Madres contra el crimen que azota a la comunidad árabe de Israel

Un movimiento de mujeres con hijos asesinados por poderosas bandas de delincuentes rompe la ley del silencio que imponen las mafias en la minoría de origen palestino, desatendida por la policía

Zahya Nasra sostiene la foto de su hijo asesinado el pasado marzo, Layt Nasra, de 19 años, el lunes 13 en Qalansawe (Israel).
Zahya Nasra sostiene la foto de su hijo asesinado el pasado marzo, Layt Nasra, de 19 años, el lunes 13 en Qalansawe (Israel).QUIQUE KIERSZENBAUM

Le llaman el Triángulo. La región que bordea la Línea Verde fronteriza con Cisjordania proyecta un paisaje de cerros desarbolados por donde se despeñan favelas en ciudades como Taybe que albergan a gran parte de la minoría árabe de Israel, un 20% de la población del país. Los descendientes de los palestinos que permanecieron en el Estado judío tras su nacimiento, en 1948, solo pudieron votar ocho años más tarde y estuvieron sometidos a la ley marcial hasta 1966. “Seguimos siendo ciudadanos de segunda clase, no tenemos los mismos derechos que la mayoría judía”, sostiene Maisan Jaljuli, de 49 años, directora de la organización feminista Naamat, vinculada al laborismo, para el sur del Triángulo, y cofundadora del grupo Madres por la Vida.

“Un 60% de los palestinos de Israel vive por debajo del nivel de ingresos del salario mínimo, de 5.300 shéqueles (1.400 euros); el fracaso escolar afecta a la mitad de los alumnos, que a los 14 años están en la calle sin estudiar ni trabajar...; hay más de 50.000 edificaciones sin licencia pendientes de demolición...”, desgrana esta socióloga de formación en su oficina de Taybe sobre las claves de la discriminación de la principal minoría israelí. “El empleo, la educación, la vivienda y la ocupación de Palestina son nuestras grandes preocupaciones, pero por encima de todas”, advierte, “sobresale la violencia derivada del crimen organizado”.

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En 2020 fueron asesinadas 96 personas en la comunidad árabe, una cifra sin precedentes en tiempos recientes y que supone más del doble de las muertes violentas entre la mayoría judía (más de las tres cuartas partes de los habitantes). La espiral de criminalidad se ha agravado en los dos últimos años, y golpea por igual a mujeres, niños o simples transeúntes sorprendidos por un tiroteo. Hasta el domingo 26 de septiembre han muerto otras 92 víctimas árabes de las bandas en 2021.

Una de ellas es Layt Nasra, un mecánico de 19 años, abatido a balazos hace seis meses por dos hombres enmascarados mientras asistía a la fiesta de cumpleaños de un vecino, en la casa contigua a la de su familia en la ciudad de Qalansawe, también en la región del Triángulo. Otro joven murió y cuatro más resultaron heridos en el tiroteo. Su madre, Zahya Nasra, de 54 años, llamó de inmediato a la policía, pero aún no ha obtenido respuesta a su demanda de arresto y castigo para los culpables. Desde entonces sigue vestida de negro.

“Me desperté de madrugada por el ruido. Parecían explosiones de cohetes de una celebración. Cuando llegué a la casa de los vecinos el cadáver de mi hijo estaba tendido en un sofá”, relata con un hilo de voz tras ofrecer café, pastas, higos y uvas a los visitantes. Madre de cinco hijos y tres hijas, rompe a llorar al fotografiarse con una imagen del benjamín de la familia: “Le llevo cada día en mi memoria”.

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Sus vecinos ya habían sido amenazados por una banda, sin que la policía interviniera para protegerles. Las sospechas sobre la identidad de los autores fueron ignoradas por los agentes, que dieron carpetazo al asesinato de Layt como si se tratara de un daño colateral más de una vendetta. “Si hubiese sido judío, el caso ya estaría resuelto. Todas las madres árabes tenemos miedo por nuestros hijos; cualquiera puede ser la siguiente víctima”. Frente a la ley del silencio que impera en el Triángulo, Zahya Nasra clama contra la rutina del crimen.

La policía solo ha resuelto el 21% de los asesinatos en la comunidad árabe, en comparación con el 50% de los casos entre la población judía, de acuerdo con una información oficial citada por el diario Haaretz. El propio ministro de Seguridad Pública (responsable de la policía), el laborista Omer Bar-Lev, ha reconocido que muchas familias árabes se han hecho con armas de fuego para defenderse de las bandas. “Esa es una clara evidencia de que las fuerzas de seguridad han fracasado en la misión más básica: proteger a los ciudadanos”, denunciaba a comienzos de mes en un editorial el periódico progresista israelí. La violencia no cesa. El pasado lunes murió otro joven árabe durante un tiroteo en una boda en Taybe y el martes fue hallado sin vida, cosido a balazos, un árabe más en la región del Negev, al sur del país. Desde el jueves, otros tres miembros de la comunidad han sido asesinados.

La organización Madres por la Vida surgió en 2020 tras una ola de asesinatos. Familiares de víctimas de la violencia y grupos de activistas árabes organizaron una marcha desde Haifa, en el norte del país, hasta Jerusalén para reclamar a las autoridades israelíes medidas urgentes contra el auge de la criminalidad. A la marcha se sumaron miles de judíos en Tel Aviv. “La sociedad está harta. Ha perdido la fe en el Estado y desconfía de la policía”, asevera Maisan Jaljuli. La marginación, la miseria y la violencia han engendrado entre la población árabe israelí una sensación de abandono por parte del Estado de Israel, la mayor potencia económica y de seguridad en Oriente Próximo, al que acusan de haberse desentendido de una quinta parte de sus ciudadanos.

Con la incorporación a la coalición que llegó al poder en junio de un partido árabe, el islamista Raam, por primera vez en la historia de Israel, el nuevo Gobierno ha prometido a la comunidad de origen palestino un plan de inversiones de 30.000 millones de shéqueles (cerca de 8.000 millones de euros) en cinco años, que incluye una partida de 1.000 millones de shéqueles para la lucha contra la delincuencia. Además, se ha creado en agosto un cuerpo policial especial contra el crimen en este colectivo. El oficial árabe de mayor graduación que lo dirige, Jamal Akrush, ya ha sido amenazado por las bandas. Su casa fue tiroteada el viernes de la semana pasada.

Al mejor postor

Entre otros factores que explican el auge de esta delincuencia –según Jaljuli, líder social de la comunidad árabe–, destaca la transformación económica experimentada, con la aparición de una clase media de empleados cualificados y comerciantes. Estos sectores menos tradicionales han roto con la costumbre de someter a los jeques de los clanes patriarcales las disputas, para zanjarlas mediante una Sulha (pacto o arreglo de reconciliación). Las bandas ofrecen ahora esos servicios al mejor postor. “La discriminación se observa también en el sistema bancario israelí”, resalta la directora de la organización Naamat en Taybe, “que se resiste a financiar con préstamos a los ciudadanos árabes”. “De este modo, las familias se ven obligadas a recurrir a prestamistas conectados con las organizaciones criminales”, explica.

En paralelo, la erradicación en las dos últimas décadas de las mafias judías que imponían su ley en las ciudades de la costa, tras una operación policial de años con apoyo de agentes del Sin Beth (seguridad interior), desvió parte de la actividad delictiva hacia las poblaciones árabes. Los soldados de las bandas se han infiltrado ya en el tejido económico hasta controlar las concesiones de los servicios públicos municipales, siguiendo la estela de la Cosa Nostra siciliana, mientras ejercen el floreciente negocio de cobrar impuestos de protección a comerciantes y empresarios.

Su hegemonía también obedece a relaciones secretas con el poder. Un programa de investigación del canal 12 de la televisión israelí ha desvelado el testimonio de agentes policiales que responsabilizaron al Shin Bet de haber ofrecido inmunidad a algunos delincuentes a cambio de transformarse en confidentes e informar sobre actividades nacionalistas en el seno de la comunidad. Mientras, las fuerzas de seguridad se han limitado a llevar la cuenta de los crímenes, a pesar de que nueve de cada diez tiroteos se producen en zonas habitadas por la principal minoría del país.

Wadfa Jabaly posaba en su casa de Taybe, con el nombre de su hijo asesinado en 2019 escrito en la pared, el lunes 13.
Wadfa Jabaly posaba en su casa de Taybe, con el nombre de su hijo asesinado en 2019 escrito en la pared, el lunes 13.QUIQUE KIERSZENBAUM

El supermercado de la familia de Wadfa Jabali, de 52 años, se halla debajo de su casa en el centro histórico de Taybe. Desde el salón observa a través de una pantalla las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. Siguen mostrando el mismo encuadre con el que contempló en directo la muerte de su hijo Saad, de 26 años, acribillado a balazos en noviembre de 2018 junto a la caja registradora, donde quedó tendido en un suelo ensangrentado. Vestida de riguroso luto, ofrece café, dulces y almendras mientras el aroma a especias orientales invade la atmósfera de la vivienda desde la cocina.

“Nadie encontró una razón para el crimen y la policía se desentendió de la investigación”, relata. Pero el tesón de esta madre y sus continuas visitas a comisaría desembocaron en la detención del autor del asesinato cuatro meses y medio después. Un joven, armado con una pistola, cumple ahora una condena de 30 años de cárcel. En las poblaciones árabes de Israel se esconde un arsenal de entre 200.000 y 400.000 armas de fuego, según las fuentes, muchas de ellas robadas al Ejército y en su mayoría en manos de grupos de delincuentes.

Wadfa Jabali es vista como un modelo para el colectivo de las Mujeres por la Vida por la firmeza mostrada ante las autoridades hasta que consiguió que se hiciera justicia. “Mi hijo ha sido una víctima de la policía, porque el asesino ya había rondado antes por el supermercado y los agentes se negaran a investigar a pesar de nuestras denuncias”, protesta, poco antes de que se desmorone su entereza y comience a enjugarse las lágrimas. Brotan del recuerdo ante las fotografías de Saad, con el nombre del hijo asesinado escrito para siempre en una pared.

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Sobre la firma

Juan Carlos Sanz

Es el corresponsal para Oriente Próximo en Jerusalén desde 2015. Antes fue jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, el Magreb, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid.

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