La alcaldesa de Bogotá agita la xenofobia al proponer un comando especial contra migrantes criminales

Claudia López se aísla políticamente y se aleja de sus credenciales progresistas al insistir en una narrativa que relaciona la inseguridad con la migración

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a la salida de un consejo de seguridad.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a la salida de un consejo de seguridad.Alcaldía de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vuelve a tropezar con la misma piedra. En medio del deterioro de la seguridad que atraviesa la capital de Colombia, su propuesta de crear un comando policial para combatir los crímenes perpetrados por migrantes no solo se estrelló con la negativa del Gobierno de Iván Duque; también ha provocado un extendido rechazo, incluso entre sus más cercanos aliados políticos, por considerarla una muestra de xenofobia que criminaliza la migración y la aleja de sus credenciales progresistas.

Después de un consejo de seguridad junto a la policía y las autoridades migratorias, la política del partido progresista Alianza Verde anunció este miércoles la creación de un comando especial para combatir los delitos cometidos por población migrante. Esa idea provocó, entre otras, la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tardó en expresar su preocupación. La CIDH reiteró que los “mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión”, al culparlas del aumento de los índices de violencia y criminalidad. También urgió a las autoridades colombianas a “adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias”.

Más información
Bogota's Mayor Claudia Lopez delivers a speech during an event to commemorate the first year of the city facing the COVID-19 pandemic and pay tribute to the health workers who lost their lives fighting the novel virus. (Photo by DANIEL MUNOZ / AFP)
La alcaldesa de Bogotá se disculpa por sus declaraciones contra los migrantes venezolanos
Eduardo Rodríguez, un ayudante de obra venezolano, en Bogotá, Colombia.
“Colombia nunca nos ha negado nada”

La renovada controversia se produce en momentos en que el Gobierno nacional busca regularizar a cerca de un millón de venezolanos indocumentados –de los más de 1,7 millones que ya se encuentran en Colombia– mediante un estatuto temporal de protección muy elogiado por la comunidad internacional. Bogotá, una urbe de más de siete millones de habitantes a más de 500 kilómetros de la frontera, ha acogido al menos a 340.000 de ellos, una buena parte de esa diáspora que ha salido de Venezuela empujada por la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación galopante o, precisamente, la inseguridad en el país vecino.

Desde la alcaldía se apresuraron en explicar que, más que un comando, se trataba de acciones conjuntas y coordinadas para lograr el registro pleno de migrantes, un paso necesario para hacerles llegar ayudas sociales, además de identificar y procesar legalmente a quienes cometan delitos. La propuesta, en cualquier caso, tuvo una vida fugaz, pues el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien había participado en el consejo de seguridad, la desautorizó al final de la jornada, después de haberse reunido con el presidente Duque.

Sin el apoyo de Migración Colombia, la propia alcaldesa descartó la creación del comando, aunque lo siguió defendiendo como un paso necesario para identificar y judicializar delincuentes. “Respetamos pero no compartimos la decisión del Gobierno nacional y de Migración Colombia de no querer hacer patrullaje conjunto, en un comando con la Policía Metropolitana de Bogotá, para que podamos en las calles identificar a organizaciones criminales que combinan colombianos y extranjeros para robar, atracar o peor aún matar a nuestros ciudadanos”, declaró este jueves, sin zanjar la controversia. “Esto no tiene nada que ver con la nacionalidad, no es la nacionalidad la que explica el delito sino la impunidad porque no se puede identificar y judicializar a cualquier persona que cometa un delito”, matizó. Desde muy diversos sectores le cuestionan una narrativa que insistentemente bordea la xenofobia en un país que ha sostenido contra viento y marea una política de acogida y flexibilidad migratoria sometida a una enorme presión social.

Únete ahora a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites
Suscríbete aquí

Sus palabras provocaron reacciones incluso de sus aliados. “Comparto esta preocupación. Creo que este no es el camino. Los delincuentes son delincuentes sin importar su nacionalidad”, señaló sobre el mensaje de la CIDH la congresista verde Juanita Goebertus, que llegó a la política electoral de la mano de la alcaldesa. “Querida Claudia López, no puedo estar de acuerdo con esta medida, abiertamente xenófoba. Como colombianos, hemos sufrido más que nadie la discriminación en carne propia. Ojalá reconsideres y centres tus esfuerzos en combatir el crimen, independiente de la nacionalidad”, escribió en sus redes el candidato presidencial Sergio Fajardo, dirigiéndose a quien fue su fórmula a vicepresidente en la campaña del 2018.

“El comando es una propuesta ineficaz, populista y xenófoba”, valora María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Argumenta que es ineficaz al considerar que la tasa de participación de esta población en crímenes es de tan solo el 1,9 %. Populista debido a que, sin fundamentos, exacerba de manera negativa la percepción social hacia la migración, algo muy riesgoso pues es así como se empieza a instrumentalizar el rechazo a la migración en términos electorales. Y xenófoba porque puede convertirse en un dispositivo de persecución a extranjeros. “También genera de manera muy nociva el miedo de la población migrante a acudir a la institucionalidad colombiana”, alerta Robayo, lo que puede confundir a muchos venezolanos sobre las bondades del estatuto de protección y pone en riesgo el proceso de registro que hace Migración Colombia.

“Es una medida discriminatoria. No deberíamos tener estructuras especializadas para combatir el crimen de ciertas personas sino una política de seguridad general que busque garantizar los derechos y la seguridad de todas las personas”, señala Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones sobre migración del centro de pensamiento Dejusticia. “Esto puede generar riesgos de perfilamiento y señalamiento de la población migrante y nos puede enfrentar a situaciones como las que hemos visto en el pasado: expulsiones masivas sin la garantía del debido proceso”, añade en referencia a los 59 venezolanos que fueron expulsados de manera exprés en el marco de la oleada de protestas contra el Gobierno Duque de 2019.

Ante los recientes episodios de atracos y delitos violentos que han sacudido Bogotá, la alcaldesa ha vinculado a la población migrante con la crimen que azota la ciudad, en declaraciones que han incendiado el debate público. Sus palabras se han producido en distintos momentos, espaciadas en el tiempo, pero le provocaron un aluvión de críticas el pasado marzo, después del asesinato de un patrullero de la policía a manos de un migrante. López llegó a disculparse entonces por la polémica, en una rectificación que no ha impedido que vuelva a reincidir.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.

Sobre la firma

Santiago Torrado

Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS