Los conservadores británicos apelan al Brexit más xenófobo para justificar la crisis de suministros

El Gobierno de Johnson recibe solo 127 peticiones de camioneros de la UE para los primeros 300 visados temporales

La ministra británica del Interior, Priti Patel, este martes, en el congreso del Partido Conservador en Mánchester.
La ministra británica del Interior, Priti Patel, este martes, en el congreso del Partido Conservador en Mánchester.OLI SCARFF (AFP)

La aparición en el centro del auditorio principal de la ministra británica del Interior, Priti Patel, ha puesto en pie este martes a los delegados del Partido Conservador. Sus aplausos han confirmado que el congreso de Mánchester ya tiene su diosa coronada. Su primer grito de guerra —“Por fin hemos acabado con la libertad de movimiento de personas”— ha despistado a los presentes, después de que llevaran semanas escuchando que el Brexit ha provocado escasez de camioneros, matarifes, recolectores, albañiles o camareros. Pero cuando, ataviada con un vestido de un blanco angelical, ha comenzado a recordar al público la “impunidad” de los delincuentes que han entrado ilegalmente en el Reino Unido; el abuso que, según ella, hacen del sistema legal británico los solicitantes de asilo, o los planes del Gobierno de Boris Johnson para devolver en caliente a Francia las embarcaciones con inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha, los centenares de tories que la rodeaban desbordaban su entusiasmo.

“¡Bien dicho, bien dicho!”, repetía ante cada frase de la ministra un afiliado ya mayor, con traje y corbata, que se aferraba a los hombros de su mujer desde la puerta del auditorio. Muchos, como él, han tenido que escuchar desde los pasillos a la estrella de la jornada. Patel (49 años) es hija de inmigrantes indios afincados en Uganda antes de desembarcar en el Reino Unido. Inspirada por el conservadurismo de Margaret Thatcher, es una furibunda defensora del Brexit que, con un discurso de mano dura, evita a su jefe, Boris Johnson, decir lo que muchos de sus seguidores quieren escuchar. “A la oposición laborista no le importa que las víctimas de delincuentes extranjeros no puedan rehacer sus vidas por el miedo a que esas personas sigan entre nosotros (...). Ni le preocupa el daño infligido a nuestro mercado laboral al empujar a la baja los salarios de la mayoría de nuestros esforzados trabajadores”, arengaba la ministra al público conservador.

De manera algo más suave, Boris Johnson lleva toda la semana desplegando la estrategia de defensa de su Gobierno, que ha recuperado el discurso contra la inmigración que empapó la campaña del referéndum del Brexit en 2016. Es un sistema “roto”, fruto de la libertad de movimiento de personas que garantizaba la permanencia a la UE, el que ha provocado las actuales miserias que sufren los británicos, en forma de falta de gasolina o de estanterías vacías en los supermercados. “No quiero volver a un sistema agotado y fracasado que los ciudadanos de este país rechazaron con su voto en dos ocasiones [la consulta para salir de la UE y las elecciones generales de 2019]”, ha asegurado Johnson a la BBC.

El primer ministro casi parecía celebrar, durante la entrevista este martes, la decepción de que tan solo 127 camioneros de la UE hubieran solicitado uno de los 300 visados temporales que Downing Street aprobó de manera acelerada, a petición de la Asociación de Transporte de Carretera del Reino Unido. Era la demostración, ha asegurado, de que la escasez de conductores es global. Pero ningún otro país ha sufrido falta de combustible en sus gasolineras, y el Gobierno británico anunció finalmente, a regañadientes, a mediados de la semana pasada, que daba su brazo a torcer y concedería hasta 5.000 visados para camioneros y 5.500 para trabajadores de la industria avícola.

“Parte del problema reside en que nuestras empresas han podido disfrutar durante largo tiempo de una inmigración de bajos costes y bajos salarios”, ha denunciado el político conservador. “Y lo que no vamos a hacer es volver a abrir el grifo a una inmigración incontrolada”. El sector del transporte, sin embargo, replica al primer ministro que nadie va a dejar un trabajo bien pagado por otro que mejore sus condiciones para tan solo tres meses.

Ocurre en cualquier convención política, pero resulta muy llamativa la burbuja que han logrado construir los conservadores británicos en los breves metros que separan al Centro de Convenciones de Mánchester, donde debaten apasionadamente sus ideas, del bar del hotel The Midland, donde rematan entre copas cada jornada.

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Suella Braverman (41 años), la abogada general del Gobierno de Johnson, es también hija de indios llegados al Reino Unido [desde Kenia e Isla Mauricio]. “En los años sesenta, este país pudo asumir y controlar perfectamente su inmigración, y aún no habíamos ingresado en la UE [entonces CEE] ni estábamos sometidos a sus reglas burocráticas. Ahora, con el Brexit, hemos vuelto a recuperar el control”, decía la jurista, en su introducción a un panel de políticos y expertos en asuntos migratorios. Nadie le ha recordado que la Ley de Inmigrantes de la Commonwealth de 1968 se aprobó para intentar restringir la llegada de habitantes de las antiguas colonias, y que fue en ese año cuando el diputado conservador, Enoch Powell, pronunció un infame discurso bautizado como “ríos de sangre” con el que avivó las pulsiones racistas de la sociedad británica.

Los delegados convocados en Mánchester, sin embargo, aplauden cada vez que escuchan la misma frase: “Los inmigrantes entrarán por sus propios méritos y habilidades, y no por el color de su pasaporte [en referencia al documento común granate de los ciudadanos de la UE, frente al azul recuperado del Reino Unido]”, como les han dicho Patel o Braverman, pasando por alto que el problema urgente no reside tanto en los pasaportes como en los miles de carnés de conducir que se han perdido con el Brexit.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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