Encarceladas y separadas de sus familias, la doble condena de las detenidas por abortar en El Salvador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucha las denuncias sobre la situación que viven en pandemia las presas en las cárceles salvadoreñas

Tres detenidas en el penal de Izalco (El Salvador), en una imagen de mayo de 2019.
Tres detenidas en el penal de Izalco (El Salvador), en una imagen de mayo de 2019.Kasia Strek

A las mujeres encarceladas por haber sufrido emergencias obstétricas en El Salvador -penalizadas bajo el delito de homicidio por aborto involuntario- se les ha negado ver a sus familias con la excusa de la pandemia. Desde hace al menos nueve meses, las organizaciones de derechos humanos que siguen sus casos están pidiendo que el país tome medidas urgentes para garantizar sus derechos, pero el Estado no las ha escuchado. Este jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelven a exponer lo que están padeciendo las detenidas en el país centroamericano.

Ha sido imposible que haya distanciamiento en las cárceles de El Salvador, que están entre las más hacinadas del mundo, y la alteración en el régimen de visitas -que es la forma en que algunas reciben elementos de aseo y medicinas- ha empeorado las condiciones de estas mujeres, muchas detenidas injustamente, dice Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. “En estos meses de pandemia hemos pedido que se estudien sus casos y que se les otorgue libertad condicional, pero no han querido escucharnos”, denuncia.

Los reclamos de los grupos de derechos humanos no han sido atendidos y tampoco se ha cumplido con una sentencia del Tribunal Constitucional de El Salvador que en julio pasado ordenó una revisión urgente de los expedientes de 14 mujeres detenidas por abortar, indicar cuáles son sus condiciones de salud y explicar por qué se les ha prohibido que se comuniquen con sus familias. ”Las restricciones indebidas al régimen de visitas o la incomunicación coactiva pueden llegar a constituir formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes”, señaló el tribunal, que cuestionó la inoperancia del sistema judicial ante las solicitudes de las que han cumplido el tiempo en prisión necesario para lograr beneficios carcelarios.

Carmen Martínez, gerente regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, dice que desde que el Tribunal respondió a una acción jurídica -interpuesta, entre otras, por su organización- que pedía contemplar la libertad de 14 presas, “no ha pasado nada”, a pesar de que para cumplir con las solicitudes de la justicia había un plazo de apenas unos días desde que se emitió la sentencia. “Si no se concedía su libertad debía argumentarse, y con fundamentos de peso, pero no ha pasado nada”, insiste.

La población penitenciaria en El Salvador ha aumentado de 7.800 en el año 2000 a más de 36.600 este año y la CIDH ya ha mostrado su preocupación por lo que se vive en los reclusorios de ese país. En diciembre de 2019 aseguró que, tras una visita, había constatado “graves violaciones de derechos humanos”. El pasado abril alertó sobre el riesgo al que estaban expuestos los detenidos con las medidas que se estaban decretando para atajar la covid-19. Este miércoles, la CIDH ha vuelto a poner los ojos en las prisiones de El Salvador, particularmente en la situación de las mujeres. “Hemos planteado que se incluya el enfoque de género porque en este país muchas están procesadas sin haber cometido ningún delito, por problemas de salud como lo es una complicación obstétrica”, dice Morena Herrera.

Abogar por la libertad de estas mujeres es lidiar con un sistema que parece no querer escuchar y con el acoso de quienes se oponen a verlas fuera de las prisiones. Herrera cuenta que este año ha habido semanas en las que las plataformas digitales de la organización que lidera han sido blanco de al menos 13 intentos de hackeo y días en los que hasta 40 personas se han parado en la puerta de la institución a rezar y reprocharles, Biblia en mano, el trabajo que hacen por las detenidas.

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El Salvador es uno de los seis países de América Latina donde el aborto está penalizado en todas las circunstancias. Tiene uno de los sistemas judiciales más duros con las mujeres, que terminan siendo perseguidas por una justicia que no entiende de complicaciones durante el embarazo y las condena con penas de hasta 40 años. “Ahora más que nunca, especialmente en una pandemia que pone la vida en riesgo, exhortamos a la CIDH para que siga abogando y presione a El Salvador para liberar a estas mujeres injustamente encarceladas”, pide Herrera, una vez más.

Sobre la firma

Sally Palomino

Redactora de EL PAÍS América desde México. Antes fue parte del equipo de EL PAÍS en Colombia. Ha sido reportera de la revista SEMANA en su formato digital y editora web del diario EL TIEMPO, entre otros medios colombianos. Su trabajo periodístico se ha concentrado en temas sobre violencia de género, conflicto armado y derechos humanos.

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