El Tribunal Supremo argentino anula los jueces nombrados por el Gobierno

Varapalo jurídico para Fernández de Kirchner, abiertamente enfrentada a la Corte

Cristina Fernández a su llegada a Rusia este martes.
Cristina Fernández a su llegada a Rusia este martes. KOCHETKOV (EFE)

Buena parte de la actualidad política en Argentina pasa por los tribunales, en los que el Gobierno se lleva un día una alegría y otro un golpe. Si el lunes el kirchnerismo lograba empezar a pasar página del caso Nisman cuando el fiscal rechazaba seguir con su denuncia contra la presidenta, hoy el Tribunal Supremo ha dado un varapalo importante al Ejecutivo. En una decisión unánime de los cuatro jueces que lo conforman –el quinto no logra ser sustituido porque el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso para nombrar al que le gustaría- el Supremo ha anulado el nombramiento que realizó el Gobierno de cinco “conjueces” designados para sustituir a los magistrados del Supremo en “circunstancias excepcionales”.

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El Supremo señala en esta sentencia unánime que no puede permitir el nombramiento del Ejecutivo porque estos jueces no lograron el apoyo de los dos tercios del Senado. La realidad de las cámaras, donde el kirchnerismo tiene una mayoría precaria desde 2013, bloquea así el intento del Gobierno por tener un mayor control del Supremo.

El enfrentamiento entre Fernández de Kirchner y este Tribunal, en especial su presidente, Ricardo Lorenzetti, es explícito, y la presidenta habla abiertamente del “partido judicial”, tratando de atribuir a intereses políticos sus decisiones.

"El nombramiento de los jueces de la Nación de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido es uno de los pilares esenciales del sistema de división de poderes sobre el que se asienta la República”, señala el Supremo para justificar su decisión. “Toda persona que interviene en una acción judicial tiene derecho a que los jueces que resuelvan el asunto hayan sido designados de acuerdo a los mecanismos que el constituyente consideró que garantizan la independencia e imparcialidad del órgano judicial que integran", rematan.

La Corte Suprema es la encargada de juzgar los grandes escándalos de corrupción y siempre ha sido un centro de presiones políticas y favores. En la época menemista se llegó al extremo de politización y varios jueces fueron acusados de corrupción, motivo por el cual la justicia tiene una valoración baja en Argentina. Néstor Kirchner quiso acabar con esta imagen y a su llegada, de la mano del entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz, colocó a jueces intachables al frente del Supremo. Béliz fue destituido precisamente por enfrentarse a Antonio Stiusso, el hombre clave del espionaje, que se hizo conocido con el caso Nisman y ahora se ha fugado de Argentina.

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Las cosas han cambiado desde aquellos primeros años del kirchnerismo y varios medios argentinos especulan con la posibilidad de que Fernández de Kirchner quiera ampliar de nuevo la Corte hasta nueve miembros –como era en la época menemista- para recuperar el control ante un panorama judicial complejo, en el que se debe juzgar escándalos como el de Hotesur, que afecta directamente a su familia. El Gobierno ha negado que tenga intenciones de ampliar la Corte pero de momento ha recibido un mensaje claro de sus miembros actuales, que mantienen las espadas en alto contra el poder ejecutivo y tratan de mantener el control.

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