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Columna
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Un país en medio de la guerra (Convención, Norte de Santander)

Cada día tenemos pruebas irrefutables de que aquí la barbarie sigue llenándose de sus falsas razones

Suena a coraje, pero también a indolencia: “Un país en medio de la guerra”. Todo lo que ha sucedido en la Colombia de los últimos setenta años –algunos escribirían “Todo lo que ha estado pasando en Colombia desde que se resignó a llamarse Colombia”– ha ocurrido mientras crece y muta y se degrada una guerra. Se ha tenido el valor para llevar a cabo procesos y acuerdos de paz, en 1953, en 1957, en 1974, 1984, en 1989, en 1991, en 1994, en 1998, en 2003, en 2005, en 2012, en 2016, pero la violencia se ha reagrupado una y otra vez como un virus resistente a los remedios y a las altas temperaturas. Ha habido avances. En apenas medio siglo, hemos ido de la amnistía de los déspotas a la justicia transicional de los demócratas. Pero cada día tenemos pruebas irrefutables de que aquí la barbarie sigue llenándose de sus falsas razones.

Digo esto que digo porque el lunes pasado se supo que el señor Dimar Torres, un exmiliciano de las FARC que había empezado una vida nueva en el municipio de Convención, Norte de Santander, había sido asesinado a sangre fría por miembros de la fuerza pública a unos pasos de un asentamiento militar. Y, al final de otra semana llena de ira –exacerbada por el lenguaje de los políticos azuzadores, por el vandalismo de los infiltrados en las protestas sociales, por la celeridad con la que el Consejo de Estado ha anulado las curules de un par de senadores de la oposición–, la Comisión de Paz del Senado de la República llegó a la conclusión de que la muerte de Torres no había sido el resultado de “un forcejeo” entre hombres armados, como lo había asegurado nuestro eufemístico e irresponsable ministro de Defensa, sino una ejecución extrajudicial: otra.

En Colombia se quiere, pero no se puede hablar de “los peores días”. Podría decirse que en los años cincuenta, cuando estalló la guerra sin honores ni glorias entre los liberales y los conservadores, la ferocidad de esta cultura tocó fondo con torturas como “el corte de corbata” o “el corte de franela”: el cadáver del enemigo humillado, como una escultura macabra, en un rito de sangre. Pero luego vinieron los secuestros de catorce, quince, dieciséis años que llevó a cabo la gente de las FARC. Y después se supo de los 31 suplicios que se inventaron los verdugos de las bandas paramilitares: de los partidos de fútbol con cabezas a los taladramientos de huesos. Y, en estos últimos años, de las casas de descuartizamientos que montaron los guerrilleros en el Pacífico. Y de las 15.076 víctimas de violencia sexual en el conflicto que nadie quería pronunciar.

Y de “los falsos positivos”: de los diez mil civiles inocentes que ciertos soldados del ejército, ávidos de darle resultados –o sea, de aumentarle el recuento de cadáveres– a la “Seguridad Democrática” del Gobierno del presidente Uribe, hacían pasar como guerrilleros muertos en combate.

El cadáver de Dimar Torres apareció, abaleado y desfigurado, a unos pasos de la tumba que le estaban cavando sus verdugos: su esposa no alcanzó a darle la noticia de que iba a ser padre. Su tragedia está aquí para atizar la desconfianza, el miedo, el odio. Y también para pensar que podemos seguir encarando esta guerra como la hemos encarado, resistiendo y narrando la violencia con la ilusión de que se agote y se acabe algún día, montándonos un posconflicto en medio del conflicto y una justicia transicional para procurar la transición, pero que si no somos capaces de alcanzar un cierre entre nosotros –de reconocer, por ejemplo, al tribunal especial para la paz que el uribismo quiere hundir– no solo tendremos que someternos a las investigaciones de la Corte Penal Internacional, sino que seguiremos siendo definidos por nuestro exterminio.

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