El Gobierno de Boris Johnson endurece la ley contra los inmigrantes irregulares

El nuevo sistema, que ha recibido duras críticas de la oposición laborista y las organizaciones humanitarias, contempla centros de internamiento fuera de las fronteras británicas

Un grupo de inmigrantes intenta llegar a la costa británica, a través del canal de la Mancha,  el pasado 14 de septiembre.
Un grupo de inmigrantes intenta llegar a la costa británica, a través del canal de la Mancha, el pasado 14 de septiembre.BEN STANSALL (AFP)

El Gobierno de Boris Johnson quiere presentar su nueva Ley de Fronteras (Nationalities and Borders Bill), que este martes ha iniciado el trámite parlamentario, como una respuesta “firme pero justa” frente a las mafias que transportan a los inmigrantes irregulares. El nuevo planteamiento, fruto de la era pos-Brexit, cambia las reglas del juego para pasar a considerar como sospechosos delincuentes a todos aquellos que entren al Reino Unido por una vía no oficial y reconocida. El texto plantea penas de prisión de hasta cuatro años para los que crucen las fronteras sin permiso, y la posibilidad de retener en centros del exterior del país a los solicitantes de asilo durante el tiempo de la tramitación. El delito de “entrada ilegal”, que ya existía en la legislación británica, pero apenas era perseguido, es reescrito en la nueva ley con una pena más elevada, para aquellos que “accedan a territorio británico, conscientes de no disponer del permiso adecuado”.

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“Esta ley proporciona lo que los ciudadanos británicos han reclamado una y otra vez: que el Reino Unido recupere el control de sus fronteras”, ha asegurado la ministra del Interior, Priti Patel, clara representante del ala más dura del Partido Conservador. “Acabará con el negocio de las bandas que facilitan viajes ilegales y peligrosos al Reino Unido y acelerará la expulsión de todos aquellos que no tienen derecho a estar aquí”.

Las cifras y términos utilizados por el Gobierno británico para justificar el endurecimiento de la ley han desatado la ira de la oposición laborista y de decenas de asociaciones humanitarias, que han decidido coaligarse bajo el lema Together with Refugees (Junto a los refugiados). Asegura el Ministerio del Interior que las trabas burocráticas actuales, que prolongan la tramitación de una solicitud de asilo, “han colapsado el sistema”, suponen un coste para el contribuyente de más de 1.000 millones de euros y han provocado que cerca de 10.000 “delincuentes extranjeros circulen por nuestras calles, lo que supone un riesgo para la ciudadanía”.

Instituciones como The Law Society, que agrupa a los principales abogados de Inglaterra, han advertido de que el nuevo sistema planteado, definido por el Gobierno como “proceso de un solo paso”, “será imposible de llevar a cabo en la práctica, poco realista y una barrera para el acceso a la justicia de muchas personas”. La organización ha señalado además que la nueva ley entra en contradicción directa con las obligaciones adquiridas por el Reino Unido después de firmar la Convención de Refugiados de 1951, considerada la base jurídica del derecho internacional en materia de asilo.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno británico por presentar el lado más amable del nuevo sistema, con sus continuas apelaciones a un Reino Unido abierto y generoso con los recién llegados, la ley se centra sobre todo en detallar todos los nuevos obstáculos e impedimentos a los que deberán hacer frente, así como las nuevas facilidades para acelerar su expulsión. Aunque no detalla una localización específica, el Ejecutivo de Johnson contempla la posibilidad de retener a los inmigrantes en centros “de países seguros”, alejados de las fronteras del Reino Unido, mientras dure el proceso de solicitud. Es una medida extrema, que responde al rechazo a aceptar a los deportados por parte de los países de la UE de donde partieron. Downing Street se ha decidido a echar un pulso en este sentido, y el nuevo texto contempla la amenaza de “bloquear la concesión de visados a aquellos países que no colaboren en la devolución de inmigrantes indocumentados”.

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“Hoy, este Gobierno ha decidido no solo expulsar a aquellos que llegan en busca de seguridad, sino tratarlos también como criminales”, ha dicho este martes Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados. “Esta nueva ley antirrefugiados convertirá un sistema que ya es ineficaz en un caos, con mayores retrasos y gastos”, ha añadido.

La oposición laborista ya ha anunciado que rechazará un texto que apenas ha comenzado su andadura en la Cámara de los Comunes, y que será debatido durante la segunda mitad de 2021. “Las medidas anunciadas supondrán menos ayuda para las víctimas del tráfico de personas, violarán la legislación internacional, serán igual de ineficaces y no servirán para hacer frente al creciente número de personas que arriesgan su vida para cruzar el canal de la Mancha”, ha dicho el portavoz de Interior del principal partido de la oposición, Nick Thomas-Symonds.

Las cifras que el Gobierno de Johnson señala como la razón para endurecer la ley palidecen en comparación con las registradas por otros países europeos. En la primera mitad de 2021 intentaron cruzar el canal desde Francia unas 6.000 personas, mientras que casi 16.000 intentaron llegar al país galo desde España los primeros cinco meses del año. En 2020, cerca de 36.000 recién llegados al Reino Unido iniciaron el trámite de solicitud de asilo, cifra que ese mismo año en España superaba los 88.000. De esos 36.000, cerca de 10.000 obtuvieron el estatuto de refugiado u otras formas de protección y beneficios sociales que el Gobierno de Johnson pretende aplicar de un modo más selectivo y estricto.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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