La Corte IDH condena a Colombia por el secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya

El más alto tribunal americano de derechos humanos encontró “indicios graves, precisos y concordantes” de la participación estatal en las agresiones contra la comunicadora en el año 2000

La periodista colombiana Jineth Bedoya.
La periodista colombiana Jineth Bedoya.Samuel Sánchez

En su incansable lucha de más de 20 años, Jineth Bedoya por fin ha encontrado justicia. En una sentencia largamente esperada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado este lunes a Colombia en el caso de la periodista, secuestrada, torturada y violada por paramilitares en el año 2000 mientras realizaba una investigación en la cárcel La Modelo de Bogotá. El tribunal encontró al Estado colombiano “responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión” de Bedoya, y advirtió sobre “indicios graves, precisos y concordantes” de la participación estatal en las terribles agresiones que sufrió.

La Corte IDH ordenó diversas medidas de reparación, que incluyen promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para juzgar a los responsables de su secuestro y tortura, así como de las amenazas que ha sufrido. También difundir su campaña No es hora de callar, que se debe transmitir por el sistema de medios públicos, o crear programas para proteger a las mujeres periodistas y un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Bedoya también había solicitado como una medida de reparación cerrar la cárcel La Modelo, por considerarla “un símbolo de impunidad” desde donde todavía se ordenan todo tipo de crímenes, pero el tribunal no accedió a esa petición.

Antes de ser secuestrada, Bedoya y su madre –Luz Nelly Lima– sufrieron un atentado del que nunca se conocieron los autores, en un episodio que no fue suficiente para que el Estado le ofreciera protección. Por lo tanto, la Corte IDH también resolvió declarar responsable al Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la ausencia o dilación de las investigaciones sobre esas amenazas así como por las múltiples agresiones del 25 de mayo del año 2000.

“El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de derechos de miles de mujeres víctimas de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de la vida en su oficio”, escribió Bedoya en un mensaje de Twitter. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que ha acompañado el caso, celebró la decisión como “una sentencia histórica” en un proceso emblemático que sienta un precedente para el hemisferio. “Es una hoja de ruta no solo para reparar a Jineth, sino también para avanzar en la protección de las mujeres periodistas y el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual”, señaló la Flip.

“Colombia acata plenamente la sentencia”, anunció el presidente Iván Duque, con lo que el Gobierno se muestra dispuesto a zanjar las controversias que ha desatado en el proceso. “El caso de Jineth Bedoya Lima no puede repetirse jamás. Esta sentencia debe servirnos de guía en las acciones a implementar para evitar que algo similar vuelva a suceder”, apuntó el mandatario en una cadena de mensajes en sus redes sociales. “La sentencia de la Corte IDH se cumplirá en su totalidad, como siempre Colombia lo ha hecho”, reiteró.

El 25 de mayo del año 2000, cuando Colombia estaba cercada por el fuego cruzado de narcotraficantes, guerrillas y grupos paramilitares, Bedoya, para entonces periodista de El Espectador, fue interceptada en la puerta de la cárcel mientras esperaba a que le autorizaran la entrada para una entrevista previamente acordada con un jefe paramilitar como parte de una investigación sobre tráfico de armas, desapariciones y homicidios en las prisiones colombianas. La retuvieron 16 horas y luego la abandonaron en una carretera en las afueras de Bogotá.

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La periodista ha seguido recibiendo incesantes amenazas desde entonces, según relató en marzo, en el inicio de la audiencia pública virtual por su caso ante el más alto tribunal americano de derechos humanos. También señaló que agentes de la policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en La Modelo con jefes paramilitares, la trampa que ocasionó su secuestro, y que la Fiscalía la revictimizó al llamarla en 12 ocasiones a declarar sobre la agresión sexual. “Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo”, dijo con la voz entrecortada al señalar que solo el periodismo le ha permitido seguir adelante. “He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero lamentablemente mi vida se acabó (…) ¿Cómo se puede recuperar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual”, apuntó en uno de los momentos más estremecedores.

En el camino, la hoy subeditora del periódico El Tiempo se ha convertido en una de las principales voces contra la violencia sexual en América Latina tras una década al frente de la campaña No es hora de callar, que busca que las víctimas alcen la voz y denuncien las agresiones. El año pasado fue reconocida con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la Unesco.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso de Bedoya a la Corte IDH en 2019 por considerar que el Estado colombiano no actuó para protegerla, e incumplió las recomendaciones que le había hecho de investigar lo ocurrido y adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños. Hace dos años, dos paramilitares fueron condenados a 40 años de cárcel como autores materiales después de que la periodista se tuvo que convertir en investigadora de su propio crimen, pero ninguno de los autores intelectuales ha sido judicializado.

Su proceso no ha sido ajeno a la controversia, en medio de los ataques del Gobierno Duque al sistema interamericano. En una acción sin precedentes, el Estado colombiano optó por retirarse de la audiencia de marzo e intentó recusar a los magistrados al señalar que las preguntas indicaban prejuzgamiento, y tildar de sesgados a los jueces. La Corte IDH rechazó esos alegatos, que provocaron una avalancha de críticas desde distintos sectores. “Yo llevo 25 años litigando ante la Corte IDH y esto es insólito, nos sorprende que el Estado de Colombia haga lo que no hicieron gobiernos realmente autoritarios como el Gobierno de Fujimori en Perú, el de Ortega en Nicaragua, el de Maduro en Venezuela”, señaló entonces Viviana Krsticevic, la abogada de Bedoya y directora Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

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Sobre la firma

Santiago Torrado

Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.

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