Los movimientos sociales en Argentina saltan de las calles al Gobierno

Las organizaciones que representan a los trabajadores de la economía informal se suman a las estructuras políticas y sindicales

Protesta en Buenos Aires para exigir mejores trabajos y salarios, el pasado octubre.
Protesta en Buenos Aires para exigir mejores trabajos y salarios, el pasado octubre.MATIAS BAGLIETTO (Reuters)

A finales de octubre, en un acto organizado por la coalición gobernante en Argentina, el peronismo se dividió las gradas del estadio del club deportivo Morón. Una de las tribunas más importantes estaba reservada para La Cámpora, el movimiento de la juventud kirchnerista. Otra para una agrupación política local, Nuevo Encuentro, y la tercera para los movimientos sociales. Su presencia allí muestra el creciente poder de organizaciones que nacieron y se fortalecieron en las calles pero hoy forman parte del Gobierno, del Congreso y están también a un paso de entrar en la mayor central obrera del país.

“En la década de los noventa, la desarticulación del mundo industrial dejó un sujeto nuevo, el obrero desocupado. Argentina nunca había tenido la desocupación como un tema relevante, pero hacia el año 2001, cuando estalla la crisis, llegamos al 25%. Esos sectores replicaron la tradición asociativa y de lucha sindical de la fábrica fuera de ella y encontraron en los barrios populares un lugar para organizarse”, explica el politólogo e investigador del Conicet Francisco Longa sobre los orígenes de estos movimientos.

El auge de estas agrupaciones coincidió con una grave crisis de legitimidad política, condensada en el grito de ‘que se vayan todos’ que se repetía en cada movilización de la época. “A finales de los noventa, la bronca no se canalizaba nunca por la política sino por otras opciones”, señala Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie. El malestar social estalló el 19 y 20 de diciembre de 2001, con protestas multitudinarias en la céntrica Plaza de Mayo y sus alrededores que fueron reprimidas con dureza por las fuerzas policiales, con un saldo de 39 muertos y la posterior renuncia del presidente, Fernando de la Rúa.

Al año siguiente, Eduardo Duhalde, el quinto presidente del país en menos de dos semanas, creó el plan Jefes y jefas de hogar desocupados, un subsidio estatal que alcanzaba a unos dos millones de personas. El objetivo era garantizar la paz social con el alivio temporal de la situación económica de las familias más necesitadas, a la espera de que se reactivase la demanda laboral. “Eso no pasó y a pesar del crecimiento se consolidó un universo de personas que quedaron en los márgenes del mercado laboral formal, lo que en Argentina llamamos economía popular”, agrega Menéndez. La cifra supera hoy los siete millones de personas, según el dirigente social.

Desde entonces, el Estado ha multiplicado y diversificado los subsidios a la par que crecía la pobreza, que está por encima del 40%. Entre ellos están los planes Potenciar trabajo, un aporte estatal de casi 15.000 pesos (142 dólares al cambio oficial) entregado a cerca de un millón de personas que trabajan en cooperativas de reciclado, tareas de cuidado, producción de alimentos e industria textil. La mayoría de esas cooperativas están vinculadas a los movimientos sociales, lo que les permite acceder a fondos públicos y les da capacidad de movilización en las calles e influencia política.

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“Estos movimientos sociales pasaron de ser organizaciones de desocupados a organizaciones todoterreno, que se desenvuelven en la arena sindical casi tradicional, con el ministerio de Trabajo, se mueven en el ámbito legislativo y ni hablar en las escalas locales; generan sus propios candidatos, referentes que salen en los medios y tienen llegada al electorado”, describe Longa, autor del libro Historia del movimiento Evita. “La evolución es muy notable, como se ve en la formación de un sindicato propio”, añade.

Durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), los movimientos sociales ejercieron una dura oposición desde las calles. A poco más de medio año de su asunción, en el día del santo patrono del trabajo, San Cayetano, movilizaron a más de 100.000 personas para reclamar “Tierra, techo y trabajo” al nuevo presidente. En diciembre de 2017, los alrededores del Congreso se convirtieron en escenario de una violenta protesta contra una impopular reforma de pensiones impulsada por el Gobierno macrista. Los legisladores se vieron obligados a aplazar la sesión debido al enfrentamiento entre manifestantes y policías fuera del recinto.

La oposición a Macri unió al peronismo y los movimientos sociales más afines optaron por sumarse, distanciándose de aquellos vinculados a los partidos de izquierda. Referentes como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, o Menéndez, de Barrios de Pie, entraron en el Ejecutivo formado en 2019 después de que Alberto Fernández ganase las elecciones presidenciales con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner como su segunda.

Pérsico está hoy al frente de la secretaría de Economía social desde la que controla los planes sociales, mientras que Menéndez estuvo dos años como subsecretario de Políticas de integración y formación. Otros dirigentes sociales, como Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clásica y Combativa, y Natalia Souto, de Barrios de Pie, pelean por los derechos de los trabajadores de la economía popular desde la Cámara de Diputados. Juan Grabois, uno de los líderes sociales más conocidos en Argentina, se mantiene fuera de las instituciones, pero respalda de forma explícita al kirchnerismo.

El paso de referentes sociales de las calles a los despachos del poder ha provocado una importante tensión con sus bases. Las organizaciones han ganado control sobre fondos públicos, pero deben dar la cara por una situación económica que se agravó mucho con la pandemia y es hoy peor que la heredada del Gobierno de Macri. “Ese es uno de los grandes dilemas que enfrentan los funcionarios que acompañan al Gobierno, pero aún así, la participación de los movimientos sociales en el Estado no los priva de críticas”, destaca Longa, al poner como ejemplo los cuestionamientos de Dina Sánchez, una de las dirigentes del sindicato Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) al proyecto gubernamental que busca integrarlos en el mercado formal de trabajo.

A dos décadas de su creación, los movimientos sociales han restado protagonismo a los sindicatos tradicionales en la calle, pero no influencia política. “El sindicalismo está perdiendo gravitación porque es un actor nacido en cierta sociedad laboral y si tenés un alto sector de población en la informalidad, como es el caso de Argentina, con el 32%, no tiene el mismo peso que antes. Pero los sindicatos acá no están en retroceso como en otros países porque se mantiene la presencia de un sindicato por rama, mantienen el monopolio de la representación laboral y siguen jugando un papel muy importante”, opina Ana Natalucci, investigadora del Conicet y directora del Programa Estudios e investigación de la economía popular y tecnologías de impacto social.

El próximo avance que planean es entrar en la mayor central obrera argentina, un deseo que podría concretarse este jueves, en el congreso de la CGT. “La entrada de la UTEP en la CGT viene a renovar el sindicalismo, que tiene mecanismos más lentos y burocráticos”, subraya Longa. Otra de las diferencias con los sindicatos tradicionales tiene que ver con la presencia femenina en los cargos directivos: en los primeros están copados por hombres, mientras que la UTEP tiene paridad de género en su cúpula.

A pocos días de las elecciones legislativas del domingo, los movimientos sociales aguardan unos resultados electorales que las encuestas auguran adversos para la coalición gobernante. Desde la derrota en las primarias del pasado 12 de septiembre, sus militantes se movilizaron puerta por puerta para intentar convencer a votantes decepcionados con la coalición gubernamental que optaron por quedarse en casa. De repetirse el fracaso electoral y no mejorar con rapidez el horizonte económico, crecerá la presión de las bases para volver a las calles.

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