Draghi afronta por primera vez el malestar de la calle a cuenta del certificado de vacunación

Italia estrena con protestas y movilizaciones la imposición del salvoconducto que permite trabajar solo tras recibir, al menos, una dosis de la vacuna

Estudiantes prenden fuego a un póster del primer ministro italiano, Mario Draghi, durante una protesta en Turín convocada con motivo de la jornada de huelga general que vive el país.
Estudiantes prenden fuego a un póster del primer ministro italiano, Mario Draghi, durante una protesta en Turín convocada con motivo de la jornada de huelga general que vive el país.ALESSANDRO DI MARCO (EFE)

Italia estrena este viernes la medida más polémica del mandato del primer ministro, Mario Draghi. También la primera que puede causarle un desgaste real en la calle. Cualquier trabajador italiano necesitará, desde este viernes y hasta nuevo aviso, el certificado de vacunación —conocido como Green Pass en Italia— para poder desempeñar su empleo: desde los autónomos a empleados de multinacionales, de pequeñas empresas o empleadas del hogar. El decreto aprobado por el Gobierno prevé que quien no lo tenga pueda mostrar una prueba negativa de covid-19. Pero más allá del impacto económico que tendría, nadie podrá hacerlo de forma regular. Después de hacerlo obligatorio para entrar en cines, museos, gimnasios y restaurantes, Italia estrecha todavía más el cerco contra los antivacunas.

La medida, pionera en el mundo occidental, constituye de hecho la imposición de la vacunación obligatoria para seguir con la vida normal. Una parte minoritaria del país, sin embargo, no está de acuerdo y ha anunciado para hoy manifestaciones y paros en los transportes que podrían bloquear el país. El Ejecutivo, pese a las amenazas y el riesgo de colapso, no tiene ninguna intención de dar marcha atrás.

La oposición política al certificado de vacunación obligatorio para trabajar ha estado liderada en las últimas semanas por una parte amplia de la derecha, principalmente por la Liga y Hermanos de Italia. El malestar, sin embargo, cristalizó el sábado pasado en la calle con toda su virulencia cuando grupos antivacunas y militantes de ultraderecha asaltaron la sede de CGIL, el principal sindicato de Italia. Los manifestantes les acusaban de renunciar a la defensa de los derechos de los trabajadores aceptando una medida que juzgan anticonstitucional. Las protestas terminaron con una guerrilla urbana, un intento de asalto a la sede del Gobierno y 13 arrestados, la mayoría pertenecientes a partidos fascistas.

El problema, más allá de estos grupos radicales y residuales, es que actualmente hay unos tres millones de trabajadores que no se han vacunado por distintos motivos. Algunos no lo consideran necesario por el trabajo que desempeñan, otros son militantes del movimiento antivacunas y muchos lo enfocan como una cuestión política. Varias asociaciones de transportistas terrestres y trabajadores del puerto, de hecho, han anunciado que protestarán este mismo viernes con una huelga. Estos últimos, especialmente los del puerto de Trieste, son los que más preocupan al Ejecutivo, pues podrían llegar a bloquear el tráfico naval del país. Estas asociaciones han pedido sin éxito retrasar hasta el próximo día 30 la entrada en vigor de la norma.

La realidad es que la medida no tiene parangón en el resto de Europa por su alto nivel de restricción. La oposición en la calle se suma a la que el Ejecutivo ha encontrado en el seno del Consejo de Ministros (los representantes de la Liga dudaron hasta el último minuto sobre si debían dar su apoyo a la decisión) y en el Parlamento. Es la primera vez que Draghi puede tener dificultades para llevar adelante una decisión política por sus consecuencias en la calle. Las primeras muestras se han visto también en algunas manifestaciones, donde se quemaron fotografías con su rostro. Un acto de vandalismo de una parte muy residual del país, pero que abre una grieta peligrosa por la que puede colarse una oposición al Ejecutivo al alza. Especialmente si partidos como Hermanos de Italia (el único fuera del Ejecutivo) aprovechan el incendio electoralmente.

El pulso no conviene. Y algunas señales hablan ya de pequeños cambios que podrían introducirse en el decreto aprobado para tratar de “pacificar la calle”, como pidió el líder de la Liga, Matteo Salvini. Los sindicatos, por ejemplo, han solicitado que el Gobierno rebaje el precio de las pruebas y que las empresas lo realicen gratuitamente a sus trabajadores. Salvini apoya la medida, pero Carlo Bonomi, el presidente de Confindustria (la patronal italiana), descartó inmediatamente también ese extremo.

Únete ahora a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites
Suscríbete aquí

Los datos de la pandemia en Italia son buenos. El índice de contagios es del 0,8% y los casos registrados ayer fueron 2.668. El número de vacunados con, al menos, una dosis es del 77%, un dato que permite al Ejecutivo pensar en un aligeramiento de las medidas cuando la cifra del 90% esté cerca.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Sobre la firma

Daniel Verdú

Nació en Barcelona en 1980. Aprendió el oficio en la sección de Local de Madrid de El País. Pasó por las áreas de Cultura y Reportajes, desde donde fue también enviado a diversos atentados islamistas en Francia o a Fukushima. Hoy es corresponsal en Roma y el Vaticano. Cada lunes firma una columna sobre los ritos del 'calcio'.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS