministerio de Hacienda, e 3 de marzo pasado, en Madrid.Carlos Luján (Europa Press)

El Gobierno trata de recuperar la iniciativa en el terreno impositivo. Había de reaccionar a dos es­tímu­los de carácter opuesto: asegurar ingresos públicos suficientes para financiar las crecientes necesidades relacionadas con la guerra de Ucrania (más gastos y durante más tiempo) y, al tiempo, sofocar el absurdo fiscal abierto por el presidente de Andalucía, al que han entrado al trapo, sorprendentemente, algunos líderes autonómicos socialistas. Y ello, en el contexto de lograr un acuerdo entre los dos socios del Ejecutivo, PSOE y UP, para los Presupuestos Generales del Estado 2023.

Las medidas adoptadas conllevan un impuesto extraordinario a las grandes fortunas (impuesto de solidaridad), un aumento del impuesto de sociedades para las grandes empresas, una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas para los más vulnerables, etcétera. Casi todas ellas figuran en el acuerdo de gobierno que firmaron en 2019 Pedro Sánchez y el entonces líder de UP, Pablo Iglesias. El tiempo determinará su eficacia recaudatoria y en términos de recaudación y de equidad, pero el procedimiento utilizado para llevarlos al Consejo de Ministros no puede evitar la sensación de improvisación.

Es lo que sucede cuando se rehúye durante mucho tiempo este tipo de cuestiones centrales: se amplía el terreno de juego al oponente político. ¿Qué fue de la reforma fiscal? Nunca llega el momento político para ella. Y sin embargo es obligatorio constatar una vez más el artículo 31.1 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargó hace tiempo a un grupo de expertos presididos por el catedrático Jesús Ruiz-Huerta que elaborase un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. Este fue presentado públicamente en marzo pasado. En él se explicitaban los principios sobre los que debe sustentarse tal reforma: adaptarse a la realidad económica del siglo XXI; garantizar un sistema tributario más equitativo, progresivo, justo y que incorpore la fiscalidad medioambiental, digital y la perspectiva de género; sentar las bases para una reforma estructural a medio y largo plazo que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas de manera que pueda responder a la financiación de los gastos, contribuyendo a reducir el déficit estructural y al mantenimiento del Estado de bienestar; obtener un análisis del sistema tributario óptimo en el sentido amplio, esto es, incluyendo la imposición directa, indirecta y los restantes ingresos públicos. Y ello teniendo en cuenta también la equidad interpersonal, territorial y de género.

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Cualquier sistema tributario debe ir de la mano de las necesidades de gasto público que en cada momento sean precisas para el bienestar ciudadano. Y las reformas que se hayan de hacer deben estar basadas en las evidencias, no en simples creencias.

Una evidencia: en España, la desigualdad de la riqueza es más amplia que la de la renta. Por ello deben existir los impuestos patrimoniales en la modalidad que sea oportuna. El impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones son dos gravámenes que dan cumplimiento al mandato constitucional citado, que articula el deber que corresponde a todos los ciudadanos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. En caso de considerarse ineficaces o injustos deben ser reformados, pero no eliminados o suspendidos en su totalidad. Nadie se puede llamar a engaño: en el acuerdo de coalición entre el PSOE y UP se decía que en esta legislatura se estudiaría la fiscalidad de las grandes fortunas. A finales de los años setenta del siglo pasado, ante el caos tributario existente con la fiscalidad de las viviendas, se extendió en California una rebelión de los contribuyentes a cuyo frente se puso un apóstol llamado Howard Jarvis que se hizo famoso. Cuidado con los movimientos demagógicos, no sea que ante la reforma fiscal ocurra como con el asno de Buridán: que al no saber elegir entre dos montones de comida se murió de inanición.

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