Argentina y Chile chocan por una disputa marítima en el extremo sur americano

El Gobierno de Buenos Aires acusa a su par andino de apropiarse de 5.500 kilómetros cuadrados de su plataforma marina en una de las zonas más australes del planeta. Para Chile, Argentina fija sus límites por las recomendaciones de un organismo científico que “no adjudica derechos entre Estados”

Frente a la bahía de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en Tierra del Fuego, se erige sobre un pequeño islote el faro Les Éclaireurs (Los iluminadores, en francés). Desde 1920, su luz blanca y roja guía a los navegantes que se adentran en el Canal de Beagle.
Frente a la bahía de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en Tierra del Fuego, se erige sobre un pequeño islote el faro Les Éclaireurs (Los iluminadores, en francés). Desde 1920, su luz blanca y roja guía a los navegantes que se adentran en el Canal de Beagle.Minsterio de Turismo

La palabra que más repiten en la cancillería argentina es “sorpresa”. Cuando menos lo esperaban, aseguran, Chile decidió por decreto ampliar su plataforma continental en 30.500 kilómetros cuadrados. Según Argentina, 5.500 de ellos les pertenecen, y el resto es patrimonio universal. “Chile con este decreto intempestivo, apropia”, acusó el canciller argentino, Felipe Solá. “Nadie se apropia de lo que le pertenece”, le contestó su par chileno, Andrés Allamand.

Ambos países se han enfrascado en una agria disputa territorial. Las relaciones bilaterales se han ensombrecido como nunca desde aquella que en 1978 los llevó al límite de una guerra. La mediación del papa Juan Pablo II puso fin en 1984 a la pelea por tres islas ubicadas al sur del canal de Beagle, en el extremo sur del continente. Los límites impuestos por ese Tratado de Paz y Amistad son los que ahora están en tensión. El texto del acuerdo firmado hace 37 años estableció que al oeste del meridiano 67 tiene soberanía Chile y al este Argentina. El problema es que esa línea se corta en el llamado “punto F”, y fue al sur de ese punto imaginario que Chile proyectó su plataforma marítima hacia el este.

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En un informe ante el Senado argentino, el miércoles, el canciller Solá dijo que “Chile no puede pretender proyectar su soberanía más allá de los límites acordados en el Tratado de Paz y Amistad de 1984”. “Chile tiene derecho a estar al oeste del meridiano, no tiene derecho a estar al este del meridiano”, dijo. La tensión escaló el año pasado, cuando Argentina convirtió en ley los nuevos límites a su plataforma continental que en 2017 fueron reconocidos por la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Durante ese proceso, iniciado en 2009, la posición argentina recibió reclamos de seis países. Entre ellos estaba Reino Unido, por sus pretensiones sobre las Islas Malvinas, pero nunca de Chile, un paso que hubiese bastado para que la comisión suspendiese su trabajo sobre la zona que ahora está en disputa. Chile niega que no haya presentado quejas. Argentina apunta una nota de 2016, pero asegura que solo manifestaba una preocupación sobre la Antártida, sin mención alguna a la plataforma continental.

Mapa elaborado por la Cancillería de Argentina que muestra en azul la porción de plataforma marítima disputada con Chile.
Mapa elaborado por la Cancillería de Argentina que muestra en azul la porción de plataforma marítima disputada con Chile.Cancillería argentina

Del lado chileno, la posición es otra. De partida, aseguran que Argentina no puede acusar “sorpresa”, porque en 2009 se envió una nota diplomática manifestando que lo que Argentina estaba haciendo “era inoponible”, tanto en relación a la plataforma continental como respecto de la Antártica (porque el aforismo jurídico indica que los asuntos se deshacen como se hacen, es decir, bilateralmente y no unilateralmente). La Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas en 2016 no se pronunció sobre la Antártica –no puede, al tratarse de un territorio en controversia–, pero el órgano hace su “recomendación técnica” y considera correcta la medición de prolongación natural del continente sudamericano, es decir, valida la existencia de una plataforma continental extendida. “Pero la comisión no adjudica derechos entre Estados. No lo podría hacer porque no es un tribunal, es un órgano científico”, explican en la Cancillería chilena sobre este proceso “confidencial, que se realiza a puerta cerrada” entre Argentina y la comisión, sin que Chile tuviera acceso a los antecedentes.

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Fue en 2020 cuando se produce “la necesidad de una nueva reacción”, aseguran en la Cancillería chilena, cuando Argentina unilateralmente comenzó a discutir en el Congreso una ley sobre lo que consideraba su plataforma continental sobre la base del informe científico, incluso con coordenadas. El 11 de mayo del año pasado, Chile envió una nueva nota diplomática, “pública, con un tono duro, diferente al de 2009”, con copia ya a la División de Temas Marítimos de la ONU, donde “señalaba claramente que no se aceptaba el trazado que Argentina considera como límite”. El 30 de julio de 2020 se envió “una tercera nota contundente”, relatan en la Cancillería chilena, como muestra de que Argentina no puede hablar hoy de “sorpresa”. En ese contexto, tras peticiones de la ONU, que tiene bajo su administración el fondo marino, Chile informa los límites exteriores de su plataforma y actualiza su Carta Náutica Nº8 de acuerdo a la Convención de Derechos del Mar.

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, añaden, lo que haga la comisión es sin perjuicio de las cuestiones de delimitación entre Estados con costas adyacentes, por lo que muchos estados no reclaman ante la comisión y esperan sus recomendaciones para después ver el asunto de la delimitación directamente entre los Estados concernidos.

Para Chile, Argentina ha llevado adelante acciones sin consulta que resultan inaceptables. Ejemplifican: el Tratado de Paz y Amistad de 1984 indica que la delimitación marítima entre ambos países llega hasta el “punto F”, el punto final del límite. “Pero Argentina baja el ‘punto F’ y a ese segmento, más al sur, le llama límite internacional. Pero los límites internacionales no los puede poner un país unilateralmente, deben ser acordados”, explican en la Cancillería chilena, donde defienden la legalidad de su Carta Náutica Nº8, entre otros argumentos, basándose en el tratado de hace 37 años, “que indica que la zona económica de Chile se extenderá en todo lo que le permita el derecho internacional, con el criterio de la distancia de 200 millas”. En el ministerio de Relaciones Exteriores no niegan el derecho de Argentina a una plataforma extendida, pero el problema apunta a que se superpone con la plataforma jurídica chilena. “Lo que queremos es delimitar”, informan desde Chile, que asegura tener a su favor fallos internacionales anteriores, como el de Malta y Libia de 1985.

En Chile no olvidan que, según su versión, Argentina a fines de los años setenta desconoció un fallo arbitral que había determinado el límite en el canal Beagle y que tres islas al sur eran chilenas, cuya importancia radicaba en la proyección marítima de Chile. Argentina estuvo dispuesta a ir a la guerra para evitar “la justa proyección marítima chilena y hoy acusa a Chile de expansionismo, solo por reclamar sus 200 millas de plataforma continental”, se defienden en la Cancillería de Santiago de Chile. “El precio de la paz fue una enorme renuncia por parte de Chile”, explican en el ministerio, donde sospechan de intereses geopolíticos por parte de Argentina.

La cuestión no es menor. El canciller chileno, Allamand, se encuentra de gira por España y se tomó un momento para grabar un vídeo que subió a Twitter. Allí pidió a Argentina “negociar” una salida consensuada, aprovechando que el Tratado de Paz y Amistad ya establece mecanismos internos para eso. Desde la Cancillería argentina, sin embargo, consideraron que es aún pronto para un diálogo. “Nuestra posición ahora es informar y no nos vamos a cansar de informar mientras sea el tiempo de informar. Tenemos un derecho adquirido y lo vamos a defender”, dice la misma fuente del Palacio San Martín en Buenos Aires. La solución, cualquiera sea, puede demorar años. Si no hay acuerdo, la disputa terminará en un tribunal internacional.

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