La UE reabre la batalla con Polonia y Hungría por su deriva autoritaria

Los socios comunitarios pactan por mayoría vincular los fondos europeos con el Estado de derecho con la oposición, entre otros, de Varsovia y Budapest

La vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová durante la presentación del informe sobre el Estado de derecho en la UE, este miércoles, en Bruselas.
La vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová durante la presentación del informe sobre el Estado de derecho en la UE, este miércoles, en Bruselas.Delmi Álvarez

Bruselas ha vuelto a la carga en su batalla por frenar la deriva autoritaria de Hungría y Polonia. En su primer examen, país por país, del Estado de derecho en la UE, la Comisión Europea expresó las “graves preocupaciones” que siguen suscitando esos dos socios por reformas que socavan la independencia judicial o de los medios. El informe, además, ha reabierto las disputas entre los Veintisiete, que este miércoles pactaron por mayoría vincular los fondos europeos con el respeto al Estado de derecho.

La Comisión Europea puso por primera vez negro sobre blanco la situación del Estado de derecho en todos y cada uno de los Veintisiete. Bruselas presentó un nuevo informe que consiste en un minucioso examen anual por país de los cuatro pilares sobre los que Bruselas considera que descansan los principios fundamentales europeos: la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y los controles democráticos al poder.

El informe ha vuelto a enfrentar a Polonia y Hungría con Bruselas. Tal ha sido el malestar generado que ambos países han amenazado con crear un instituto sobre el Estado de derecho para analizar la situación en otros países y contrarrestar las conclusiones comunitarias. Con un lenguaje casi descriptivo, la Comisión expresa su preocupación por el debilitamiento de la independencia judicial en ambos países, pero también por la falta de mano dura de Budapest contra la corrupción en las altas esferas o los ataques de Varsovia a entidades civiles o al colectivo LGTBI.

“La Unión Europea fue creada también como un antídoto a las tendencias autoritarias”, sostuvo la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, quien se mostró firme después de que el líder húngaro, Viktor Orbán, haya reclamado su dimisión por declaraciones suyas en una entrevista en Der Spiegel. En ellas, Jourová criticaba que Orbán se jacte de estar creando un modelo de democracia antiliberal, cuando en realidad está creando una “democracia enferma”.

La publicación de la Comisión Europea no solo señala a Polonia y Hungría. También es muy dura con Bulgaria, donde los ciudadanos han salido masivamente a la calle en las últimas semanas para protestar contra los escándalos de corrupción, y con Malta, donde Joseph Muscat dimitió como primer ministro tras los avances en las investigaciones del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Bruselas también destaca problemas de independencia de la justicia en Rumania, Croacia y Eslovaquia; de falta de esfuerzos en combatir la corrupción en República Checa y capítulos de ataques a periodistas en Eslovenia y España.

Tormenta entre los Veintisiete

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Los resultados del informe no son una sorpresa para las capitales, que habían tenido acceso a los borradores para proponer correcciones. Fuentes comunitarias explican, sin embargo, que provocó una auténtica tormenta entre Bruselas y las capitales, que exigieron cambios en los borradores que el Ejecutivo comunitario no podía aceptar. Y todo ello a las puertas de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y tras la presentación de una propuesta de pacto migratorio que, pese a basarse en el aumento de expulsiones, sigue provocando el rechazo de los ultraconservadores polacos y los nacionalistas húngaros.

Las diferencias entre las capitales se volvieron a plasmar, además, cuando Alemania —que tiene la presidencia de turno de la UE— recibió el beneplácito de la mayoría de las capitales para vincular el desembolso de los fondos europeos con el cumplimiento del Estado de derecho. Según fuentes diplomáticas, del acuerdo se desmarcaron, por un lado, Polonia y Hungría, que ven las orejas al lobo; y por el otro, los Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Austria.

Las divisiones que marcaron la recta final del Consejo de julio, donde se pactó el fondo de reconstrucción, volvieron a reabrirse. Lo advirtió el representante alemán ante la UE, Michael Clauss, quien dijo estar preocupado de que ese “acalorado debate” pueda acabar bloqueando la aprobación de los fondos de reconstrucción. “El calendario sigue retrasándose”, avisó.

La Comisión ve el ‘procés’ como un “asunto interno”

España pasó sin enormes contratiempos el examen de la Comisión Europea. Como avanzó EL PAÍS, Bruselas sí destacó que la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue empantanada desde 2018 y que la relación entre la Fiscalía General y el Ejecutivo crea problemas por la coincidencia del mandato y las comunicaciones con el ministerio de Justicia. Además, situó a España entre los países en los que ha habido episodios de agresiones a periodistas. E incluso habla de un partido —en referencia a Vox— que deniega “de forma selectiva” el acceso de periodistas a sus actos.

En cambio, el informe no dedica ni una línea al 'procés'. La Comisión Europea aseguró que no era objeto del informe analizar juicios concretos, sino de ver el funcionamiento “sistémico” del Estado de derecho en los países miembros. El comisario de Justicia, Didier Reynders, sostuvo que la posición de Bruselas no ha cambiado: el conflicto catalán debe ser resuelto de acuerdo con la Constitución. Y ahí Bruselas no tiene nada que decir.

“La posición de la comisión sobre la situación es conocida: es un asunto interno de España que tiene que ser abordado según el orden constitucional español, que Bruselas respeta íntegramente, incluidas la decisiones de los tribunales españoles”, afirmó Reynders.

Para elaborar el informe, la Comisión consultó, además de las capitales, con agencias europeas, sociedad civil, organizaciones profesionales —por ejemplo, de jueces o periodistas— e instituciones internacionales. En total, más de 200 actores implicados en el funcionamiento del Estado de derecho y realizó más de 300 encuentros de forma virtual. El informe será enviado ahora al Consejo, donde será discutido por los Veintisiete.

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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