La UE y el Reino Unido llevan a la cumbre del G-7 su tensión y desconfianza mutua

Joe Biden logra el respaldo del resto de líderes hacia una postura más firme con China

El primer ministro británico, Boris Johnson, en el centro, durante un encuentro el sábado con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la reunión del G-7 en Cornualles.
El primer ministro británico, Boris Johnson, en el centro, durante un encuentro el sábado con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la reunión del G-7 en Cornualles.Peter Nicholls (AP)
Rafa de Miguel
Falmouth (Cornualles) -

Había demasiado en juego en la cumbre del G-7 de Cornualles como para reventarla, pero la creciente tensión entre el Reino Unido y la UE ha resultado imposible de esquivar. Y el anfitrión, Boris Johnson, ha contribuido a que el conflicto se inflara con unas declaraciones poco medidas. “El Reino Unido es un solo país y un solo territorio. A ver si consigo que se les meta esa idea en la cabeza”, ha dicho.

El primer ministro ha amenazado incluso con invocar el artículo 16 del Protocolo de Irlanda del Norte y dejar de cumplir unilateralmente con los compromisos que le exige Bruselas. Sin perder el tono, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha mantenido una reunión bilateral con el primer ministro británico, ha respondido en su cuenta oficial de Twitter: “Negociamos un protocolo que preserva [la paz en Irlanda], firmado y ratificado por el Reino Unido y la UE. Queremos las mejores relaciones posibles con este país, pero ambas partes deben cumplir lo acordado. La UE permanece unida en esta postura”. Ha sido de nuevo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha adoptado desde un principio la imagen más combativa con el Gobierno de Johnson, el que ha elevado el tono durante el encuentro de Cornualles. Según fuentes del Ejecutivo francés, había exigido al político británico, en un encuentro privado, que cumpliera de una vez los compromisos adquiridos en el acuerdo del Brexit, si quería “resetear” las relaciones entre ambos países y comenzar de nuevo con buen pie. Solo la canciller Angela Merkel, quien asistía a la que será su última cumbre del G-7, moderaba las palabras. Pero también ella había incidido en la espinosa cuestión durante su reunión con el primer ministro británico, y le había pedido “que buscara una solución pragmática”.

Londres quiere una nueva prórroga para los controles aduaneros que está obligado a realizar sobre las mercancías que viajan desde el Reino Unido a Irlanda del Norte. Bajo el Acuerdo de Retirada que firmaron las partes, ese territorio británico forma parte del Mercado Interior de la UE. Era el modo de evitar la imposición de una frontera que partiera de nuevo la isla y pusiera en peligro la paz alcanzada con el Acuerdo del Viernes Santo. Jaleado por el ala dura del Partido Conservador y por los unionistas del Úlster, que se siente traicionados por Downing Street, Johnson quiere replantear los términos del acuerdo y lograr más flexibilidad. “La guerra de las salchichas”, la han bautizado los tabloides británicos, siempre dispuestos a agitar las llamas de un nuevo incendio con Bruselas. Ese producto cárnico tan popular entre los ingleses sería el primero en sufrir los posibles aranceles que la UE se ha mostrado dispuesta a imponer a finales de junio si Londres no empieza a cumplir su parte y pone en marcha los controles.

Si Johnson logró que el estadounidense Biden rebajara el tono respecto a la cuestión irlandesa a su llegada a Cornualles, a pesar de que el asunto es especialmente sensible para la Casa Blanca, la estrategia desplegada por Francia, Alemania y los representantes de la UE en la cumbre le ha hecho cambiar de opinión. Sobre la marcha, decidía que la mejor defensa es un buen ataque, y emprendía una ronda de entrevistas televisivas para dejar claro que es él quien lanza la amenaza. “Creo que si el protocolo se sigue aplicando del modo actual, no dudaremos en invocar el artículo 16”, aseguraba a Sky News. Es la misma cláusula de la que echó mano Bruselas, para retirarla horas después por la gravedad y la tensión que desató, cuando comenzó la guerra de las vacunas y la UE amenazó con impedir la exportación de nuevas dosis desde el continente a la isla. Sospechaban entonces que los medicamentos llegaban a Gran Bretaña procedentes de Irlanda del Norte.

La tensión entre el Reino Unido y la UE ha ensombrecido una cumbre que prometía ser un éxito desde sus inicios, y en la que el presidente Biden hubiera preferido que el resto de líderes centraran su atención en otra parte del mundo: China. Aun así, ha logrado recabar el apoyo formal del G-7 a una iniciativa que puede tener una importante trascendencia en el futuro cercano. Las siete naciones han respaldado una iniciativa, de colaboración público-privada, que podría llegar a suponer una inversión de 40 billones de dólares, para contrarrestar la influencia internacional alcanzada por Pekín con su nueva “ruta de la seda”. Biden quiere poner en marcha un proyecto de nuevas infraestructuras y comunicaciones que dé respuesta a los centenares de acuerdos desplegados por el gigante chino con países asiáticos, latinoamericanos o africanos. El G-7 está además dispuesto, como reclama Biden, a elevar el tono de anteriores comunicados para denunciar las prácticas de “esclavitud laboral” que, según Washington, tienen lugar en algunas zonas de China. Queda por ver el tono final del comunicado de la cumbre, porque países como Italia o Alemania, y hasta el propio Reino Unido, comprenden la necesidad de mostrarse firmes ante el desafío, pero no quieren romper todos los puentes con una potencia cuya cooperación sigue siendo imprescindible para hacer frente a retos como el cambio climático.

Más allá de Irlanda del Norte, la reunión de Cornualles -la primera presencial desde hace casi dos años, debido a la pandemia- ha tenido sustancia y ha enviado un cierto mensaje de optimismo. Los líderes convocados se habían conjurado para demostrar que las democracias liberales siguen teniendo respuestas a la crisis actual, a partir de sus principios y valores, frente las que plantean regímenes autoritarios como el chino o el ruso. Se han comprometido a trabajar en el impuesto mínimo de Sociedades de “al menos el 15%” que acordaron sus ministros de Economía en Londres, a principios de junio. Han anunciado la entrega a los países más pobres y necesitados de mil millones de vacunas. Y sobre todo, a petición expresa de Biden, han decidido seguir apostando por la expansión de los estímulos fiscales -es decir, por seguir inyectando dinero a las economías- para salir de la actual crisis. El “consenso de Cornualles”, en contraposición al “consenso de Washington” que bendijo una globalización sin frenos y la austeridad fiscal, se ha impuesto. “Es fundamental que no repitamos los errores de la última gran crisis, la recesión económica de 2008, cuando la recuperación no se produjo de un modo uniforme en toda la sociedad”, dijo al inicio del encuentro un Johnson que repudiaba de ese modo en un escenario internacional los rigores impuestos en la sociedad británica por un Gobierno conservador anterior.

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Con todos esos asuntos, más un impulso renovado a la necesidad urgente de hacer frente al desafío climático, el G-7 ha logrado inyectar profundidad y sustancia a la agenda internacional y preparar el terreno a encuentros fundamentales de los próximos meses, como la cumbre del G-20 de Venecia o la COP26 de Glasgow. Quedan flecos y críticas que los líderes congregados sabían de antemano que no podrían resolver en su encuentro de Cornualles. Debe definirse aún el listado de grandes empresas que serán sometidas a una fiscalidad más rigurosa. Estados Unidos no quiere que el peso de la nueva medida recaiga en gran parte en sus propios gigantes tecnológicos. Y el Reino Unido desea excluir del nuevo régimen a sus grandes bancos de la city de Londres. Boris Johnson ha logrado celebrar con éxito, en su propio territorio, el primer encuentro internacional en el que el Reino Unido se ha presentado como un actor al margen de la UE. Su deseo era presentar al mundo la nueva Gran Bretaña Global que iba a surgir del Brexit. Pero las secuelas de ese divorcio tormentoso, que dividió a la sociedad británica y resucitó el enfrentamiento a ambos lados del canal de la Mancha, se han arrastrado hasta la costa oeste inglesa. Y la retórica del primer ministro se ha visto ensombrecida por la desconfianza que el político sigue despertando entre sus socios y aliados.

Una respuesta en 100 días para la próxima pandemia

Los líderes del G-7 han escuchado este sábado la ambiciosa propuesta bautizada ya como “Misión 100 días”, un informe que cuenta con el respaldo de científicos, empresas y asociaciones filantrópicas, para lograr que los países comiencen a preparar la respuesta diagnóstica, terapéutica, inmunológica ante la próxima pandemia que llegará, tarde o temprano. “El mundo solo puede lograr una seguridad sanitaria global si prioriza la igualdad. Debemos reforzar nuestros sistemas sanitarios para que todo el mundo, no importa dónde vivan, se beneficie de una respuesta rápida ante amenazas futuras”, ha dicho Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Bill & Melinda Gates, la encargada de presentar la propuesta en la última jornada de trabajo de la cumbre de Cornualles, acompañada del director jefe médico del Gobierno británico, Patrick Vallance. Los líderes del G-7 se han comprometido a incorporar las recomendaciones en la llamada Declaración de Carbis Bay (la localidad donde se ha celebrado la cumbre), que detalla propuestas concretas para evitar que se repita la devastación de la pandemia actual. Entre ellas, la necesidad de agilizar el periodo de tiempo necesario para descubrir, producir y distribuir nuevas vacunas, acelerar el proceso de secuencia del genoma de nevos agentes patógenos y hacer más eficaz y preventivo el sistema de localización y rastreo de contagios que ha sido tan errático durante el último año.

Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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