El presidente de Portugal anuncia que las elecciones anticipadas se celebrarán el 30 de enero

El rechazo a los presupuestos del socialista Costa precipita el fin de la legislatura

Marcelo Rebelo de Sousa preside la reunión del Consejo de Estado en Cascais (Portugal), este miércoles.
Marcelo Rebelo de Sousa preside la reunión del Consejo de Estado en Cascais (Portugal), este miércoles.RODRIGO ANTUNES (EFE)

El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, desencadenó este jueves lo que en este país se denomina “la bomba atómica”, esto es, hizo valer su capacidad para disolver fulminantemente el Parlamento y convocar elecciones. Rebelo anunció que los portugueses acudirán a las urnas el próximo 30 de enero. La causa es el rechazo parlamentario a los presupuestos presentados la semana pasada por el primer ministro socialista, António Costa —perdió el apoyo de sus antiguos aliados de izquierda—. Y la justificación, según especificó Rebelo, es que “estos presupuestos no son unos presupuestos cualesquiera ni este momento es un momento cualquiera” de la historia de Portugal.

El presidente de la República, que compareció en el palacio de Belém, sede de la Jefatura del Estado, hizo hincapié en la coyuntura particular en que se encuentra Portugal y el mundo: “Estamos en un momento decisivo del país, y estos son unos presupuestos decisivos que van a servir para salir de la crisis ocasionada por la pandemia y que gestionan los fondos europeos. Hay momentos y momentos”.

Rebelo también señaló que el rechazo a las cuentas fue tajante, de raíz, basado en “divergencias de fondo”. El presidente de la República, que goza de una gran popularidad en Portugal, quiso dejar claro que el ciudadano de a pie “quería que se aprobaran estas cuentas públicas, que pasasen”. Pero, a su juicio, esto no es suficiente razón para prorrogar los presupuestos ya existentes a fin de garantizar una estabilidad a toda costa que, a fin de cuentas, según Rebelo, iba a resultar ficticia. “Y yo ya avisé: no hay terceras vías”. Es decir: Rebelo dejó claro que si los presupuestos no se aprobaban, el país se encaminaba a elecciones. Así ha sido. “En circunstancias y momentos como este hay una solución en democracia: que hable el pueblo”.

La prensa portuguesa especulaba desde hace días con la fecha. Rebelo justificó el 30 de enero, y no antes, como podía haber dispuesto por ley, por la cercanía de la Navidad. Desde que se publica el decreto de disolución de la Asamblea de la República deben pasar entre 55 y 60 días hasta la celebración de las elecciones. Es decir, las elecciones podían haberse disputado alrededor del 1 de enero. Pero eso es justo lo que Rebelo ha querido evitar. A su juicio, no es conveniente que se lleve a cabo la campaña electoral y los debates políticos en medio de esas fiestas, ya que pueden hacer perder interés al electorado y fomentar la abstención, ya de por sí elevada en Portugal. El 30 de enero también da margen suficiente a la Asamblea de la República para tramitar varios proyectos legislativos candentes, aunque esto no fue mencionado por el presidente de la República en su discurso.

Antes de tomar su decisión, Rebelo de Sousa escuchó la opinión del Consejo de Estado, los nueve partidos con representación parlamentaria y los agentes sociales. La mayoría de las formaciones, que se reunieron con el presidente el pasado sábado, defendieron la convocatoria de elecciones el domingo 16 de enero, a excepción de Iniciativa Liberal y Pessoas-Animais-Natureza (PAN), partidarios de retrasar los comicios. Sin embargo, buena parte de los miembros del Consejo de Estado a los que Rebelo de Sousa escuchó el miércoles, se inclinaron por dar un plazo razonable para convocarlas. Solo el expresidente de la República Aníbal Cavaco Silva defendió postergarlas hasta finales de febrero o principios de marzo, según el diario Público.

A favor de acelerar la cita electoral jugaban aspectos institucionales como la gestión de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), dependientes en parte de que el país tenga un nuevo presupuesto. En el proyecto de cuentas tumbado en la Asamblea de la República se preveía una inversión pública para 2022 de 1.000 millones de euros, procedentes del plan europeo de recuperación. En total, Portugal recibirá de Bruselas 16.600 millones de euros hasta 2026. A favor también estaba la recuperación de la estabilidad institucional, que el presidente de la República tiene como una de las directrices de su mandato. En contra de las prisas están algunos proyectos legislativos importantes, incluida la adaptación de una norma comunitaria que tiene que trasponerse antes de mediados de diciembre si el país no quiere enfrentarse a una sanción, y también una norma para combatir la corrupción. Más de un centenar de personalidades de la política, la sociedad y la cultura portuguesa le pidieron por escrito al presidente el miércoles que convocase las elecciones en febrero para favorecer unas condiciones que permitieran que los partidos acudan reforzados, ya que esta crisis ha coincidido con las luchas fratricidas que viven casi todas las formaciones de la derecha, a excepción de los liberales.

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El calendario de las legislativas influye en el proceso interno del conservador Partido Social Demócrata (PSD), que celebra primarias el 4 de diciembre, pero que ha programado el congreso nacional que debe renovar los órganos de dirección en enero. Por lo tanto, la estratégica elaboración de las listas electorales podría estar en manos de una dirección que estuviese de salida si Rui Rio, su actual presidente, pierde las primarias frente al eurodiputado Paulo Rangel. Este sábado se celebrará un consejo nacional extraordinario en el que se podría acordar el adelanto del congreso de enero al mes de diciembre, como pretende Rangel. Lo cierto es que si el centroderecha no resuelve su pelea interna, acudirá a las urnas en una situación de fragilidad que le hará difícil disputar la victoria a los socialistas (PS), a pesar de que partían de un escenario favorable tras las elecciones municipales, donde el PS fue el más votado, pero perdió alcaldías importantes como Lisboa en favor del PSD.

El Consejo de Estado, un órgano en el que están presentes antiguos presidentes así como representantes designados por la Asamblea y el Jefe del Estado, bendijo la disolución de la Asamblea casi por unanimidad, con excepción de los representantes más cercanos al Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP), que se mostraron en contra de finalizar la legislatura. A pesar de que estas formaciones votaron contra los Presupuestos del Estado de 2022 e impidieron que salieran adelante en la Cámara, se oponen a la convocatoria electoral.

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