Las autoridades atenazan a los aliados de Navalni con órdenes de arresto que les alejan de las calles y de Internet

El hermano del activista y los principales colaboradores no podrán salir de casa ni usar la Red hasta el 23 de marzo tras ser acusados de violar las normas epidemiológicas en las protestas de apoyo al opositor

Oleg Navalni, hermano del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, en un tribunal de Moscú este viernes.
Oleg Navalni, hermano del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, en un tribunal de Moscú este viernes.Tverskoy District Court of Mosco (Reuters)

Las autoridades rusas tratan de apagar el mensaje del líder opositor Alexéi Navalni, alejando a sus aliados de las calles y de Internet. A poco más de un día de la siguiente ronda de protestas convocada en apoyo al dirigente ruso, actualmente en prisión preventiva, un tribunal ha dictado órdenes de arresto domiciliario para el hermano del opositor, Oleg Navalni; para su número dos, Liubov Sobol, y otros de sus principales colaboradores. Todos están acusados de violar las normas epidemiológicas por la pandemia del coronavirus en la manifestación multitudinaria que se celebró el pasado sábado. No podrán salir de casa ni usar las comunicaciones, incluida la Red, hasta el 23 de marzo. Y solo podrán hablar con los familiares con los que viven, su abogado y los investigadores del caso.

Oleg Navalni, Sobol, Anastasia Vasilieva (jefa del sindicato Alianza de Doctores y médica del opositor), y María Aliojina, miembro del grupo punk Pussy Riot, fueron detenidos el miércoles por la noche en una ola de registros y arrestos y trasladados a un centro de detención preventiva. Este viernes, un tribunal de Moscú ha acordado para ellos medidas restrictivas durante casi dos meses. Un dictamen que eleva aún más la presión sobre el círculo cercano del destacado opositor y que llega un día después del llamamiento a nuevas manifestaciones por parte de Navalni, que fue arrestado nada más regresar a Moscú procedente de Alemania, donde se recuperó del envenenamiento que casi le cuesta la vida.

Está prevista una nueva marcha de protesta este domingo en más de un centenar de ciudades rusas y, para evitar que igualen las protestas del pasado sábado, cuando participaron decenas de miles de personas en 110 ciudades y que terminaron con más de 4.000 detenidos, las autoridades se están movilizando para cercar a los aliados de Navalni. Con el opositor en la cárcel, con ellos quienes fundamentalmente mantienen vivas las movilizaciones, prohibidas por las autoridades.

Moscú ha levantado esta semana una serie de restricciones relacionadas con la pandemia. Los bares, clubes y restaurantes han podido volver a abrir por la noche y se ha quitado un porcentaje de teletrabajo en oficinas tras alegar que las infecciones han disminuido. Sin embargo, las reuniones multitudinarias siguen prohibidas.

Acusado de violar los términos de la libertad condicional en que se encontraba por una sentencia de 2014, Navalni, que atribuye al presidente ruso, Vladímir Putin, la orden de su envenenamiento, está en prisión preventiva hasta que se celebre el próximo juicio, donde se juega una sentencia de más de tres años de prisión en una colonia penal.

Liubov Sobol en un tribunal de Moscú, este viernes.
Liubov Sobol en un tribunal de Moscú, este viernes.HANDOUT (AFP)
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Ni las críticas de Occidente por el arresto del destacado opositor y la represión de las protestas, ni la próxima visita del Alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, prevista para la próxima semana, han disuadido al Kremlin de su política de mano dura. Este viernes, en otro movimiento para evitar la visibilidad de las manifestaciones en apoyo a Navalni, la Fiscalía general rusa ha ordenado al regulador estatal de telecomunicaciones, Roskomnadzor, que bloquee los llamamientos en Internet a unirse a las protestas.

Las autoridades rusas llevan días tratando de que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y las redes sociales rusas censuren los mensajes sobre las movilizaciones, bajo el argumento de que carecen de autorización y de que inducen a menores a participar en ellas. En un nuevo intento de evitar que la ciudadanía —que suma la indignación del caso Navalni al descontento social por la situación económica y la desigualdad del país— salga a la calle, el Ministerio del Interior ruso ha advertido que los participantes en manifestaciones pueden enfrentar cargos penales que podrían costarles hasta ocho años de cárcel.

Las autoridades abrieron más de una docena de causas penales sobre presuntos disturbios, bloqueo del tráfico y otras infracciones cometidas durante las protestas del pasado sábado, las más multitudinarias de la última década. En ciudades como Moscú, donde los sistemas de videovigilancia están equipados en gran parte con un puntero sistema de reconocimiento facial, las autoridades han asegurado que estudian ya el material filmado –también el divulgado en los medios y las redes sociales—para identificar a los supuestos infractores.

Mientras, el Kremlin trata de neutralizar la indignación provocada por la investigación de Navalni sobre el supuesto millonario palacio del presidente ruso en el Mar Negro. El principal canal de la televisión pública, que hasta hace poco actuaba como si el opositor fuera invisible al igual que el Kremlin, ha difundido un reportaje sobre la supuesta mansión. El informe trata de desmentir que la lujosa finca perteneciese a Putin y alegó que se trata de un hotel. El vídeo sobre el supuesto palacio de Putin, que ha sacudido Rusia, acumula ya 100 millones de visionados.

Sobre la firma

María R. Sahuquillo

Corresponsal en Moscú, desde donde cubre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético. Antes, fue enviada especial para grandes coberturas y se ocupó de los países de Europa Central y Oriental. Ha desarrollado casi toda su carrera en EL PAÍS y además de temas internacionales está especializada en asuntos de igualdad y sanidad.

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