Amnistía Internacional lanza una campaña contra el uso de gas lacrimógeno en el mundo

La organización en defensa de los derechos humanos critica su utilización indiscriminada y pide regular su comercio

La policía dispara cartuchos de gas contra los manifestantes en la ciudad de Minneapolis, EE UU, el pasado 30 de mayo. En vídeo, la campaña contra el uso del gas lacrimógeno. JOHN MINCHILLO (AP) | Amnistía Internacional

Soldados y miembros de las fuerzas de seguridad asaltaron el año pasado un hospital en Omdurman, a las afueras de Jartum, la capital de Sudán. Durante la incursión, los agentes llenaron la sala de urgencias de gas lacrimógeno. “Dispararon cuatro cartuchos de gas; gracias a Dios solo explotó uno”, contaba el personal médico a Amnistía Internacional. El cartucho que explotó cayó bajo la cama de un hombre de 70 años que había sufrido un paro cardiaco. Murió a los 10 minutos.

El caso de Sudán es uno de los ejemplos que ha recogido Amnistía Internacional (AI) en su investigación sobre las malas prácticas de este arma no letal en los últimos años. Este jueves, la organización defensora de los derechos humanos ha publicado junto a la Fundación Omega una web en la que repasa algunas agresiones con el gas tóxico cometidas a nivel mundial, explica la peligrosidad de su uso y entra incluso en la polémica de su comercialización. El informe llega en un momento en que la ONU estudia elaborar controles sobre el negocio internacional de armas menos letales, a las que pertenece el gas lacrimógeno.

“Las fuerzas de seguridad suelen hacernos creer que el gas lacrimógeno es un medio seguro para dispersar multitudes violentas, que evita tener que recurrir a armas más nocivas. Pero nuestro análisis demuestra que las fuerzas policiales están haciendo un uso indebido de él, y a una escala generalizada”, afirma Sam Dubberley, director del proyecto Evidence Lab del programa de respuesta a las crisis de AI.

Para la investigación se ha creado una red con un centenar de estudiantes y profesionales de seis universidades distintas con formación en el rastreo y la verificación de contenido de las redes sociales. “El uso de fuentes abiertas como las redes sociales han hecho posible un trabajo que hace años hubiera sido casi imposible de gestionar. Hemos analizado más de 500 vídeos que nos han permitido localizar 80 casos de uso indebido confirmando lugar, fecha y validez de cada uno”, explica Dubberley. “Hay países de los que antes era más difícil acceder a información y poco a poco han empezado a llegar vídeos que nos permiten documentar incidentes, como son el caso de Irán o China”.

Los últimos casos destacados en el mapa de incidentes que contiene la web llegan hasta hace apenas unas semanas, a las protestas en EE UU contra la violencia policial motivadas por la muerte de George Floyd. “Las recientes imágenes de Estados Unidos o Hong Kong dejan claro que es una práctica demasiado común a día de hoy y que puede desde coartar el derecho de reunión de las personas a directamente amenazar sus vidas. Hemos registrado casos de disparos directos a manifestantes, con consecuentes mutilaciones y traumatismos”, critica Dubberley.

Pese al mal uso generalizado del gas tóxico, AI denuncia la opacidad en la que se encuentra el mercado de este tipo de productos, que carecen de una normativa internacional sobre su comercio. La investigación destaca siete empresas con distintas nacionalidades como productoras este tipo de materiales. “Acceder a la información sobre las ventas y distribución de gas lacrimógeno es casi imposible. Ni los propios Estados o comisarías de policía dan información de sus reservas”, critican los expertos de AI.

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Para Isabel Mendoza, del equipo de Armas de AI, el problema reside en la falta de legislación, que es prácticamente inexistente. “El uso y venta de estos materiales considerados menos letales deberían estar también sujetos a los controles internacionales sobre armas que se están debatiendo actualmente en la ONU”, asegura la activista y experta, que recuerda: "De todas formas, los países no tienen por qué esperar, podrían incrementar ya sus controles nacionales y regionales”.

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